Renuncia el primer juez federal elegido por voto popular
Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, juzgador en materia penal en Jalisco, ha presentado su dimisión dos meses después de acceder al cargo


México eligió a sus jueces por primera vez este junio mediante voto popular en unas controvertidas elecciones que siguen originando episodios sin precedentes casi medio año después. Este martes ha renunciado el primer juzgador federal de los 881 cargos que salieron de las urnas meses atrás. Se trata de Adrián Guadalupe Aguirre, juzgador en materia penal en Jalisco, que ha presentado su dimisión apenas dos meses después de haber tomado protesta del cargo. La petición de renuncia ha llegado a la Mesa Directiva del Senado, que ya la ha trasladado a la Comisión de Justicia para su resolución. El órgano deberá dictaminar si las causas de la renuncia son o no razonables. En caso de resolver contra la petición de dimisión, si el juez persiste en su intención, el abandono puede ser motivo de responsabilidad civil o administrativa, según explican fuentes de la Comisión.
Adrián Guadalupe Aguirre se desempeñaba desde el 1 de septiembre como juez de distrito en el Centro de Justicia Penal de Puente Grande, la zona en la que se ubica la cárcel de alta seguridad de la que escapó el famoso narcotraficante y antiguo líder del Cartel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán, clausurada parcialmente en 2020. El juez electo había sido propuesto por el Poder Ejecutivo federal y ganó los comicios con 36.084 votos, 6.000 votos más que la segunda en la carrera, Amalia Irandery Ortiz, quien pasaría a ocupar ahora el cargo, según está previsto en la reforma judicial. Ella fue propuesta por el Poder Legislativo.
Se desconocen las razones de la renuncia y Aguirre no ha hecho ninguna declaración al respecto. Ha borrado, además, cualquier rastro en sus redes sociales oficiales. En su ficha de candidato, el abogado argumentó que competía por un cargo porque quería “ser parte de los primeros jueces en la historia de México que imparten justicia al pueblo y NO a los privilegiados”. Entre sus propuestas, que incluían agilizar las resoluciones y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de los juzgadores, planteaba contar con “puertas abiertas para el pueblo en general” en su oficina “para que no haya incertidumbre respecto a sus asuntos”.

Este es el primer juez federal en intentar abandonar el cargo de forma definitiva, el segundo si se tiene en cuenta una solicitud de licencia anterior que fue rechazada por el Senado. En ese caso se trató de Gabriela Pacheco Torres, directora general de Evaluación en Aduanas, que contendió por el puesto de jueza penal de distrito en Ciudad de México, igualmente a propuesta del Poder Ejecutivo. La candidata se hizo con el puesto por 37.414 votos, el doble que la siguiente candidata en la lista, y su solicitud de licencia llegó el día después de haber tomado posesión del cargo, según se lee en el documento. En su escrito alegó que necesitaba tiempo para resolver sus asuntos pendientes, que exigían “un cierre ordenado, transparente y responsable de los procesos en curso” y pidió apartarse del cargo hasta el 2 de marzo de 2026, medio año después. La comisión resolvió entonces que las razones esgrimidas no constituían una causa justificada para concedérsela y la rechazó.
A estos casos se añade otro, especialmente inédito, a nivel estatal. De los 1.800 juzgadores que salieron elegidos el pasado 1 de junio, 49 correspondían al Poder Judicial de Durango. En este Estado del noroeste, sin embargo, las candidaturas seleccionadas por los comités de evaluación de los tres poderes fueron también 49, las mismas en los tres casos, por lo que se eliminó de facto cualquier posibilidad de competencia: los puestos estaban asignados de antemano y el margen de maniobra era muy pequeño en caso de que ocurriera un contratiempo, como de hecho pasó. El juez electo Héctor Zaragoza Solís renunció en agosto por motivos de salud y la ausencia de competidores imposibilitó que corriera el siguiente en la lista, como estipula la Constitución.
El Órgano de Administración Judicial debió entonces elegir un sustituto entre los secretarios judiciales, figuras técnicas que normalmente asisten a los jueces en sus labores. La reforma de la ley orgánica en la que se estipula el proceso de sustitución se aprobó escasos cuatro días antes de que se produjera ese escenario, en una solución ad hoc que vino a enmendar los errores previos. Como resultado, ningún candidato elegido por voto popular ocupa hoy ese puesto.
Las renuncias que comienzan a despuntar, a escasos meses de haber ocupado el cargo, alimentan la desconfianza hacia una reforma judicial que ya nació con multitud de reticencias por parte de los expertos y que ha arrojado nuevos problemas en cada paso del proceso. El mal desempeño de los comités de evaluación que seleccionaron las candidaturas encendieron una primera voz de alarma. Los órganos establecieron requisitos demasiado bajos para los contendientes y ni siquiera revisaron con cuidado que los postulantes los cumplieran. Muchos candidatos con pasados o experiencias cuestionables pasaron entonces el filtro y fueron las organizaciones civiles quienes los señalaron para evitar sus triunfos. En muchos casos lo lograron, pero en otros, no.
Tras la fase de preselección, la de los comicios no despertó más confianza. La mayoría de los postulantes que se hicieron con el cargo aparecían en los denominados acordeones, plantillas rellenas y distribuidas por los partidos en el poder, ya sea a nivel federal o a nivel estatal, para orientar o inducir el voto de la ciudadanía, que no tuvo tiempo para analizar de forma independiente el aluvión de candidaturas. El caso fue especialmente notorio en órganos tan importantes como la Suprema Corte, que quedó en manos de una mayoría afín al morenismo.
Ahora se abre la fase final, la de la impartición de justicia, que a escasos dos meses desde que se conformaron los nuevos tribunales ya ha dejado un reguero de episodios cuestionables. El intenso escrutinio al que son sometidos los nuevos jueces ha inundado las redes sociales de fragmentos de vídeos en los que algún juzgador queda en evidencia por su desconocimiento técnico a la hora de resolver una cuestión o llevar una sesión. Obtener el cargo fue, en muchos casos, la parte fácil de la tarea. Queda la más difícil y no está claro que todos vayan a aguantar la presión.
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