México no debe desperdiciar la oportunidad para tomarse en serio la crisis de personas desaparecidas

México es el país con el marco jurídico e institucional más completo que existe en materia de desaparición forzada y es parte en los tratados que se refieren a las desapariciones forzadas. Al haber sido ratificados por el Senado, son ley suprema.

Otros países no tienen el gran número de normas e instituciones que tiene México, por la sencilla razón de que no se han visto en la necesidad de crear un aparato para dar solución a un problema que vergonzosamente se presenta en México, pero del que carecen esas naciones.

México se distingue, desde tiempo atrás, en participar en los mecanismos previstos en los tratados sobre derechos humanos universales y regionales, de manera casi siempre puntual, además de mostrar disposición de colaboración cada vez que es llamado a comparecer ante ellos.

En el caso del Comité contra las desapariciones forzadas (CED), el órgano vigilante de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Convención), México cumplió con la presentación del informe sobre la implementación de la Convención, por lo que el CED lo llamó a sustentar dicho informe en febrero de 2015. Al final, el CED concluyó que en México existía un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio, muchas de las cuales podían caracterizarse como desapariciones forzadas.

La desaparición forzada requiere que en su comisión hayan participado directa o indirectamente agentes del Estado. Por directamente se entiende que la privación de la libertad la cometan agentes del Estado, de cualquier sector o nivel, es decir, no importa si son federales, estatales o municipales, y no importa el rango que el servidor público tenga, ni a cuál de los tres poderes federales o locales pertenezca. Por indirectamente se entiende que la desaparición forzada ha sido cometida por agentes no estatales, por ejemplo, por integrantes de organizaciones criminales, pero que han recibido autorización, apoyo o aquiescencia de agentes estatales de cualquier sector o nivel.

En 2018, ya siendo presidente electo Andrés Manuel López Obrador, México compareció nuevamente ante el CED, donde presentó significativos avances, especialmente legislativos. El CED elogió tales avances, pero le dijo que en el país todavía existía un contexto de desapariciones generalizadas.

López Obrador tomó la acertada decisión de extender una invitación al CED para que visitara México, lo que sucedió en 2021. Un año más tarde se emitió un extenso informe en el que el CED reiteró que en México existe un contexto de desapariciones generalizadas. Las cosas no mejoraron con el Gobierno de López Obrador.

El CED volvió a llamar al Estado mexicano en 2023 para revisar los avances respecto a las recomendaciones que había realizado en 2022. El Estado mexicano acudió al llamado.

El CED se percató de que, no obstante el colosal aparato legislativo e institucional existente en México (recientemente robustecido con más reformas legales, protocolos, instituciones, etc.), sus recomendaciones relacionadas con el establecimiento de una política de prevención de las desapariciones, que incluya el abandono del modelo militar de seguridad, la impunidad casi absoluta prevaleciente en México en materia de desapariciones y la crisis forense, con más de 70.000 cuerpos sin identificar, y otras recomendaciones de diversa índole, no habían sido debidamente instrumentadas. Por todo esto, las desapariciones no se habían prevenido, sino que habían aumentado. La impunidad seguía siendo casi absoluta y la crisis forense estaba peor que cuando el CED visitó México.

Ante tal situación, el CED decidió hace un año abrir el procedimiento para considerar si sometería la situación a la atención de la Asamblea General (AG) de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El jueves hizo pública su decisión. El caso de México irá a la AG. El CED propone al máximo órgano de la ONU que adopte medidas para dar solución a la crisis. Además, recomienda establecer mecanismos con apoyo internacional, incluyendo financiamiento y asistencia técnica.

El Gobierno mexicano, en lugar de interpretar la decisión del CED como una oportunidad dorada para intentar remediar una tragedia humanitaria que no muestra mejoría significativa, tomó la decisión del CED como un ataque que fue respondido con agresiones e insultos, muy semejante a la manera como solían reaccionar los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El Gobierno niega que hoy se cometan desapariciones forzadas “desde el Estado”, que haya aquiescencia de agentes estatales en muchísimos casos (porque no está de acuerdo en la definición de ‘aquiescencia’ establecida por el CED), que la magnitud de las desapariciones en México sea tal como para haber llegado ya a un nivel en el que existan indicios bien fundados de que estas constituyan crímenes de lesa humanidad. El Ejecutivo dice que el CED es tendencioso, sesgado, ligero en sus premisas y que no se condujo con rigor jurídico al llegar a sus conclusiones.

Cuando se niega un problema, no se adoptan las medidas para corregirlo. ¡Qué medidas, ni qué medidas! ¡Si no tenemos el problema que esos “expertos” sesgados, ligeros, tendenciosos y carentes de rigor jurídico dicen que tenemos! Entonces… ¡ni pa’ que preocuparnos!

Como era de esperarse, diversos colectivos de familias han deplorado la respuesta del Gobierno, pues consideran que no conduce a solucionar los problemas que padecen. Les indigna que las autoridades golpeen a un aliado internacional de las víctimas y rechacen un diagnóstico que ellas respaldan y con el que están de acuerdo.

Al margen de las improductivas discrepancias que pudiera tener el Gobierno con el CED (que si la definición de aquiescencia se extralimita, que si la aplicación del artículo 5 de la Convención y su relación con el artículo 7 del estatuto de Roma está mal en el caso de México, etc.), hagamos votos porque esta Administración enmiende su actitud y la reconduzca hacia la aceptación y solución de los problemas que no ha podido resolver, pese a la extraordinaria cantidad de leyes, protocolos, instituciones y demás cosas que el Estado presume haber construido y que dice que el CED no tomó en cuenta. Todo este entramado, en la realidad, no ha solucionado los problemas que viven, día a día, las víctimas de desaparición de nuestro México lindo y herido.