Los campesinos y los transportistas mexicanos bloquean carreteras de todo el país en su demanda de precios justos y seguridad
Los gremios se unen para exigir al Gobierno que actúe ante la violencia y que respete los acuerdos para beneficiar a los agricultores. El Gobierno ve motivaciones políticas detrás de los bloqueos


Los campesinos y los transportistas mexicanos han comenzado la mañana de este lunes los bloqueos masivos convocados desde hace varias semanas en las carreteras de todo México, para exigir seguridad y precios justos para su trabajo. Algunas de las principales vías terrestres del centro del país ya han sido interceptadas ante la espera de la respuesta de las autoridades. Los tractores, camiones de carga, autobuses y vehículos de todo tipo han detenido el tránsito en las autopistas Arco Norte de la Ciudad de México, la México-Toluca, Lechería-Texcoco, la vía José López Portillo, en el Estado de México, entre varios otros puntos. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha asegurado este lunes que el diálogo ha permanecido abierto y ha llamado a los convocantes a terminar con los bloqueos. “No hay razón para mantenerlos”, ha dicho.
La titular de Gobernación ha mencionado que, salvo que las manifestaciones “respondan a motivaciones políticas” en contra del Gobierno, no hay razones por las que los bloqueos deban continuar. Además, ha señalado que la reunión pactada con los líderes de los bloqueos, a las 11.00 horas, no ha sido atendida, ante la respuesta de ambos gremios de no terminar con los bloqueos. Rodríguez, acompañada del secretario de Agricultura, Julio Berdegué y del subsecretario de Gobernación, César Alejandro Yáñez, ha dicho también que no tienen la seguridad de que las conversaciones se retomen a las 13.00 horas de este lunes, como habían planteado inicialmente los líderes.

La secretaria Rodríguez ha respondido a los cuestionamientos de la prensa y, a través de ellos, ha lanzado a los transportistas que bloquear vías federales es un delito. Además, dijo que algunos de los líderes del gremio que lideran los bloqueos han tenido “carpetas abiertas” desde hace muchos años.
El secretario Berdegué ha informado, además, que hasta las 9.30 horas, se registraban movilizaciones en cuatro Estados de la República: Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas y Estado de México. En este último, ha señalado que son, sobre todo, transportistas los que lideran los bloqueos. “En total contabilizamos no más de 2.000 productores agrícolas [en estos bloqueos]”, precisó. También dijo que de los 5.000 productores nacionales que existen en el país, solo entre 1.000 y 1.500 son los que participan en los bloqueos, incluyendo a los transportistas. “No son los productores, son solo dos organizaciones [quienes participan]”, dijo.
Berdegué ha indicado que, hasta ahora, las autoridades han sostenido 316 reuniones con líderes transportistas para escuchar sus demandas. Algunas de las movilizaciones de este lunes han sido convocadas por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).

Las exigencias se han mantenido desde hace varios meses, cuando los agricultores y transportistas comenzaron a hacer bloqueos y paros para que el Gobierno solucionara el problema de la inseguridad en las carreteras, y por precios justos para los productores nacionales.
En los primeros días de noviembre, el gremio de transportistas del Estado de México bloqueó varios puntos de acceso a la capital para exigir la aparición con vida de uno de sus compañeros, secuestrados unos días atrás: “Nuestra exigencia es clara: ¡Queremos con vida a Fernando Galindo y un alto a la inseguridad en el Estado de México!”, publicó la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C. (AAARM).
Hartos de las extorsiones y de los cada vez más frecuentes secuestros a sus operadores, las empresas transportistas han mantenido su denuncia de que las autoridades actúen para revertir la situación. Además, el gremio ve con preocupación el alza a la tarifa del transporte, pactada hace solo unas semanas, y que, aseguran, es insuficiente para dignificar las condiciones en las que millones de personas se trasladan todos los días hacia la capital.
La demanda de mayor seguridad no es nueva. Las carreteras de México se han convertido en uno de los lugares más peligrosos para los ciudadanos, y, sobre todo, para los conductores del transporte público y para vehículos de carga. Las redes sociales se han llenado de videos grabados por automovilistas y transportistas que documentan los asaltos en autopistas y carreteras en las que las víctimas no tienen opción de huida y donde nunca aparece una autoridad a la vista.

Empresas de blindaje han reportado un aumento de hasta el 20% en la demanda de este tipo de materiales para tractocamiones, que son usados para el transporte de mercancías y logística en México, de acuerdo con información del Consejo Nacional de la Industria de la Balística (CNB).
El campo, en espera
“Ahora ya no es el maíz, ahora es el agua”, ha ironizado el secretario Berdegué ante las demandas de los agricultores y productores mexicanos, que exigieron, previo a los bloqueos de este lunes, que haya cambios en la Ley de Aguas Nacionales —que aseguran restringe su acceso al agua que requieren para sus cosechas— y mantener los 7.200 pesos por tonelada de maíz.

Los agricultores, que han denunciado una grave situación durante al menos siete años, en los que atravesaron por pérdidas económicas, sequías y caídas en su producción, han demandado además, el aumento de precios de sus principales insumos, como semillas, fertilizantes o el combustible que usan, así como una reducción en los apoyos del Gobierno. Los productores han señalado también que las reglas de comercialización del grano de máiz, por ejemplo, quedan en manos de unas cuantas empresas que no pagan los justo por las cosechas.
El 29 de octubre, después de dos días de bloqueos en al menos 20 entidades del país, el Gobierno acordó otorgar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz para 90.000 productores, la ampliación del programa Cosechando Soberanía, que da crédito y seguros, y la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz. El fondo de la protesta de los agricultores de los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco era que, mientras ellos reclaman que se les pague 7.200 pesos (unos 390 dólares) por cada tonelada de maíz, el gobierno ofrecía un precio de 6.050 pesos (328 dólares).
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