Defender la credibilidad de la UE

La Unión Europea apostó muy fuerte cuando en 2022 aprobó sus reglamentos para los mercados y los servicios digitales. Dio entonces luz verde a dos normas en las que se identifica con datos objetivos cuáles son los actores más poderosos del universo digital y les impone una serie de obligaciones para evitar abusos en los mercados y violaciones de derechos fundamentales —o daños sobre colectivos vulnerables, como los menores—. Año y medio después de su entrada en vigor, la normativa empieza a tener efectos en forma de sanciones y órdenes: Bruselas impuso ayer multas a Apple y Meta por valor de 700 millones de euros. A la primera, además, ya la ha forzado en dos ocasiones a introducir cambios en su modelo de negocio.

Para elaborar los actuales reglamentos, la Comisión Europea aprovechó la lección de las tradicionales regulaciones de Competencia, que obligaban a larguísimas investigaciones sobre los abusos de las grandes tecnológicas y acababan teniendo escasos efectos pese a que las multas pudieran ser altas (aunque poco onerosas para empresas que ingresan centenares de miles de millones de dólares). Con todo, lo peor era que esos expedientes tenían pocas consecuencias: cuando acababa el proceso, la realidad había dejado atrás la causa de la investigación y los problemas ya eran otros.

A los gigantes tecnológicos les disgusta la nueva regulación europea y buscan con descaro la ayuda de la Administración de Donald Trump, al que financiaron y arroparon en su toma de posesión. “Intenta perjudicar a empresas estadounidenses”; “impone un arancel multimillonario”, ha llegado a afirmar Meta como reacción a la sanción, utilizando argumentos similares a los que se han escuchado en la Casa Blanca.

La UE no puede ceder ahora. Su credibilidad depende de su capacidad para doblar el brazo a quienes incumplan sus reglamentos en el mercado único. La Unión siempre ha sido vista como una potencia reguladora cuyas normas se extendían al resto del globo gracias a eso que académicos de todo el mundo llaman efecto Bruselas: altos estándares legales que deben acatar las empresas si quieren tener acceso a una clientela potencial de 450 millones de europeos y que las compañías universalizan para ahorrarse costes.

Consciente del desafío, la Comisión ha continuado, acertadamente, desplegando su ordenamiento contra el abuso pese a la tensión añadida por la guerra comercial de Trump. El departamento que dirige la española Teresa Ribera multó ayer con 200 millones a Meta y con 500 millones a Apple, a la que obliga, además, a eliminar las restricciones que impone a competidores de su App Store. Hace algo más de un mes obligó a esta última a abrir el ecosistema digital de los iPhone y los iPad, cuestionando su modelo de negocio de entorno digital cerrado. Hace meses, otro departamento comunitario frenó los planes de la firma china TikTok de pagar a usuarios en España y Francia por ver vídeos esgrimiendo el impacto que contenidos “tóxicos y adictivos” podrían tener sobre los menores.

Acierta la UE al no vincular la aplicación de sus normas a negociaciones en otros ámbitos. No solo porque si lo aceptara legitimaría el discurso de Trump y de las grandes tecnológicas, sino porque su incumplimiento afecta a los derechos de los europeos. EE UU suele poner el foco de sus normas digitales en la libertad de empresa sin atender a otros aspectos; China busca combinar la primacía económica con el control sobre sus ciudadanos. Mientras, Europa trata de conjugar el equilibrio entre los derechos fundamentales y de los consumidores con la economía de mercado y la innovación. Para que esta visión prevalezca, es necesario que Bruselas se mantenga firme y aplique sus leyes en tiempos de paz o de guerra comercial.