El Gobierno de Sheinbaum tropieza con la firmeza del campo

El Gobierno de Claudia Sheinbaum logró in extremis en octubre detener los bloqueos con los que el campo presionaba al Ejecutivo, pero esa suerte no se ha repetido un mes después. Los campesinos están haciendo una demostración de fuerza sin precedentes y este martes se levantaron de la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación, que no ha logrado encauzar las demandas de un sector empoderado gracias a su coordinación interna y su cohesión con los transportistas. Los cortes en las carreteras seguirán hasta que haya alguna solución concreta para atajar o paliar las principales preocupaciones de los agricultores: la inseguridad en los trayectos y los bajos precios a los que deben vender sus productos. Establecer una mesa de diálogo no será suficiente para aplacar unas protestas que mantienen el pulso al Gobierno desde hace un mes de forma intermitente.

El acuerdo que logró detener, temporalmente, los bloqueos en las principales arterias del país incluía la aprobación de un apoyo gubernamental de 950 pesos por cada tonelada de maíz, una medida que afectaba únicamente a alrededor de 90.000 productores del Bajío y que no cumplía las expectativas de los representantes del campo. El subsidio contemplaba, además, un máximo de 200 toneladas por agricultor. Los campesinos reclaman el pago de unos 7.200 pesos (unos 390 dólares, al cambio actual) por cada tonelada del producto, casi 1.200 pesos más de lo que les ofrecía el Ejecutivo. Aunque el pacto puso punto y seguido a las movilizaciones, la tregua duró un suspiro. Los campesinos volvieron a la carga y este lunes cerraron cerca de 40 vías en 22 Estados, 17 entidades según el recuento final.

Cualquier intento de contención por parte del gabinete de la mandataria ha quedado sepultado por la firmeza con la que el campo está encarando un diálogo que no termina de fructificar y que da muestra de la fuerza que ha adquirido el sector, en plena escalada a nivel nacional. Para Mariela Díaz Sandoval, experta en movimientos sociales de la Universidad de Guerrero, hay dos elementos que han hecho posible esta inédita coordinación: “las fisuras en el interior de Morena” y la “debilidad estatal constante para proveer seguridad y certidumbre económica“.

De la primera da cuenta el vaivén de declaraciones dentro del partido que se contradicen entre sí. Este mismo lunes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, trataba de desacreditar unas protestas que relacionaba con la oposición solo para ser contradicha por el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, poco después. En ese maremagnum, también la presidenta contribuyó a la confusión interna, afirmando que Rodríguez no había dicho lo que las cámaras le grabaron diciendo: que varios líderes de las protestas contaban con carpetas de investigación abiertas en su contra desde hacía años por el mismo tipo de cortes carreteros, que constituyen un delito.

En lo que respecta a la inseguridad, las denuncias o eventos registrados por robo de vehículo en carretera descendieron brevemente entre 2023 y 2024, de los 3.204 a los 3.196, pero se quedaron muy por encima de los 1.860 de 2022, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal. A ello se suma la siempre creciente extorsión, un delito para el que el Gobierno no ha encontrado todavía una solución, a pesar del descenso generalizado de otro tipo de crímenes, como los homicidios dolosos, del que hace gala con frecuencia.

A esos factores, la especialista añade la existencia de “un entorno institucional que permite la interlocución pero que no da una resolución efectiva de demandas”. “Si bien están los canales de diálogo, esto no se traduce en acciones concretas para atender al menos los dos temas centrales de las demandas: la violencia contra los transportistas y la crisis del campo”, sintetiza. El propio coordinador de la Alianza de Autotransportistas (AAARM), Francisco García, manifestaba esa frustración el pasado 3 de noviembre. “Hacen mesas de trabajo bien intencionadas, pero sin ningún resultado”, resumía entonces, una sensación que permea también al resto de organizaciones convocantes y que ha dado como resultado el estancamiento de las negociaciones de este martes.

“No hay la menor voluntad política para resolver la crisis que existe ahorita de movilidad. Por lo tanto, decidimos retirarnos hasta que nos vuelvan a llamar con una perspectiva y una voluntad diferente”, anunció Eraclio Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y exdiputado morenista, al abandonar este martes la mesa establecida por Gobernación. En ella participaban, por parte del Gobierno, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y su segundo, Leonel Cota; el subsecretario de Gobernación, César Yáñez; el subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua, Aarón Mastache; y el subdirector General de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez.

La estrategia de establecer mesas de negociación no es nueva y tampoco ha dado grandes frutos anteriormente. El último precedente son las protestas de la Coordinadora Nacional de maestros (CNTE), que tuvo en vilo al Gobierno durante casi un mes antes del verano con una huelga nacional que paralizó la capital mexicana en múltiples momentos. Entonces, como ahora, la mandataria rechazó responder con represión policial y estableció diversas mesas de diálogo que encallaron una y otra vez por falta de resultados pese a la buena voluntad. El paro se levantó 23 días después sin un acuerdo entre las partes y con una amenaza de volver a las movilizaciones que comienza a concretarse ahora. Los representantes sindicales anunciaron este lunes que seguirán a Sheinbaum por todas las giras que la mandataria realice en los Estados durante los fines de semana, una forma de calentar para el paro de 72 horas que ya preparan, sin fecha todavía a la vista, para la vuelta de las navidades.

Entre las argumentaciones que el Gobierno ha enarbolado para restar autoridad a las movilizaciones que lo mantienen a raya está la acusación de responder a intereses políticos espurios. Sin embargo, el dirigente del FNRCM, Eraclio Rodríguez, ha respondido que su única vinculación política es, de hecho, con el partido oficialista, del que formó parte y bajo cuyas siglas se hizo con su escaño en el Congreso federal. El malestar social por la inseguridad se extiende por todas las capas y sectores de la sociedad, indiferentes al color político y cada vez más susceptibles a una crisis de violencia que el Ejecutivo no logra atajar, pese a los buenos datos generales. De las medidas concretas que logren poner sobre la mesa dependerá que el descontento palpable estas semanas descienda o entre en una espiral cada vez más difícil de frenar.