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Las periciales sobre los contratos de mascarillas y los audios de Koldo llevan la bronca al juicio de Ábalos

Los agentes que analizaron los archivos intervenidos al asesor insisten en su autenticidad y los expertos fichados por Cerdán la cuestionan

El empresario Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo, este miércoles.Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)

Las defensas de José Luis Ábalos y Koldo García reclamaron que en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo se practicara un careo entre el antiguo asesor ministerial y Víctor de Aldama, pero la sala lo rechazó. A falta de un cara a cara entre los dos acusados, frontalmente enfrentados desde que el empresario decidió autoinculparse para obtener beneficios judiciales, la novena sesión del juicio ha acogido este jueves un doble careo entre peritos oficiales y peritos contratados por las defensas para analizar las auditorías sobre los contratos de mascarilla investigados y los audios hallados en el domicilio de Koldo García que sustentan parte de la investigación. Lo que en principio se presentaba como una jornada técnica y anodina con riesgo de que se contagiaran los bostezos, ha derivado en la sesión más bronca y agitada de lo que va de juicio.

Las periciales dan a menudo lugar a situaciones tensas porque lo habitual es que una de las partes, la perjudicada por el informe en cuestión, ponga en duda las conclusiones de los peritos, que suelen ser acreditados expertos en lo suyo no siempre habituados a las críticas. En las que han centrado la sesión del juicio de este jueves se contaba con esa situación de partida: las defensas de Ábalos y Koldo García iban a intentar desvirtuar la pericial oficial y las acusaciones, los contrainformes encargados por los abogados. Así ha ocurrido durante las casi tres horas que ha durado la primera prueba del día, centrada en la auditoría que realizó el Ministerio de Transportes ya bajo el mandato de Óscar Puente sobre los contratos de mascarillas que se adjudicaron a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Aldama.

Para explicar ese informe han comparecido las cuatro inspectoras que lo elaboraron. Pero junto a ellas se sentaba una quinta perita, la autora de un informe encargado por las defensas del exministro y su antiguo asesor, que cuestionó el oficial. Como se preveía, el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el abogado de la acusación popular, Alberto Durán, han dado pie a las primeras a exponer sus principales conclusiones, como que Soluciones de Gestión tenía su oferta hecha antes de que se publicase la orden ministerial de comprar mascarillas o la “llamativa” intervención de Koldo García en la tramitación de los contratos. “Se pone de manifiesto en todo momento. Principalmente, llevando la oferta de esta empresa a la mesa. Llama la atención que sea un asesor y que había un jefe de gabinete por encima de cualquiera de los asesores, también de él, pero no aparece mucho en todo el proceso”, ha descrito una de las peritas.

Las autoras del informe de Transportes han advertido también que, tras analizar 128 archivos, más de 6.000 correos y 200 carpetas, no han encontrado ningún rastro escrito o verbal que explique por qué se duplicó el pedido de mascarillas, de cuatro a ocho millones, en poco más de media hora. Las peritas han insistido en que la “decisión técnica” adoptada el 20 de marzo de 2020 fue comprar cuatro millones porque era la cantidad estimada como necesaria para 15 días, el periodo para el que se decretó el primer estado de alarma de la pandemia de covid-19. “Se cambia a ocho millones, pero no hay decisión técnica de 8 millones. En toda la documentación analizada nadie pone que se pase de 15 días a 30. No lo he encontrado”, ha insistido la autora de esa parte del informe ante los reproches del abogado de Ábalos, que cuestionaba esta conclusión y el camino seguido por las expertas para llegar a ella.

Los argumentos de las defensas del exministro y su antiguo asesor han encontrado algo de oxígeno en la intervención de la autora de la contrapericial, para quien el informe de Transportes adolece de falta de transparencia (porque no recoge algunos de los documentos en los que se basa) e incluye juicios de valor que ella considera impropio de estos documentos. Esta experta ha cuestionado también el criterio que siguieron sus compañeras para escoger a las personas que entrevistaron para hacer su estudio. Las inspectoras han explicado que ellas solo tienen competencia para hacer auditorías internas con entrevistas a personal de Transportes, por lo que no pudieron hablar con Ábalos, Koldo García ni otras personas que intervinieron en los contratos que se juzgan. El abogado del exministro ha advertido que sí se entrevistó a un ex alto cargo de ese ministerio que ahora está en Hacienda, lo que las autoras han justificado en que como sigue trabajando en la Administración central se le contactó y aceptó participar.

Las tensiones entre las acusaciones, las defensas y las peritas que han analizado las compras de mascarillas ya habían elevado el tono de la sesión por encima del habitual. Pero lo peor estaba por llegar. Para la sesión de la tarde el tribunal había previsto el mismo formato de pericial y contrapericial, pero centrado en los audios intervenidos a Koldo García. Esos audios fueron la base del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que derivó en la imputación del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y en ellos se sustenta gran parte de la investigación sobre el amaño de obras públicas. Pero esta parte del caso Koldo se investiga en la Audiencia Nacional y no forma parte del juicio del Supremo. No obstante, la defensa de Koldo García pidió que testificaran los autores de un contrainforme encargado por la defensa de Cerdán que cuestionó la autenticidad de esos audios, lo que llevó a la Fiscalía a reclamar que testificaran también los agentes que examinaron los archivos y concluyeron que no habían sido manipulados.

La discusión entre acusaciones y defensa ha explotado cuando, al inicio del interrogatorio, Luzón ha preguntado a los agentes si albergaban alguna duda sobre la autenticidad de los audios y la abogada del antiguo asesor ha interrumpido al fiscal para protestar al considerar que no se podía preguntar sobre los audios porque no se juzgan en esta causa. “Pero si lo han pedido ellos”, ha exclamado Durán, el abogado de la acusación popular.

La letrada ha argumentado que ella solo había reclamado a los peritos contratados por la defensa de Cerdán para preguntarles si consideraban que se había respetado la cadena de custodia de los audios, pero que se oponía a que se examinase la autenticidad de los archivos. Ante la insistencia de la abogada, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha preguntado al ministerio fiscal si veía apropiado “limitar” la prueba a la cadena de custodia. “El ministerio fiscal no entiende nada”, ha admitido Luzón, que consideraba que los peritos citados este jueves no podían aportar nada sobre ese asunto porque no intervinieron en los registros y clonados de los dispositivos de Koldo García.

La confusión generada ha obligado al tribunal a retirarse a deliberar, aunque la solución acordada no ha convencido a ninguna de las partes y el fiscal ha retomado el interrogatorio por donde lo había dejado una hora antes. Y cada perito ha venido a confirmar las conclusiones de sus informes. Los agentes del Servicio de Criminalística han asegurado que si los audios hubieran sido manipulados, habría alguna huella de ello. “Los audios son totalmente íntegros y no ha habido ningún tipo de manipulación”, ha asegurado uno de los peritos, quienes tampoco consideran posible que se hayan fabricado con inteligencia artificial ni que, como sostiene la defensa, se hayan podido “inyectar” archivos de forma remota en el clonado original tras la intervención de los dispositivos en casa del asesor ministerial.

Para los peritos contratados por la defensa del ex secretario de Organización el principal problema del informe oficial es que no se ha hecho a partir del dispositivo original, sino de una copia extraída por el Supremo del volcado que hizo la UCO. “Una cosa es el volcado en sede judicial y otra cosa es la evidencia de ese dispositivo cómo ha llegado allí. Y para eso necesitamos acceder al dispositivo original. A nuestro juicio no se trata de discutir el volcado ni que la Guardia Civil haya realizado una acción fuera de lo normal, lo que no podemos acreditar es como han llegado esos audios a ese dispositivos”, ha concluido el experto. La sensación generalizada es que, después de tanto embrollo, la sesión de este jueves no ha aportado ninguna novedad definitiva para la sentencia.

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