Sheinbaum se suma a la ofensiva contra la ONU: “En México no hay desaparición forzada desde el Estado”

La policía fue quien arrancó de su casa a Yonathan Mendoza, que tenía 17 años, y nunca lo devolvió. A Nitza Paola Alvarado y a su familia se los llevó el Ejército en Chihuahua. Los únicos detenidos por participar de forma “directa” en la desaparición de nueve jóvenes en Oaxaca son dos agentes de la Fiscalía estatal. La Secretaría de Marina tuvo que pedir perdón por secuestrar al menos a 27 personas en Nuevo Laredo y también fue obligado a disculparse el Estado de Veracruz por los cinco jóvenes de Tierra Blanca: “Nosotros desaparecimos a sus hijos”, reconoció. Tardó 25 años, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a México por ser el responsable de la desaparición del zapatista Antonio González. Fue la policía municipal y la estatal, en colaboración con agentes federales, quien detuvo y entregó a los 43 jóvenes de Ayotzinapa al crimen organizado. Está preso el exprocurador general de la justicia, Jesús Murillo Karam, por desaparición forzada; está preso el exgobernador Javier Duarte por desaparición forzada; está preso el exfiscal de Veracruz por desaparición forzada; estuvo preso el fiscal de Nayarit Edgar Veytia, que dejó un millar de desaparecidos a su paso. Todo eso ha sucedido en México y, sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha salido este martes a su conferencia y ha dicho firme y segura: “En México no hay desaparición forzada desde el Estado”.

La crisis de desapariciones en México está desde hace semanas en el ojo del huracán. Lo que empezó a escalar por el hallazgo del centro de reclutamiento y exterminio de Teuchitlán, en Jalisco, ha estallado con la última intervención del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que ha afirmado que en el país la desaparición forzada es “sistemática y generalizada”. En México hay reconocidas por el Gobierno 127.000 personas sin localizar, más de 5.600 fosas clandestinas, una crisis forense que llega a 72.000 cuerpos sin identificar y una impunidad para el delito del 99%. Todos estos datos, aunados a que el comité lleva 10 años pidiendo de forma constante al Estado mexicano que tome acciones contra las desapariciones, han hecho que el CED active por primera vez en su historia un mecanismo —recogido en el artículo 24— para poder llevar el tema con carácter urgente hasta la Asamblea General de Naciones Unidas. La reacción del Gobierno de México ha sido de ofensa y negación.

Han salido la secretaría de Gobernación y la de Exteriores, el presidente del Senado y la presidenta de Morena, ha hablado la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, por último, también la presidenta de México. “Lo primero, lo rechazamos. Porque en México no hay desaparición forzada desde el Estado. Toda la vida luchamos contra eso, eso no existe en México. Hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada, y estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para combatirlo”, ha sentenciado Sheinbaum esta mañana. La mandataria ha anunciado que ha enviado una nota diplomática a la ONU para mostrar su “inconformidad”.

Sheinbaum había mostrado en las pasadas semanas una nueva apertura hacia esta crisis, que incluía nueva legislación, acercamiento a los colectivos de buscadoras y reactivación de dependencias del Gobierno que fueron degradadas por su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la presidenta ha rechazado de plano las palabras del Comité de la ONU —como ya hizo antes con la Iglesia mexicana cuando alzó la voz por las cifras de desaparecidos—: “Se les va a explicar el fenómeno que hay en México, porque hay mucho desconocimiento de esta comisión, muchísimo”.

A lo largo de la última década que el Comité contra la Desaparición Forzada lleva estudiando el caso de México ha hecho recomendaciones constantes (en el año 2015, 2018 y en el 2022) para que el Estado —compuesto por el Gobierno federal, los estatales y las Fiscalías— abordara una lacra que se retorcía en cada rincón del país. Algunas de las conclusiones recogían que el Estado no participa en la búsqueda de los desaparecidos; que se niega la justicia y la verdad para las familias; que la reparación a las víctimas es un proceso caótico; que había agujeros enormes en el registro de los desaparecidos (algunos por sobreregistro, pero sobre todo por subregistro: de migrantes y de Fiscalías como la de Jalisco que no suben los datos), y que era necesario contar con las familias en las decisiones del Estado, y resolver la crisis de los 72.000 cuerpos en espera de ser identificados.

Este diagnóstico —compartido por investigadores y académicos mexicanos, colectivos de búsqueda y reporteros especializados— se manifiesta también en que México es el país que más acciones urgentes por desaparición forzada acumula en la ONU. Se han interpuesto 681 solicitudes hasta septiembre de 2024; por delante de otros países como Iraq, que tiene en su contra 608, o el doble que Colombia, con 233. Es decir, un tercio del total de acciones urgentes por este delito en el mundo (1.835) se han registrado en México. La última fue para el caso de Teuchitlán, donde la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato solicitó a la ONU que pidiera medidas cautelares para resguardar toda la evidencia del rancho Izaguirre, donde se encontraron más de 1.300 objetos. Ante todo esto, la presidenta este martes ha expresado: “Está trabajando la Fiscalía y lo voy a repetir una vez más, lo que nosotros le hemos pedido a la Fiscalía —y la Fiscalía en su autonomía lo está desarrollando—, es la verdad”.