Morena toma el control de los relevos en el Instituto Nacional Electoral

Pasada la aduana del plan B de reforma electoral en el Senado de la República, el oficialismo se concentra en su próxima batalla política: la designación de tres consejeros en el Instituto Nacional Electoral. El proceso ha generado suspicacias, pues el comité técnico que evaluará a los cientos de aspirantes a estos cargos fue integrado con personajes cercanos a Morena y al Gobierno federal.

El INE perderá a tres de sus 11 integrantes el próximo 3 de abril, al concluir el encargo de Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera, quienes han sido señalados por Morena como contrarios a la Cuarta Transformación. En su despedida anticipada, ocurrida el jueves en su última sesión ordinaria como miembros del Consejo General, las consejeras y el consejero han denunciado persecución y venganza, pues se van con un proceso administrativo abierto desde 2021 por haber votado a favor de una resolución que molestó a Andrés Manuel López Obrador: la de suspender momentáneamente la consulta de revocación de mandato promovida por el propio expresidente.

Los relevos en el INE, que se hacen cada tres años de forma escalonada, han levantado el polvo de una vieja disputa entre el Gobierno de la 4T y la oposición por el futuro del sistema electoral y de la democracia. La facultad exclusiva de designar a los consejeros que ocuparán el cargo durante los próximos nueve años la tiene la Cámara de Diputados, donde Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo tienen una mayoría calificada de más de 360 curules. El largo y complejo proceso de designación inicia con la creación de un comité técnico de evaluación de cinco especialistas que filtrarán los cientos de aspirantes que suelen inscribirse para buscar una consejería.

El proceso, que debió comenzar desde diciembre, inició con retraso por las negociaciones de la reforma electoral y en esta ocasión compactará plazos y procedimientos, de forma tal que el nombramiento pueda ocurrir el próximo 22 de abril. Este viernes, al cierre del registro de aspirantes, la Junta de Coordinación Política aprobó y dio a conocer la integración del comité de evaluación, mediante un acuerdo que no fue firmado por el coordinador del PRI, Rubén Moreira, y que el líder parlamentario del PAN, Elías Lixa, ha votado en abstención. Esto deja ver que las dos principales fuerzas políticas opositoras están en desacuerdo con los evaluadores.

Quiénes integran el comité

El comité técnico de evaluación quedó integrado por tres especialistas nombrados desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y dos propuestos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y, según opositores y especialistas, las cinco personas tienen algún vínculo con el oficialismo, pues fueron candidatos en la pasada elección judicial, trabajaron o aún trabajan en el Gobierno federal.

La Jucopo ha colocado a la magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral, Marcela Elena Fernández Domínguez, quien llegó al cargo en la elección judicial de 2025 gracias a que su nombre fue promovido en los acordeones difundidos por Morena para respaldar a los candidatos del oficialismo. En segundo lugar, al exmagistrado de la Sala Especializada del Tribunal Electoral, Rubén Jesús Lara, famoso por haber sido quien promovió una resolución que condenó a la activista ciudadana de Sonora, Karla Estrella, a una multa y a pedir perdón a la diputada del PT, Diana Karina Barreras, por una publicación en sus redes sociales que presuntamente caía en violencia política de género. Barreras es esposa del morenista y entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

El tercer perfil designado por la Jucopo es la abogada Selene Cruz Alcalá, actual magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quien fue candidata a ministra en la elección judicial. Al quedar fuera de la Suprema Corte, el Gobierno federal la promovió como su representante en dicho tribunal.

La CNDH ha colocado a dos mujeres: Irma Rodríguez Cruz, exfuncionaria del Gobierno de Michoacán y de instituciones del Gobierno federal como Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Liconsa. Actualmente es asesora de la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Espino. Y Miriam Rodríguez Armenta, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana y esposa de un alto funcionario de la Comisión Nacional del Agua y exconsejero electoral de la Ciudad de México, Mauricio Rodríguez.

Los perfiles han provocado el rechazo de la oposición pues el comité juega un papel crucial para la designación de los tres nuevos consejeros electorales. Su primera labor será filtrar, entre cientos de inscritos, a aquellos que cumplan con los requisitos constitucionales para ocupar el cargo. Después, aplicarán un examen de conocimientos en materia electoral e integrarán listas de hombres y mujeres con los perfiles mejor calificados. Más tarde harán entrevistas a las 100 mejor calificadas y, finalmente, el comité integrará una lista de cinco personas por cada uno de los cargos vigentes, privilegiando a las de mejor desempeño en las entrevistas. Es decir, del comité depende quiénes llegarán finalmente al INE.

El comité entregará las tres listas a la Junta de Coordinación Política, donde los coordinadores parlamentarios deben construir un acuerdo para proponerle al pleno de la Cámara una persona para cada cargo. En la convocatoria se prevé que esto ocurra el 22 de abril y, para que haya designación, deben aprobarse con mayoría calificada, por lo que Morena requerirá nuevamente de los votos de sus aliados del Verde y el PT.

En caso de que no se reúna la mayoría calificada en favor de las propuestas de la Jucopo, se podrán sortear los nombramientos mediante tómbola, como ocurrió en 2023 con la designación de la actual presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y tres consejeros más: Rita Bell López, Arturo Castillo y Jorge Montaño. El Consejo General que se terminará de integrar con estas designaciones será responsable de las elecciones federales de 2027 y los preparativos de las presidenciales de 2030.