La burocracia secreta de Sheinbaum

México cuenta con más de un millón de funcionarios públicos federales. La mayoría de ellos, irremediablemente atrapados en reglamentos rígidos, funciones estrechas y capacidades técnicas limitadas. Por ello, López Obrador describió al aparato público como un “elefante reumático”, un sistema pesado, lento e incapaz de responder a los desafíos cotidianos de gobernar.

Sheinbaum comparte ese diagnóstico y, como su predecesor, ha ido creándose un antídoto: una burocracia paralela, secreta y poco comprendida de 30.000 individuos —los llamados “Servidores de la Nación”— cuya labor es simple: siempre decir que sí.

En la opinión pública, los Servidores son retratados en caricatura. Se les considera un mero aparato propagandístico que recorre las calles con chalecos marrones registrando a beneficiarios de programas sociales y haciendo proselitismo.

La realidad, sin embargo, es más compleja.

Luego de estudiar su estructura y modelo de activación, me atrevo a decir que los servidores son, por mucho, la innovación institucional de mayor calado creada por el partido gobernante. Una institución que no solo hace proselitismo, sino que representa la figura más sólida de gobierno de proximidad que tiene el entramado gubernamental mexicano.

La excepcionalidad como norma

Hay tres aspectos que hacen a los servidores de la nación únicos.

El primero es su forma de contratación. A diferencia de la burocracia tradicional —costosa por su sindicalización y derechos laborales—, los servidores han sido incorporados mayoritariamente como trabajadores temporales o beneficiarios de programas sociales sin relación laboral formal. Este esquema es profundamente injusto, pero le otorga al Gobierno una gran flexibilidad. Le permite contratar sin aumentar plazas oficiales y abarata sus costos al limitar vacaciones, extender jornadas y facilitar despidos injustificados.

Los servidores saben que sus condiciones laborales son precarias y por ello, no faltan los intentos de organización sindical. El más conocido de ellos es el Sindicato Nacional de Servidores de la Nación, particularmente fuerte en Jalisco. Sin embargo, como me confesó un servidor, la realidad es que “la mayoría [de los servidores] no exige derechos laborales porque entiende su labor como un compromiso, una responsabilidad con la revolución política que vive el país”, remató. Esa convicción es la fuente principal del excepcionalismo de los servidores y, en mi opinión, su segunda y más relevante característica: la lealtad.

Los servidores no son funcionarios públicos comunes. Son obradoristas convencidos de que realizan un trabajo de transformación. Muchos de ellos fueron originalmente reclutados de las redes de vigilancia del voto de Morena en 2018. Operativamente, los encargados del reclutamiento y la creación de la estructura fueron Luisa María Alcalde, entonces secretaria del trabajo, y Gabriel García, entonces coordinador de programas del bienestar. Para lograrlo establecieron un formato vertical: cada Estado tiene a su cargo un número específico de regiones, que a su vez tienen un grupo específico de servidores.

Cada servidor conoce la delegación a la que responde y cada delegación tiene culturas laborales distintas. “Los del norte exigen más sus derechos”, me dijo un servidor de Iztapalapa, “y se niegan a hacer cosas. Los de los Estados del sur y nosotros, la verdad, hacemos de todo. Estamos más comprometidos”.

Este compromiso es precisamente lo que permite la amplitud de sus funciones, la tercera de sus características. A diferencia de la burocracia tradicional, los servidores operan con una flexibilidad notable en sus actividades. En sus inicios, bajo el gobierno de Obrador, su tarea era levantar los Censos del Bienestar. Es decir, crear una base de datos colectada con información recabada de puerta en puerta para identificar, orientar e inscribir a los beneficiarios de programas sociales. Fue entonces que el aparato acuñó su estigma de ser puramente propagandístico.

Con el tiempo, sin embargo, las funciones de los servidores se complejizaron al punto en que ahora son, incluso, los responsables de responder ante tragedias naturales. Por ejemplo, durante los huracanes Otis y Erick, los servidores se hicieron cargo de acudir a visitas domiciliarias para tomar nota de las afectaciones, distribuir órdenes de pago para los beneficiarios, organizar la logística, los inventarios y ayudar en los procesos de recuperación.

En el caso del huracán Otis, 16.000 servidores fueron desplegados en Chilpancingo, desde donde fueron diariamente trasladados a Coyuca y Acapulco por un año. “Dormíamos en tiendas de campaña. Había regaderas portátiles y las regaderas de las instalaciones”, me comentó una servidora. “A los que tenían hijos les pegaba la cuestión [de estar fuera de casa], pero lo aprovecharon para tener un tiempo de esparcimiento”.

Territorio no escritorio

El rasgo distintivo de los servidores es su territorialidad. Salvo eventos excepcionales como los huracanes, los Servidores suelen trabajar en las mismas comunidades en las que viven, lo que les permite conocer bien a la gente y ser reconocidos como parte del tejido social local. “Algunos compañeros no se quitan el chaleco para irse a su casa porque la gente les habla y los reconoce”, me dijo un servidor joven. “La verdad, sí nos quieren, sí”.

Esa cercanía les otorga un poder excepcional: pueden entrar en zonas de alta criminalidad donde casi nadie externo tiene acceso. La comunidad los respalda, y hasta los grupos criminales parecen valorar su labor. Esto no es un asunto menor. En Nicaragua, los Consejos de Poder Ciudadano y brigadas barriales organizaron a los vecinos para reportar actividades sospechosas y coordinarse con la policía. Su acción ayudó a contener la expansión de pandillas como la MS-13 y Barrio 18, convirtiendo a Nicaragua en uno de los países menos violentos de Centroamérica. Acciones similares no podrían descartarse para los Servidores México.

Proselitismo político

Es cierto que los servidores de la nación han sido utilizados con fines proselitistas, desde repartir acordeones en la elección judicial hasta participar en propaganda electoral. Sin embargo, reducirlos a una simple maquinaria de coacción del voto ignora la compleja relación que han tejido con la población. Me parece que una forma más adecuada de comprender la labor de los Servidores es concebirlos como una fuerza que engrasa la organización política de las familias. Es decir, que ayudan a conformar comunidades politizadas al interior del país.

El programa La clínica es nuestra es un buen ejemplo. El programa tiene por objetivo entregar apoyos directos a clínicas a través de un comité vecinal. El problema es que en muchos lugares no existe un comité vecinal. Es aquí donde entran los servidores quienes se encargan de crearlo. Para ello convocan a personas que pueden participar, estructuran una asamblea y los orientan sobre los beneficios y la responsabilidad que tendrá el comité.

Algo similar ocurre en comunidades indígenas que, tras un cambio legal, ahora administran parte de los fondos de infraestructura. Allí, los servidores organizan la asamblea que designa al tesorero y al comité encargado de ejercer los recursos. Es decir, los servidores no solo hacen proselitismo. Hacen política en el sentido amplio: estructuran, crean y nutren comunidades que, se espera, perduren aun cuando el Servidor ya no es parte.

Ese papel crucial —de formador de comunidad— le otorga a los servidores un poder de veto político clave. “Tienen a todos sus parientes en los comités”, me comentó un ciudadano que se quejó de que solo los cercanos a los servidores terminan siendo partícipes de algunos de los jugosos programas del bienestar.

Los funcionarios de la Secretaría del Bienestar niegan que esto esté sucediendo y argumentan que siempre existe la posibilidad de formar un nuevo comité y competir con cualesquiera que haya creado el Servidor. En la práctica, sin embargo, puede que crear un nuevo comité no sea nada fácil.

Sello Sheinbaum

En su primer año como presidenta, Sheinbaum ha puesto su sello en los servidores, movilizándolos en al menos tres de sus proyectos centrales: el rescate de viviendas, la distribución de estufas eficientes de leña y las visitas casa por casa para la atención de la salud de adultos mayores, para lo cual ha contratado a cerca de 20 mil enfermeras, lo que engrosa la burocracia paralela a más de 50.000 trabajadores.

Nadie sabe realmente todo lo que hacen los servidores, porque los caracteriza su opacidad. El listado de sus integrantes, actividades, sueldos e integrantes es un completo enigma. De fondo, los servidores son un comodín: una fuerza laboral capaz de realizar tareas que la burocracia regular no podría cumplir y que sería prohibitivamente caro contratar en el sector privado.

Sin embargo, ello no exenta que los servidores sean críticos. Entre sus quejas se encuentran la cantidad de trabajo, la duplicidad de funciones, la falta de transparencia en la selección de jefes delegacionales, la incapacidad de ascender en los escalafones de liderazgo y, por supuesto, la corrupción.

No faltan delegados que utilizan a los servidores como ejércitos propios para hacer y hacerse favores de todo tipo. Por ejemplo, un servidor me comentó que los utilizaron para realizar jornadas notariales en favor de un notario cercano al delegado.

Actualmente, los servidores se encuentran apoyando al Infonavit en el censo de viviendas abandonadas para canalizar programas de hogares, mientras otro grupo se despliega en Michoacán para identificar dónde instalar las estufas.

En el fondo, los Servidores de la Nación encarnan muchos claroscuros, pero también algo inédito para México: un Gobierno que se acerca a la gente. Para muchos ciudadanos, su encuentro con un servidor es su primer acercamiento con el Estado en circunstancias que no sean una tragedia o una urgencia. Ese contacto en su mayoría es positivo. Algo que me sorprendió mucho es lo cálidos que suelen ser los servidores al hablar con la gente. Una notable diferencia con la burocracia tradicional.