Las claves de la iniciativa de Clara Brugada contra la extorsión en Ciudad de México

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, ha presentado ante el Congreso local una iniciativa para reformar el Código Penal capitalino en materia de extorsión, en un momento en el que el delito se ha consolidado como uno de los principales problemas de seguridad percibidos por la ciudadanía. El proyecto busca alinear la legislación de la capital con la Ley General en materia de Extorsión aprobada a nivel federal en 2025, al mismo tiempo que introduce un nuevo tipo penal denominado “hostigamiento coercitivo”.

La iniciativa fue turnada a comisiones del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y dictaminación, en un contexto de pacto de “tolerancia cero” contra el delito, que fue firmado por las principales autoridades judiciales y de seguridad capitalinas. Brugada ha insistido en que el objetivo inmediato no es solo endurecer penas, sino desmontar ambigüedades legales que, según su gobierno, han limitado la persecución de conductas que, aunque no se consumen, generan un alto nivel de vulneración y temor.

Qué cambia en el Código Penal

El texto enviado por Brugada propone derogar el artículo 148 Quáter del Código Penal para la Ciudad de México y el esquema de incremento de penas y agravantes aprobados en diciembre de 2024, los cuales establecían un sistema de endurecimiento excepcional de la extorsión. En su lugar, el gobierno capitalino apuesta por fijar la descripción del delito de extorsión conforme a los criterios federales, es decir, cuando de una conducta se deriva un beneficio real o concreto para el delincuente; por ejemplo, si una persona es obligada mediante amenazas a pagar una “cuota” para que no le causen daño a su negocio, esa situación sí se consideraría extorsión porque el delincuente obtiene un beneficio económico directo.

Paralelamente, se introduce el delito de “hostigamiento coercitivo”, definido como la práctica de amenaza o presión que no llega a consumarse como extorsión, pero que impone violencia física o moral para obligar a una persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar alguna conducta. Para este tipo penal se contemplan penas de tres a siete años de prisión y multas de 500 a 1.000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) —entre 58.655 y 117.310 pesos—, con aumento de hasta la mitad de la pena en casos en los que se utilicen armas, se involucren menores o se ataque a personas adultas mayores, personas con discapacidad o mujeres embarazadas.

Agravantes y nuevos escenarios penales

La iniciativa también incorpora como agravantes el uso de imágenes, audios o videos de contenido íntimo, reales o simulados, como mecanismo de presión, así como el hecho de que el delito se cometa desde centros de reclusión o por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Otra innovación es la consideración de la extorsión y el hostigamiento coercitivo como delitos graves, lo que implica ajustes en su tratamiento procesal y, en la práctica, un mayor peso en la estrategia de investigación y persecución penal.

Además, el proyecto propone modificar el artículo 148 Quinquies para penalizar la cobranza ilegítima cuando se realice con violencia física o moral, y duplicar las penas en los delitos contra la intimidad sexual cuando la víctima sea obligada a hacer o dejar de hacer algo con el fin de que el agresor obtenga algún beneficio. Estas ampliaciones buscan responder a nuevas modalidades de extorsión mediadas por tecnología, como el uso de suplantación de identidad, mensajes amenazantes o el control de información financiera o íntima.

Brugada promete “tolerancia cero”

La llegada de la iniciativa al Congreso capitalino se inscribe dentro de una estrategia de “tolerancia cero” contra la extorsión, que ha sido reiterada por Brugada en los últimos meses y reforzada con un pacto firmado junto a empresarios, organizaciones de la sociedad civil y representantes del Poder Judicial. La mandataria ha señalado que el alto nivel de temor y de denuncia subregistrada —especialmente entre comerciantes y microempresarios— exige no solo cambios legislativos, sino también una política de protección a víctimas y una campaña para romper el silencio.

La iniciativa de Brugada llega ante un fuerte repunte de la extorsión en Ciudad de México: según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los casos denunciados se dispararon aproximadamente un 260% entre 2024 y 2025, al pasar de 473 a 1.704 carpetas, el mayor aumento de todo el país en ese periodo. Pese al aumento de diligencias (más de 4.700 carpetas abiertas entre 2019 y 2025), apenas alrededor del 15% de las investigaciones por extorsión han concluido con sentencia.

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