La Unión Tepito, el cartel local que se ha enriquecido con la explotación sexual de mujeres por el Tren de Aragua

Los cuerpos de Stephanie y Susej fueron los que desvelaron la cloaca. Las dos jóvenes venezolanas habían sido brutalmente asesinadas en julio de 2024 en el sur de Ciudad de México. Sus agresores habían tratado de calcinarlas para que se perdiera el rastro, pero el doble feminicidio no dejaba duda: llevaba la marca del Tren de Aragua. Después de este crimen, se sucedieron las investigaciones y las noticias sobre la pandilla venezolana. Y también empezaron las detenciones. Aunque la Secretaría de Seguridad capitalina trataba de rebajar su papel, las acciones policiales probaban que esta red delictiva, después de recorrer el continente, operaba ya en México. Los últimos arrestos han dado un paso más allá y avanzan hacia cómo la Unión Tepito se ha beneficiado de la explotación sexual que el Tren de Aragua ejecutaba en el corazón del país.

Este martes, la Secretaria de Seguridad federal ha informado de la detención de seis presuntos integrantes del Tren Aragua. Todos son mexicanos; cinco están acusados de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas, y el último Bryan Betancourt, también de delincuencia organizada. Estos arrestos colocan algunas piezas clave en el puzzle, especialmente sobre la colaboración entre la banda venezolana y la Unión Tepito, el cartel local.

La dependencia comandada por Omar García Harfuch identifica a Lesli Valeri Flores Arrieta como el enlace y la negociadora entre ambos grupos criminales. La mexicana, de 40 años, era la encargada del cobrar a miembros del Tren Aragua parte de los beneficios que conseguían con la explotación sexual de mujeres. El modus operandi de la banda venezolana es conocido después de una década de travesía por todo el continente. Los integrantes del Tren llegan a acuerdos con las células locales para que les permitan operar en su territorio a cambio de cuotas y ciertas restricciones, por ejemplo, según expertas consultadas por EL PAÍS, el Tren de Aragua solo trafica con mujeres venezolanas. La banda fue muy hábil aprovechándose del éxodo masivo y convirtió el viaje hacia Estados Unidos en una estrategia para captar víctimas a las que luego integraba a estas redes de trata sexual.

Estas mujeres eran controladas también por Lesli Flores, según identifica la Secretaría de Seguridad, que le encontró a la acusada una libreta con los nombres de aquellas que trabajaban en Sullivan y Revolución y las cantidades de derecho de piso que les cobraba. Además, Flores vendía droga a los integrantes del Tren de Aragua, pero también a las mujeres explotadas. No lo hacía sola, sino con su familia.

La dependencia federal ha detenido a dos de sus hijos y a dos de sus nueras en la alcaldía Venustiano Carranza. Jorge Romero Flores, Giancarlo Romero Flores, Valeria Pineda Arredondo y Diana Ortega Pérez se dedicaban a “la producción y distribución de narcóticos, en diversas alcaldías de Ciudad de México, a miembros del Tren de Aragua”, según la policía. También “se encargaban del cobro de piso a las mujeres que son explotadas sexualmente y de actos de extorsión”.

Según información a la que ha tenido acceso EL PAÍS, también participaba en esta red criminal la madre de Lesli Flores; su sobrino, Vladimir Ruis —que también está detenido—; Adriana Trejo Ramírez, quien distribuía droga y también extorsionaba a las mujeres, y Luis Ángel Sánchez Gallardo, un colaborador también detenido. Este dinero se entregaba a dos hombres identificados como Jossep y Don Neto.

El sexto detenido esta semana es Bryan Betancourt, de 33 años de edad, a quien la Secretaría considera “una pieza clave dentro de la estructura criminal, al fungir como operador financiero de la organización Tren de Aragua”. Este mexicano era, según la dependencia, quien proporcionaba sus cuentas bancarias para la recepción y envío del dinero, “derivado de actividades ilícitas con la finalidad de ocultar el origen y destino”. Además, Betancourt facilitaba las viviendas para alojar a los integrantes del grupo criminal y a las víctimas de explotación sexual.

La deuda

Los informes de seguridad identifican que las mujeres ingresan a México por vía terrestre, mayoritariamente a través de Tapachula, Chiapas. La llamada capital de la frontera sur ha sido durante años el epicentro de una crisis migratoria en la que convivían miles de migrantes atrapados a la espera de regularizar su situación con los profundos tentáculos del crimen organizado, que controlaban las entradas y salidas de la ciudad, con extorsiones, secuestros masivos, desapariciones y ejecuciones.

Después de pasar la primera escala —que implica obligatoriamente para el Tren de Aragua un pago a los carteles que operan en Chiapas— las víctimas son trasladadas hasta Ciudad de México. En la capital, las mujeres son explotadas sexualmente y obligadas a pagar a la organización criminal una deuda que oscila entre los 12.000 y 14.000 dólares por su ingreso al país, según la Secretaria de Seguridad. Además, deben cubrir semanalmente un pago aproximado de 12.500 pesos mexicanos (unos 650 dólares) por “concepto de estancia y uso de plaza”; este pago se realiza mediante transferencias bancarias o en efectivo.

La dependencia federal apunta en que “una vez saldada esta deuda, muchas de las víctimas continúan su trayecto hacia Estados Unidos”. Otras, como es el caso de Stephanie y Susej, son asesinadas antes, muchas veces tratando de escapar.