La CNDH señala a la Fiscalía de Jalisco y al Instituto Forense por omisiones tras el hallazgo del rancho Izaguirre

La Fiscalía del Estado de Jalisco y el Instituto de Ciencias Forenses estatales han sido señalados este jueves en una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por “vulnerar derechos humanos en la investigación realizada en el rancho Izaguirre”, del municipio de Teuchitlán, en marzo de 2025. La llamada de atención, que tiene lugar justo en el primer aniversario del hallazgo, ha sido reconocida por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, el grupo de familiares de personas desaparecidas que recibió un llamado anónimo y que acudió al lugar donde encontraron más de 1.800 objetos personales de un número todavía indeterminado de personas que fueron presuntamente llevadas a ese rancho que, se sabe ahora, funcionó como un centro de operación y reclutamiento forzado del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“A través del estudio y análisis de las evidencias que constan en el expediente de la queja, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos, a la legalidad y seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia, atribuibles a personas servidoras públicas de la Fiscalía (FEJ) y del Instituto Forense (IJCF)”, dice el documento publicado por la CNDH.

En las tres páginas del comunicado, la Comisión detecta hechos irregulares, tardanzas “injustificadas” en los análisis y registros de indicios no procesados y una serie de omisiones que tuvieron lugar desde septiembre de 2024 hasta el 20 de marzo de 2025, semanas después del hallazgo. Afirma, además, que el 18 de marzo de 2025, decidieron atraer la investigación y que un día después realizaron diligencias de observación y reconocimiento en el lugar. “Dicho sitio se encontraba asegurado por la Fiscalía Estatal, instancia que tuvo a su cargo el levantamiento y aseguramiento de indicios, evidencias, objetos, instrumentos y/o productos que podrían estar vinculados con hechos delictivos”.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha recibido la recomendación, tras su insistencia en las irregularidades que detectaron desde que llegaron al lugar. “Esta recomendación confirma algo que las familias hemos denunciado desde el inicio: existieron graves omisiones por parte de las autoridades encargadas de la investigación, particularmente en el resguardo del lugar, en el procesamiento de los indicios y en la preservación de la evidencia”, dijeron en un comunicado, publicado en sus redes unas horas después de conocer la recomendación de la CNDH.

Este jueves, el colectivo ha publicado también un video inédito del momento en el que llegaron al rancho, aquel 5 de marzo de 2025. En las imágenes, se ve cómo los familiares encuentran los cuartos llenos de prendas de vestir, cientos de zapatos, basura, tierra y piedras regadas por todo el espacio. “Se siente la vibra bien pesadísima”, se le escucha decir a una mujer. Ellos y ellas rezan, como suelen hacerlo casi siempre en cada búsqueda que realizan, y piden por identificar, al menos, a una persona.

La Fiscalía de Jalisco, consultada por este periódico, ha indicado que trabaja en un posicionamiento oficial sobre la recomendación, que hará pública próximamente. La CNDH ha solicitado que, en un plazo de seis meses, haya por parte de la Fiscalía un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos.

La larga lista de omisiones y errores

La Comisión comenzó investigando lo ocurrido el 18 de septiembre de 2024 —seis meses antes del hallazgo por el colectivo de familiares— cuando las autoridades locales acudieron al rancho y, tras supuestamente acordonarlo y resguardarlo, detuvieron a 10 personas y rescataron a otras dos que estaban secuestradas en el lugar. Entonces, la Guardia Nacional puso a disposición de la Fiscalía local a esos detenidos, acordonó el inmueble y solicitó asegurarlo y, en caso de encontrar indicios, realizar los registros de inspecciones, aseguramientos y cadena de custodia. En ese mismo episodio, se resguardaron siete vehículos, armas de fuego, varios objetos “de interés criminalístico”, indicios balísticos y un elemento óseo.

En octubre de 2024, según registra la CNDH, se instruyó al IJCF que hiciera una revisión “exhaustiva” para encontrar o descartar posibles sitios de inhumación que llevara a dar con el paradero de personas desaparecidas, teniendo como resultado el hallazgo de un lote óseo y varios objetos que, remarca la Comisión, “no fueron asegurados, clasificados, inventariados ni registrados en el dictamen correspondiente. Algunas evidencias localizadas al interior no fueron mencionadas ni sometidas a procesamiento pericial”.

Una de las primeras conclusiones de la CNDH es que la FEJ y el IJCF no hicieron el procesamiento técnico adecuado de todos los indicios localizados, “particularmente en lo relativo a su identificación, documentación, levantamiento, embalaje, sellado, etiquetado y traslado”. Por lo que reconocen omisiones en el actuar de los elementos de la Policía de Investigación adscrita a la Fiscalía y del IJCF. Además, lo mismo sucedió, según el informe, con los siete vehículos puestos en custodia de las autoridades locales: “No se localizaron dictámenes periciales que acreditaran que hubieran sido sometidos a un procesamiento técnico integral, exhaustivo y detallado”. Y remarcan que tres de esos vehículos fueron sustraídos el 25 de noviembre de 2024, sin especificar quién o de dónde fueron retirados.

Un mes antes de que Guerreros Buscadores de Jalisco encontraran el predio, el 4 de febrero de 2025, la Fiscalía del Estado recibió informes de la Policía de Investigación, en los que le señalaba que el rancho Izaguirre “se encontraba indebidamente asegurado” y que habían detectado que no había una investigación en curso pese a la existencia de evidencias al interior.

El 19 de marzo de 2025, unos 14 días después del hallazgo, una persona del IJCF emitió un dictamen genético de las muestras encontradas dentro del rancho, que habían sido recabadas desde septiembre de 2024, pero la comparación con el banco de datos de familiares de personas desaparecidas no ocurrió sino hasta marzo de 2025, “lo que constituye un retraso injustificado”, dijo la Comisión. El informe señala que el 25 de marzo de 2025, se permitió que muchas personas ingresaran al inmueble, pese a que aún estaban en marcha las investigaciones periciales. “Debido al número considerable de participantes, se perdió el control del área, lo que derivó en la alteración del lugar y de los indicios que potencialmente podían encontrarse”.

La CNDH confirma que la totalidad de los 1.842 “indicios” encontrados —entre prendas de ropa de hombres y mujeres, y zapatos de todo tipo, e incluso juguetes—, junto con su registro fotográfico, no fueron asegurados debidamente en la cadena de custodia.

“Esta Comisión Nacional solicitó a las personas titulares de la Fiscalía del Estado de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizar, en un plazo de seis meses, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos”, dijeron. Además, les pide actualizar un protocolo de actuación para la preservación y aseguramiento de los lugares de intervención y sus hallazgos, el procesamiento técnico-científico de indicios, el adecuado manejo de la cadena de custodia y la generación de periciales confiables.

Ya en marzo de 2025, en su primer informe técnico sobre los hallazgos, la Fiscalía General de la República (FGR) lo había adelantado, cuando dio a conocer un listado de todas las omisiones que cometió la Fiscalía de Jalisco en su cateo del lugar desde septiembre de 2024. No se realizó un rastreo de indicios, no se procesaron los vehículos que ahí se encontraron, no se hizo una inspección del lugar, no se ordenó identificar huellas dactilares, no se hicieron análisis físicos ni químicos sobre los posibles hornos crematorios, no se dio seguimiento a las víctimas que estuvieron en el rancho, no se investigó la propiedad del terreno, no se tomó declaración a las autoridades locales ni a posibles testigos, no se investigó el vínculo de agentes locales con los grupos criminales y no se protegió el inmueble, por lo que “quedó en estado de abandono” durante seis meses.

Después de enumerar todas las irregularidades, el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero concluyó: “Se ha requerido a las autoridades del Estado que, con carácter urgente, hagan entrega a la FGR de sus peritajes y de todas sus actuaciones”.