En qué consiste la ‘Ley de rentas justas’ contra la gentrificación en Ciudad de México
La propuesta busca limitar los aumentos de alquiler, reforzar la protección de inquilinos y consolidar el arraigo barrial mediante una política de vivienda social y asequible impulsada por el Gobierno capitalino
La Ley de rentas justas, razonables y asequibles es una iniciativa que Clara Brugada presenta como eje de una política integral de vivienda para frenar los aumentos desmedidos de renta y la gentrificación en Ciudad de México.
Durante la presentación, la jefa de Gobierno subrayó que alrededor de dos millones de personas habitan en vivienda rentada en la capital mexicana, con más del 40% del parque habitacional en arrendamiento en zonas centrales. Entre 2010 y 2020 el número de rentistas creció en 135.000, las rentas subieron más de 30% en algunas zonas entre 2019 y 2023 y el precio de la vivienda se duplicó entre 2015 y 2025, mientras cerca del 40% de los hogares más pobres vive en renta y destina casi la mitad de sus ingresos al alquiler.
Qué busca la iniciativa
La iniciativa llega en un contexto de alza sostenida de precios de renta y presión económica sobre familias que destinan una parte creciente de sus ingresos al pago de vivienda. El objetivo es que las rentas se mantengan dentro de parámetros razonables y previsibles, limitando los incrementos a la tasa de inflación anual y evitando ajustes que puedan derivar en desalojos o desplazamientos de poblaciones vulnerables.
Además de intervenir el precio de los alquileres, la propuesta busca vincular la regulación de rentas con la expansión de la vivienda social y asequible, para que más habitantes puedan acceder a un hogar sin verse obligados a aceptar contratos abusivos. En ese sentido, el gobierno capitalino plantea incrementar la oferta de vivienda social y ampliar la reserva territorial de suelo para este tipo de desarrollos.
Puntos centrales de la ‘Ley de rentas justas’
La reforma que Brugada ha presentado contempla cuatro ejes principales, que la administración capitalina ha descrito como parte de una “reforma base” para la Ley de rentas justas, razonables y asequibles.
Tope de incrementos a la inflación
La propuesta prevé que el aumento de las rentas no supere el porcentaje de inflación reportado el año anterior, lo que busca frenar subidas desproporcionadas y dotar de mayor previsibilidad a familias arrendatarias.
Política integral de vivienda social
Se contempla incluir en la Constitución local la obligación del gobierno de Ciudad de México de incrementar de manera significativa la oferta de vivienda social y asequible, así como los mecanismos de acceso, especialmente para sectores con menos recursos y jóvenes.
Creación de una institución pública reguladora
La iniciativa propone incorporar en la Constitución la creación de un organismo encargado de promover y defender los derechos y obligaciones en las relaciones de arrendamiento, con el fin de equilibrar la negociación entre propietarios e inquilinos y facilitar la resolución de conflictos.
Derecho al arraigo vecinal y comunitario
El cuarto eje es el reconocimiento constitucional del derecho de todos los habitantes al arraigo vecinal y comunitario, entendido como el vínculo social, cultural y económico que se construye en una colonia o barrio, y que hoy se ve fragmentado por la expulsión de población por el encarecimiento de la vivienda.
¡Vivienda digna, justa y asequible para las familias capitalinas!
— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 22, 2026
Presentamos los cuatro puntos de la propuesta de reforma constitucional en materia de vivienda que enviaremos al @Congreso_CdMex.
Este es el primer paso para dar el mayor respaldo jurídico a una necesidad social… pic.twitter.com/lHxD5ccin9
Gentrificación y derecho a la ciudad
Brugada plantea la Ley de rentas justas como parte de una lucha contra la gentrificación en Ciudad de México: el proceso mediante el que barrios tradicionales se transforman por el ingreso de población con mayor poder adquisitivo, impulsando alzas de precios y la salida de vecinos históricos. En esa lógica, el gobierno capitalino considera que la medida no solo “protege” a inquilinos, sino que también contribuye a la estabilidad social y territorial, y refuerza el arraigo en zonas donde muchos habitantes han desarrollado sus proyectos de vida.
No obstante, la discusión legislativa pendiente en el Congreso de Ciudad de México será clave para definir cómo se concretan estos principios en reglas aplicables: qué índices servirán de referencia para fijar las rentas, qué mecanismos habrá para revisar conflictos y qué sanciones se aplicarán en caso de incumplimiento.
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