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PABLO CASTELLANOEl diputado socialista Pablo Castellano compara las muchas limitaciones de los poderes ejecutivos y legislativo en contraste con el judicial, al que considera incontrolado, no elegido, no representativo y únicamente sometido a sí mismo, con capacidad para anular decisiones del Gobierno, interpretar acuerdos del Parlamento y disponer de las vidas y haciendas de los ciudadanos. En ese sentido, considera el autor de este artículo que la ley orgánica del Poder Judicial consolida una situación anormal, injustificada y peligrosa.

La Ley de Jurados, por la que se consagraba el principio de la participación popular en la administración de justicia, fue suspendida en septiembre de 1936 tras la derrota militar de la 11 República. La Constitución de 1978 ha recuperado )ara el derecho procesal español lo que constituye una tradición de siglos en otros ordenamientos jurídicos occidentales; sin embargo las Cortes han venido aplazando hasta el momento el desarrollo legislativo del principio establecido en el artículo 125 de nuestra ley fundamental. Aun cuando la introducción de la figura del jurado en la administración de justicia parece que goza de buena prensa entre los expertos llamados a este debate, hay quien se cree obligado a matizar su opinión favorable. Desde quien sostiene que para un acercamiento de la justicia al pueblo no es suficiente la participación popular en los enjuiciamientos si no va acompañada de una mejor dotación de medios materiales que haga más rápida y eficaz la tramitación de los procesos, hasta quien se preocupa no tanto de que hayajurados o no en España como de que la creación de esa figura contribuya a un mejor ejercicio de la justicia.