Una regularización necesaria

El Gobierno ha decidido agilizar la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a los extranjeros que se encuentran en situación irregular en España. Esta iniciativa, refrendada por 612.000 firmas y más de 900 organizaciones sociales, permanecía estancada en el Congreso desde que empezó su tramitación en abril de 2024 con los votos de todos los partidos de esa Cámara a excepción de Vox. Si sale adelante, será la séptima gran regularización desde 1986 y la primera desde 2005. El PP ya ha expresado su rechazo.

El Ejecutivo pisa el acelerador —en contra de su retórica inicial— en gran medida presionado por un error propio. Este martes, seis meses después de su publicación en el BOE, entró en vigor un nuevo Reglamento de Extranjería que supone un claro avance para la mayoría de los extranjeros residentes en España. El Gobierno apostaba por este reglamento para facilitar el paso de decenas de miles de inmigrantes hacia la integración legal en la sociedad. Sin embargo, también sumergirá en la irregularidad a otros tantos miles de personas, especialmente solicitantes de asilo cuya solicitud ha sido rechazada. El objetivo del Gobierno es que la regularización extraordinaria sirva para rescatar los casos en los que el nuevo Reglamento resulta perjudicial para los extranjeros que están en situación irregular. No es la primera vez que una norma presentada por este Ejecutivo revela, ya en marcha, errores de técnica jurídica que contrarían su objetivo inicial. Y, una vez más, deja dudas acerca de la factura final de los textos que salen del Consejo de Ministros a la hora de llevar sus propuestas al BOE y, de ahí, a la vida cotidiana de los ciudadanos.

Apostar por la regularización extraordinaria de alrededor de 400.000 personas —el Ejecutivo se plantea incluir a todos aquellos que llegaron a España antes de 2025, pero la dilación parlamentaria dejaría desfasada esa fecha— puede parecer un desafío en un entorno político cada vez más hostil a los inmigrantes. Pero no es más que una respuesta a una necesidad expresada desde todos los ámbitos de la sociedad: organizaciones patronales, sindicatos, ONG o la Conferencia Episcopal. Pesa también el ejemplo de la regularización extraordinaria de los extranjeros afectados por la dana, que, pese a sus dificultades de aplicación, supone un éxito social sin demasiada contestación política.

Además de tratarse de proteger por ley la dignidad y los derechos de miles de personas, la iniciativa tiene una vertiente claramente pragmática: la realidad es tozuda, y la economía española sigue necesitando la inmigración para mantener su ritmo de crecimiento. Según un reciente estudio del Banco Central Europeo, el 80% del incremento del PIB de los últimos cinco años en España ha sido impulsado por los trabajadores venidos de fuera. Es una constatación que, sin duda, también ha pesado a la hora de impulsar la tramitación de la ILP, por mucho que los vientos que soplan en Bruselas vayan en dirección contraria. Sería una irresponsabilidad que los grupos parlamentarios que la apoyaron antepusieran ahora la cicatería partidista a las virtudes de una iniciativa necesaria y socialmente tan transversal.

España no es inmune a la retórica ultra que rechaza la inmigración por considerarla, sin que lo avale dato alguno, una amenaza. Pero corresponde a los gobiernos, en todos los países, responder con los hechos y trabajar por contrarrestar las percepciones falsas. La aportación humana y económica de la comunidad inmigrante en España es netamente positiva. Como sociedad y como Estado, reconocer legalmente esa contribución es, sencillamente, un deber.