El caso de ‘la tía Paty’ y la red de extorsión que se escondía detrás de una cuenta de chismes en Instagram

Un caso de extorsión y difusión de contenido sensible en las redes sociales ha derivado en acciones legales en el Estado de Nuevo León. La Fiscalía estatal giró esta semana una orden de aprehensión en contra de Astrid “N” y César “N” por el caso de la tía Paty, los administradores de una cuenta de Instagram con miles de seguidores. Bajo la fachada de una supuesta señora “chismosa”, la página publicaba en realidad rumores sobre creadores de contenido de Nuevo León. Las autoridades creen que los acusados tejieron una red de extorsión y ya han sido enviados a prisión preventiva, donde seguirán su proceso. La Fiscalía cree que el caso incluye casos de difamación, suplantación de identidad y vínculos de los investigados con una organización que recluta mujeres para servicios sexuales.

La detención de los dos sujetos ha creado un escándalo en Monterrey, una ciudad que ha visto dar un paso al frente a varias víctimas de la tía Paty. Valeria Macías, por ejemplo, se percató en 2024 de que una de sus amigas cercanas estaba siendo víctima de acoso digital por esta cuenta. Con experiencia propia en la exposición pública —derivada de la batalla legal que enfrenta desde hace años contra su acosador— Macías decidió intervenir para frenar los ataques. Al hacerlo se convirtió en blanco de los administradores.

Minutos después de exigir que se borraran las publicaciones sobre su amiga, su foto apareció en la cuenta. La campaña de difamación la expuso a las redes y puso en duda la credibilidad de su caso. Macías es promotora de la llamada Ley Valeria, una iniciativa con la que recientemente se incorporó el delito de acecho al Código Penal Federal. La interacción con la tía Paty le generó una crisis de ansiedad e incluso consideró abandonar su lucha.

“Yo me sentí muy mal. Mandé otro mensaje y les puse que no era correcto lo que estaban haciendo, que iba a levantar una denuncia. Ellos respondieron: ‘está bien, voy a hacer un barquito de papel con tu denuncia’”, cuenta Macías a EL PAÍS. La gente comenzó a interesarse por el caso de Valeria, pero no de la forma en como ella quería. “Ya no le creo a ella, creo que está fingiendo su caso”, comentaban algunos a la publicación. “Ese día se me cerró el mundo”, afirma la activista. La experiencia le dejó un mal sabor durante meses: “Estuve a punto de renunciar a todo lo que estoy haciendo por esa cuenta”.

De la violencia digital a la extorsión

La cuenta de la Tía Paty funcionaba tras su creación como una especie de Gossip Girl que publicaba chismes de socialités e influencers de Nuevo León, uno de los Estados más importantes de México. El objetivo en un inicio era burlarse de sus excesos y exponer malos comportamientos, pero al hacerse viral el contenido se fue haciendo problemático. Los administradores enfocaban campañas de odio a las personas y publicaban cosas de sus familias. En algunos casos llegaron a compartir datos personales.

Con el tiempo, las publicaciones dejaron de centrarse en figuras públicas y comenzaron a dirigirse contra personas comunes y pequeños negocios. Según testimonios, seguidores podían pagar para “quemar” a alguien mediante la difusión de información delicada. Después, a las víctimas se les exigía dinero a cambio de eliminar las publicaciones.

La abogada Perla Calvillo Cantú, especializada en casos de pensiones y violencia vicaria, también terminó bajo la mira de la tía Paty. La regiomontana aseguró en una llamada con EL PAÍS que sus menciones en ese espacio no respondían a ningún vínculo con los administradores, sino a una interacción puntual derivada de su trabajo. Según relató, un día fue contactada por uno de sus seguidores para llevar un caso delicado que había visto en la página. Con el objetivo de ayudar a una mujer en condiciones vulnerables, aceptó representarla. Tras obtener una resolución favorable, la persona le agradeció públicamente en las redes de la cuenta mencionada.

A partir de ese momento, la página —y otras cuentas asociadas— comenzaron a seguirla y a referirse a ella como “su abogada”. Calvillo ha insistido en que nunca tuvo una relación personal con los administradores ni llevó procesos judiciales para ellos. “Se estaban levantando el cuello con los casos que llevé gratis”, dice. Después la contactaron para ofrecerle espacios publicitarios. Como otros negocios locales, aceptó contratar menciones en redes sociales. El acuerdo contemplaba una mensualidad de 8.500 pesos a cambio de una historia por semana y el diseño de las publicaciones. “Mi error fue haber pagado publicidad en un lugar que no era serio. Otros han pagado publicidad en páginas de chismes y nunca se habían presentado este tipo de cosas, pero si tenemos que hablar de responsabilidades, ese fue mi error”, señaló.

Los conflictos comenzaron cuando detectó irregularidades en uno de los casos referidos. Una de las mujeres que necesitaba asesoría legal buscaba extorsionar a un cirujano plástico, según su versión. Poco después, comenzó una campaña de difamación en su contra. “De un día a otro resultó que yo era una mala abogada, que supuestamente no iba a las audiencias y me robaba el dinero. Empezaron a subir a mi papá, dijeron que debía 50.000 pesos de un carro, que mi mamá pedía limosna. Se burlaban de mis hijos, uno de 9 años y una de 17”, recuerda.

La violencia, afirma Calvillo, escaló con el envío de materiales manipulados —incluidos videos generados con inteligencia artificial— en los que se representaban agresiones contra sus hijos. A cambio de retirar el contenido, le exigieron el pago de 400.000 pesos e incluso le ofrecieron cubrirlo en parcialidades. “Ya no podíamos salir. En restaurantes nos tomaban fotos y la gente murmuraba: ‘ahí va la abogada que defrauda mujeres’. Nos hicieron mucho daño. Me afectó emocionalmente y también en lo laboral. Si antes llegaban 20 clientas al mes, durante la campaña —de cuatro o cinco meses— si acaso llegaron una o dos”, dijo.

La denuncia que Perla Calvillo Cantú interpuso en diciembre de 2025, junto con la evidencia recabada, fue clave para que la Fiscalía abriera una carpeta de investigación sobre el caso.

El catálogo en Telegram

Entre las denuncias contra la tía Paty también figura la presunta existencia de un catálogo de “sobrinas” que ofrecían servicios sexuales. Capturas de pantalla difundidas en redes sociales tras la divulgación del caso apuntan a una posible red que operaba a través de Telegram. De acuerdo con estos materiales, la cuenta cobraba alrededor de 1.500 pesos a hombres y mujeres por publicar sus fotografías en un grupo con miles de integrantes, quienes a su vez pagaban una mensualidad por acceder al contenido. Los servicios ofrecidos iban desde contenido íntimo —como fotos y videos— hasta encuentros presenciales.

En al menos un caso, se ha reportado una presunta agresión sexual contra una de las jóvenes que aparecían en el catálogo. De acuerdo con capturas de pantalla que han circulado, en una conversación posterior con la tía Paty se amenazó a la víctima con difundir información personal si hablaba. Según relatos, el mecanismo de manipulación era similar tanto para las jóvenes como para los “clientes”: ante cualquier intento de denunciar o abandonar el grupo, eran amenazados con ser expuestos ante los miles de seguidores de la página.

De acuerdo con Valeria Macías, algunas de las víctimas se acercaron a ella incluso antes de las detenciones de los administradores, al identificarla como un referente en la lucha contra el acoso. “Tres chavas se comunicaron conmigo. Eran mayores de edad, pero ellas mismas me decían que sí habían menores. Me decían, ‘ayúdanos a salirnos de esto porque no nos dejan. Si nosotras decimos que ya no queremos estar, nos extorsionan, nos dicen que que nos van a quemar, que le van a hablar a nuestros familiares’. Estaban asustadas”, mencionó a este diario. Tras realizar algunas indagaciones, intentó usar su cercanía con diversas figuras políticas para traer atención al caso, pero no se habían tomado acciones en contra de la cuenta hasta semanas recientes.

El “amigo” de todos

César “N”, uno de los detenidos por el caso de la Tía Paty, era conocido en distintos círculos sociales de Monterrey. De acuerdo con testimonios, provenía de una familia acomodada vinculada a una cadena de tiendas de mascotas y mantenía una red amplia de contactos.

Valeria Macías lo conoció a través de amigos en común de la Universidad de Monterrey (UDEM). Aunque con el tiempo se distanciaron, continuaron en contacto en redes sociales. Como ella, otras figuras públicas como Adrián Marcelo, Mallory Caballero y Alethia Sada han señalado que también lo conocían personalmente. “Fue un chavo muy social, de hecho él era el que ponía casa para reuniones, se llevaba con muchísima gente de Monterrey, entonces claro que tenía información de todos. En mi casa se llegó a quedar a dormir, lo conocían mis papás. Justo el día que supe que era él, me puse a ver hasta las conversaciones que tenía con él en Facebook y en Instagram y digo, ‘¿Cómo pudo haber acabado ahí?“. dijo Macías.

Este martes, la fiscalía estatal anunció que César “N”, cuya situación jurídica estaba pendiente, fue vinculado a proceso por el delito de extorsión.

La investigación del caso de la tía Paty continúa en curso. La página y los grupos asociados en Telegram ya no están activos, mientras siguen surgiendo nuevos testimonios de víctimas. Versiones recabadas durante la investigación apuntan a que la operación podría haber involucrado a más participantes, por lo que no se descartan nuevas acciones por parte de las autoridades.

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