Hasta tres años de prisión por insultar en redes sociales: la reforma a la Ley de Ciberseguridad en Puebla pone en alerta a periodistas y activistas

La reforma de la Ley de Ciberseguridad en Puebla ha desatado un torbellino de críticas y preocupaciones entre activistas y periodistas. El cambio legislativo permite imponer penas de once meses a tres años de prisión por insultar en redes sociales. Varios colectivos han advertido que ahora la ley permite que los delitos puedan ser utilizados contra la ciudadanía de manera arbitraria, especialmente contra periodistas y medios de comunicación. Laura Artemisa, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, defiende la reforma como una herramienta para proteger a menores en la red pese al rechazo de las organizaciones civiles.

El foco de la polémica está en el Artículo 278 Decies del Código Penal de Puebla, que habla del uso de tecnologías de la información para contactar a menores con fines sexuales. Desde el 13 de junio, esta Ley tiene un artículo adicional para delitos de usurpación de identidad, espionaje digital y ciberacoso. Este último es el que ha levantado ampollas.

Ahora, la Ley de Ciberseguridad contempla que el delito de ciberasedio, es decir, usar las tecnologías de la información como redes sociales para insultar, injuriar, ofender, agraviar o vejar a otra persona, se pague con una pena de once meses a tres años de prisión. Además, tendrá la sanción de una multa de 50 a 300 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. La reforma legislativa matiza que debe de haber “insistencia necesaria para causar un daño o menoscabo en la integridad física o emocional” para ser considerado sancionable.

Un día antes de la entrada en vigor de la medida en el Código Penal, la asociación de periodistas Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla urgían a que se rechazara el proyecto. “Los delitos que buscan incorporar incumplen principios de derechos humanos y libertad de expresión, violentan el principio de taxatividad en materia penal, y en su elaboración no han incorporado el expertise técnico de especialistas”, argumentaban. El riesgo de la reforma que carece de definiciones exactas, según el colectivo, implica que se empiece a usar el delito de ciberasedio contra la ciudadanía de manera arbitraria, “particularmente personas periodistas y medios de comunicación”.

En el comunicado de ambas organizaciones, los profesionales de la información recuerdan que en Puebla se vive un acoso judicial contra el gremio, con 22 procesos judiciales iniciados contra periodistas por sus publicaciones o investigaciones en los últimos siete años. “La entidad debe generar medidas apropiadas para proteger a la prensa y que nuevos delitos no sean utilizados en contra del acceso a la información o a la publicación de información de interés”, subrayan en el comunicado. También insisten en una ambigua definición contra el delito de ciberespionaje que definen como aquel que introduzca equipos o sistemas informáticos sin la autorización de su legal y legítimo titular. Estas definiciones podrán penalizar la obtención de datos para investigaciones, apunta el documento.

La reforma legislativa también ha afectado a grupos de activistas del Estado. El grupo Ciudadanía Organizada de Puebla ha llamado a la iniciativa “Ley Mordaza” y advierten que vulnera la libertad de expresión. En consecuencia, piden que se suspenda su aplicación hasta que se garantice que no vulnera derechos constitucionales. “Esta ley, tal y como está redactada, no protege, intimida”, sentencian en sus redes sociales.

Laura Artemisa ha aceptado reunirse con algunas organizaciones, como el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Activistas CONAPA, para atender sus preocupaciones. “Estamos trabajando en reuniones con diversos sectores, estaré dando puntual cuenta de ello. La Ley de ciberasedio está orientada a la protección de la ciudadanía, especialmente de niños, niñas y adolescentes”, ha justificado. En sus redes ha difundido mensajes para defender la reforma y la tipificación del delito de ciberasedio en un Estado que ocupa el quinto lugar en México en ciberdelitos. “Los derechos a la libertad de expresión están garantizados y se fortalecerán”, prometen los videos promocionales.