Sancionadas por tuitear: X, el banquillo de acusados del Tribunal Electoral mexicano

No era el tuit de su vida. Laisha Wilkins, actriz, influencer y conductora de televisión, hizo esa noche lo mismo que hace decenas de veces al día desde hace una década: opinar en redes sociales. El 19 de mayo, en medio de la campaña a la elección judicial, vio una publicación del medio Aristegui Noticias sobre una candidata a la Suprema Corte, Dora Martínez, que había tratado de retirar unos reportajes al acusarlos de ejercer violencia política de género. En el título de la nota y también en el propio tuit se lee: “Dora la censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks”. “Me reí del título de la publicación porque estaba muy simpático con todo lo que estaba sucediendo”, cuenta por teléfono Wilkins, que escribió justo debajo: “Jaja Dora la censuradora jaaja”. Esa publicación le ha valido ahora un requerimiento del Tribunal Electoral por una denuncia de la candidata —de nuevo— por violencia política de género. La instancia electoral mexicana ha iniciado una investigación, ha localizado su domicilio y le ha exigido dar información sobre la publicación. No era el tuit de su vida, pero ha sido, de momento, el más polémico.

El caso de Laisha Wilkins es el último ejemplo de un escenario complejo para la libertad de expresión en México. En las últimas semanas, a propuesta del gobernador de Morena Alejandro Armenta, el Congreso de Puebla ha aprobado una ley que permite sentenciar hasta con tres años de cárcel a quien insulte en redes sociales, y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, también morenista, ha denunciado al periodista jubilado Jorge González, de 72 años, por un artículo anónimo que salió publicado en el diario que dirigió durante 30 años, Tribuna. Le exige una pena de cárcel y también dos millones de pesos. Mientras se resuelve, ha conseguido inhabilitarlo y cerrar el periódico.

También han sido denunciados el columnista Héctor de Mauleón, los medios Código Magenta, Al Calor Político, SinEmbargo.mx y varios de sus directores y reporteros, por parte de aspirantes a cargos judiciales y políticos en Tamaulipas, Veracruz y a nivel federal. Todos fueron acusados de violencia política de género. Esta figura, producto de la lucha histórica de las mujeres, se ha convertido en el nuevo ariete de la clase política contra los discursos incómodos. No solo afecta a periodistas, también a ciudadanas como Karla Estrella, una ama de casa de Hermosillo (Sonora), que ha sido sancionada por tuitear sobre Diana Karina Barreras, quien era candidata a diputada federal y está casada con el presidente de la Cámara de Diputados, un alto cargo de Morena.

Las redes sociales están plagadas de insultos, estereotipos y ataques, de comentarios homófobos, racistas y misóginos. Lo normal es que una publicación sobre el Tren Maya, la independencia judicial o la presidenta Claudia Sheinbaum acabe en bronca. Los ánimos todavía se enardecen más en época electoral. En ese contexto ríspido, Karla Estrella tuiteó: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”. Y eso fue todo. Pero fue suficiente para el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que le ha sentenciado a disculparse públicamente durante 30 días, pagar una multa de 1.085 pesos (unos 50 dólares), leer bibliografía especializada, asistir a cursos de género y quedar inscrita durante un año y medio en el registro de violentadores del INE. La diputada Diana Barreras todavía había pedido más: que la disculpa se publicara en “dos periódicos de mayor circulación”.

“Es una sanción excesiva, la están multando por un tuit”, considera Feri Saud, abogada electoral, que cree que Estrella ha podido ser incluso víctima de violencia institucional: “Los tribunales y la diputada hicieron un uso desproporcionado e infundado del sistema sancionador en materia electoral para restringir el derecho de libertad de expresión. Esto puede ser denunciado”.

En el fondo de la discusión resalta el papel de las instancias electorales mexicanas. El del INE, que es la dependencia que recibe las denuncias y actúa como el primer filtro, y el del Tribunal Electoral, un órgano que quienes trabajan allí reconocen que se ha politizado y mantiene desde hace años una “tendencia punitiva contra la libertad de expresión”. La mayoría de los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral se convirtieron en figuras fieles al oficialismo y cerraron filas a favor de la reforma judicial, por lo que sus cargos no salieron a las urnas. Desde ahí responden ahora también a los asuntos que afectan a integrantes de Morena. “Fue una decisión más política que judicial”, lamenta Mariana Calderón, que desde el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, representa a Karla Estrella y a Laisha Wilkins: “El Tribunal Electoral está permitiendo silenciar los mensajes incómodos”.

Una herramienta para las mujeres, usada contra las mujeres

En México, donde 10 mujeres al día son asesinadas, siete son violadas y 185 son agredidas, el machismo permea en todas las capas de la sociedad. Sus salarios siguen siendo más bajos y sus puestos en las empresas más relegados. También su entrada en política ha estado llena de espinas. Para favorecer su llegada en 2014 se aprobó la reforma que obligaba a la conformación paritaria de candidaturas en los Congresos. Sin embargo, el texto escondía que los partidos no las postulaban aunque estuviera en la ley o que si llegaban al puesto se enfrentaban a compañeros que les impedían el acceso a los recursos para ejercer su cargo. Para proteger sus derechos, en 2020, se modificaron seis leyes para crear la figura de violencia política en razón de género.

“Los primeros casos que tuvimos sí fueron de políticas y funcionarias que trataban de acceder a los cargos, pero sus pares hombres no les estaban dejando ejercer o intentaban obstruir sus labores”, explica una persona que trabaja en el Tribunal Electoral desde hace seis años: “Era una figura muy noble”. Así se protegió, por ejemplo, a la diputada Tania Ramírez, a quien su propio compañero de partido, José Casas, le dijo en una sesión en el Congreso de Morelos: “Compañeras, pa’ que se meten en esto (...) Es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul”. O se anuló la elección en Iliatenco, Guerrero, en 2021, que había perdido la candidata de Movimiento Ciudadanos por 50 votos, porque la aparición masiva de pintadas y mantas que decían “es tiempo de hombres”, “ninguna vieja más en el poder”, “las mujeres no saben gobernar”, había afectado al resultado de los comicios.

Sin embargo, llegó un momento en que el cariz de los casos cambió. “Los actores políticos se dieron cuenta de que era una herramienta maravillosa para callar las opiniones de redes sociales que no les gustaban”, apunta la abogada Mariana Calderón. Las dos fuentes del Tribunal Electoral, consultadas por este periódico, sí conceden que estas denuncias “han crecido mucho en los últimos años” hasta estar “en el top 5 de temas que más se ven”, y que “ahorita llegan más de este subuniverso de comentarios hechos por periodistas y mensajes de redes sociales”. La organización en defensa de la libertad de expresión Artículo 19 apunta que casi el 30% de los procesos judiciales abiertos en 2024 contra periodistas fue por esta figura.

La denuncia por violencia política de género fue la que utilizó la morenista Catalina Monreal para tratar de anular el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega en la alcaldía Cuauhtémoc el año pasado. Decía que las menciones a su padre, Ricardo Monreal, la invisibilizaban a ella. El Tribunal Electoral federal terminó desechando la denuncia, parecida a la de la diputada de Sonora. “Pareciera que sesión a sesión se cambiara de criterio. Sí hay una percepción a nivel interno de la institución de que cambia a contentillo”, apunta una fuente del Tribunal Electoral, “también porque la línea es muy delgada y la participación de las mujeres en política es un tema sensible”.

“El caso de Karla Estrella me parece muy relevante, porque nos da luz de cómo los supuestos tan abiertos en la legislación pueden ser usados contra las mismas mujeres”, señala la abogada especialista también en temas de género Feri Saud, que apela a mantener una “proporcionalidad entre conductas incómodas y conductas ilícitas”: “No todo lo que nos incomoda es un delito ni todo lo que nos molesta es violencia. Hay que recordarlo o esto nos van a rebotar como boomerang”.

La sorpresa de Karla Estrella

El equipo del Consejo Nacional de Litigio Estratégico estaba convencido de que la denuncia contra Karla Estrella no iba a prosperar. “En el recurso de revisión nada más dijimos que no había cometido violencia y pedimos al tribunal que cambiara los precedentes, primero, porque el modelo está creado para sancionar partidos y servidores públicos y segundo, porque no puedes generar a la ciudadanía esa carga desproporcionada, de por opinar en Twitter ya tener que buscar un abogado”, cuenta Mariana Calderón. Karla Estrella tenía entonces 6.044 seguidores y su tuit había sido visto por 7.341 personas. Su defensa señaló que la mujer buscaba “exponer el nepotismo y las malas prácticas de los partidos políticos que incluyen a familiares a fin de generar cúmulos de poder”, no afectar a los derechos de Diana Barreras por ser mujer.

La sorpresa con la resolución de la Sala Regional Especializada, que llegó el 11 de abril de 2024, fue total. “El tuit denunciado revela que Karla María Estrella Murrieta tuvo la intención de proporcionar información innecesaria y estereotipada que resultó discriminatoria para la denunciante, pues la humilló, degradó y cosificó, afectando su dignidad”, se lee en la sentencia, que enumera seis tipos de violencia que sufrió Diana Barreras. Uno de ellos, la “violencia análoga” ni siquiera existe en la legislación, pero el Tribunal Electoral apunta que el tuit pudo “instalar” en la diputada los síndromes de “la impostora, Cassandra, Lilly Reich”, y, en definitiva, “mermar su autoconfianza”.

“Eso no tiene sustento. Además, en la sentencia no hay un peritaje que pruebe las afectaciones de la diputada. Y se utiliza un concepto que parte de la violencia vicaria, la violencia interpósita persona, de hacerte daño a ti por medio de otra persona, en este caso, a su esposo”, reflexiona Feri Saud, que lleva 10 años trabajando con estos temas: “Esto es supergrave, estamos trivializando conceptos, porque cuando todo es violencia, nada es violencia”.

El 19 de junio, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la sentencia de la Sala Regional. Dos de los magistrados (Reyes Rodríguez y Janine Otálora) estuvieron en contra, pero el voto de la magistrada presidenta, Mónica Soto, resolvió el empate. “Eso pasa cuando tienes tribunales politizados. A un lado, estaba una ciudadana que no tiene fuerza y, al otro, el presidente de la cámara de diputados. Pues mejor le favorecemos a él, ¿no?“, apunta Mariana Calderón.

A partir de la semana que viene, en la cuenta de Karla Estrella se leerá durante 30 días como un recordatorio: “Te pido una disculpa, Diana Barreras, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política”.