El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pide llevar la crisis de México a la Asamblea General

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) ha decidido solicitar al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que remita urgentemente a la Asamblea General la situación de las desapariciones forzadas en México. El objetivo es que el plenario de la organización considere medidas destinadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este tipo de crimen. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) ha emitido un comunicado en el que rechaza firmemente el informe, al que califica de “parcial y sesgado” por “omitir los esfuerzos institucionales”, mientras la crisis de desaparecidos en el país se acerca a los 133.000 casos sin resolver.

En su decisión, publicada este jueves en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el comité concluye que la información que ha recibido “contiene indicios bien fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Su evaluación se basa en la información que ha proporcionado el Comité por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Este organismo ha registrado cómo en México se cometen desapariciones con apoyo directo o indirecto “de actores estatales, o por actores no estatales actuando con apoyo, autorización o aquiescencia del Estado” en casos en los que la colusión de agentes municipales, Estatales y federales con los grupos criminales representa un patrón específico. “Siendo una de las más comunes las detenciones ilegales de personas por parte de autoridades para entregarlas a grupos criminales o liberarlas y desaparecerlas. También destaca el uso, en ocasiones, de recursos públicos para la comisión de desapariciones forzadas, incluidos vehículos e instalaciones oficiales”, reza el documento. Como ejemplo reciente, la FIDH recuerda el caso del Rancho Izaguirre, un campo de adiestramiento y reclutamiento forzado identificado por colectivos de buscadores, y al que la Fiscalía de Jalisco inició un proceso de investigación plagado de omisiones y negligencias forenses.

La línea sobre desapariciones generalizadas y sistemáticas es la que más ha repudiado el Gobierno de México, que defiende que el Estado no tiene nada que ver con el mal que aqueja al país y culpa principalmente a los carteles criminales. La SRE ha lamentado que el organismo internacional “haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”. La dependencia señala que el informe de la ONU se basa en hechos ocurridos entre 2007 y 2019, en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se circunscribe a solo cuatro de los 32 Estados de la República. “La decisión del Comité es parcial y sesgada. Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo”, han resaltado. “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo”, han añadido.

El informe de la ONU llega la misma semana que la Administración de Claudia Sheinbaum ha dado una segunda lectura al registro de desaparecidos, defendiendo que solo un tercio del conteo total —es decir, 43.128 personas— son casos de personas de las que no se sabe nada y que no han tenido actividad alguna desde que fueron reportadas como desaparecidas. Los demás, son o bien personas de las que se tiene constancia de alguna actividad como ir al cajero a una campaña de vacunación o que fueron registradas solo con un alias o sin datos completos.

Este es el segundo choque entre el Gobierno de Claudia Sheinbaum y la ONU. Hace exactamente un año, el organismo señaló que las desapariciones forzadas en México son “sistemáticas y generalizadas”. La presidenta activó toda la maquinaria diplomática, con pronunciamientos desde la SRE e incluso desde el Senado en contra. “Lo primero, lo rechazamos. Porque en México no hay desaparición forzada desde el Estado. Toda la vida luchamos contra eso, eso no existe en México. Hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada, y estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para combatirlo”, zanjó en una rueda de prensa. Ahora el enfrentamiento se repite, y México sigue defendiendo su colaboración con organizaciones civiles y organismos institucionales para evitar más desapariciones y encontrar a los que ya figuran en los registros. “México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”, ha puntualizado la SRE en el comunicado.

El comité de la ONU recoge la postura del Gobierno de México en el informe, pero ha determinado que existen pruebas suficientes y fundadas para aceptar la participación de agentes públicos en las desapariciones. En el documento, se enumeran las largas y repetitivas recomendaciones que el organismo ha hecho a México para atajar la crisis, como la priorización de investigaciones y la participación de los familiares. Aunque reconoce que han habido esfuerzos por mejorar la política de atención a las desapariciones, estos han sido “insuficientes e ineficaces”, ya que no han frenado la curva del registro de desapariciones, ni hay avance efectivo en la inmensa mayoría de las investigaciones, todavía reina la “impunidad absoluta” de los perpetradores, existe ocultamiento de información, una crisis forense y falta apoyo a los familiares buscadores.

Con todo, el comité subraya que no ha encontrado pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas —ya sea mediante acción deliberada u omisión deliberada— en el sentido del Estatuto de Roma. En este sentido, el comité ha tomado nota de la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como desapariciones forzadas. Sin embargo, el comité destaca que, en algunos de los casos denunciados, ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia. Uno de los casos recientes más representativos es la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014. El caso, una de las grandes vergüenzas del México moderno, puso en evidencia la cercanía entre el crimen organizado y las diferentes esferas del Estado, desde policía municipal hasta el Ejército.