Las fallas de los comités de evaluación de la elección judicial acorralan al INE

Todos los problemas derivados del mal diseño de la reforma judicial se han agolpado a las puertas del Instituto Nacional Electoral (INE), que debe lidiar ahora con las consecuencias y un escaso margen de maniobra. El mal desempeño de los comités de evaluación de los tres poderes, que establecieron requisitos demasiado bajos y ni siquiera revisaron con diligencia que los postulantes a jueces y magistrados los cumplieran, ha acorralado al organismo electoral, cuyos consejeros enfrentan un intenso debate sobre cómo enmendar a posteriori su mala gestión. El proceso de validación de triunfos de los candidatos vencedores el 1 de junio, la última tarea del INE, aparentemente sencilla, se ha convertido en el punto de confluencia de todos los fallos y en el último cortafuegos, junto con lo que decida el Tribunal Electoral, entre los candidatos cuestionados por su falta de idoneidad y los juzgados que deberán encabezar a partir del 1 de septiembre.

La tarea plantea multitud de problemas, porque “lo que el comité de evaluación podía hacer es distinto de lo que el INE puede hacer ahora”, señala Laurence Pantin, coordinadora del Observatorio de Justicia del Tecnológico de Monterrey: “Tiene las manos atadas”. Los seleccionadores debieron comprobar que los postulantes cumplían varios criterios clave. Uno era claro y objetivo: tener una calificación media de 8 en la licenciatura y de 9 en la materia sobre la que impartirán justicia. El otro dejaba margen a la interpretación, pero permitía descartar a muchos candidatos que sin embargo pasaron el filtro: la buena reputación. Ninguno de los dos fue revisado en profundidad y ahora el INE debe decidir si enmienda la plana de los comités que los aprobaron y anula los triunfos de los aspirantes que no los cumplen. Estamos “teniendo que solventar los vacíos o los errores que fueron cometidos desde el diseño legal de la reforma”, resume el consejero Martín Faz, que fija el próximo miércoles como la fecha límite de resolución. Será el Tribunal Electoral, en cualquier caso, quien tenga la última palabra.

Las discusiones del Instituto se están centrando en el criterio del promedio, dice el consejero, “porque los otros temas tienen un grado de subjetividad” mayor. “En tanto no haya una orden de aprehensión o una sentencia firme de culpabilidad, no es posible hacer una valoración más profunda”, puntualiza. Sin embargo, la gravedad de algunos casos y la intensa presión social han trasladado al INE el debate sobre su pertinencia. La consejera Carla Humphrey, por ejemplo, llevó al pleno esta semana la posibilidad de tumbar el triunfo de tres candidatos —Jaime Cisneros, Sergio Díaz y Genaro Antonio Valerio— que contaban con reiteradas denuncias relacionadas con los postulados recogidos en el criterio 8 de 8 contra la violencia de género, como el acoso sexual o ser deudor alimentario, a pesar de no contar con sentencias firmes en su contra.

Su propuesta fue rechazada por la mayoría, pero evidenció la delicada situación a la que se enfrenta el organismo, que debe resolver cuestiones de fondo que debieron quedar fijadas cuando se registraron las candidaturas. El caso de Héctor Ulises Orduña, que ganó su plaza como juez de distrito en Veracruz desde prisión preventiva por presunto abuso sexual de menores, se ha resuelto de otra forma. “En el proyecto que circula ahora, y que está en espera del análisis de los promedios, ya no aparece esta persona”, aclara Faz: “En este caso sí hay una orden de detención”.

La discusión alcanza también, sin embargo, a un requisito tan claro y objetivo como el de la calificación mínima, sobre el que los consejeros debaten si se pueden redondear las notas que rozan por debajo la puntuación exigida. “Ahí es muy claro lo que dice la Constitución y la norma. Si están atorados en ese requisito es porque hay una tensión política fuerte que se ha trasladado al interior del INE”, resume Josafat Cortez, de la Facultad de Ciencias Políticas: “Muchas de estas cuestiones van a pasar a la autoridad jurisdiccional”. Es decir, la disputa política llegará también al Tribunal Electoral, con resultados más imprevisibles que los del órgano electoral. Los expertos coinciden en que el INE se ha apegado más a las normas que la corte, cuyas decisiones han sido a veces cuestionadas por su cercanía con las preferencias del partido en el Gobierno, Morena.

“La decisión del tribunal puede ir en dos sentidos. Respecto a las anomalías documentadas de los acordeones —plantillas de boletas distribuidas para orientar o inducir el voto—, se va a apegar al discurso que no trastoca la validez de la elección”, vaticina Cortez. “Respecto a las impugnaciones de las candidaturas”, continúa, “creo que sí tiene la posibilidad de favorecer una interpretación que impida que ciertos aspirantes logren el cargo”. Lo ve, en cualquier caso, complicado, pues implicaría que “el tribunal se arrogue unas facultades de interpretación muy fuertes”. “No lo ha hecho hasta ahora y no creo que lo haga en este momento”, concluye.

Todos los problemas llevan a los comités de evaluación, que el informe de la OEA califica como una “parte medular” del proceso. La Misión encargada de observar las elecciones denunció específicamente su labor, sobre la que dijo: “El aspecto más preocupante fue que la capacidad de autorregulación que se les dio llevó a que las reglas y procedimientos para evaluar la idoneidad de los postulantes fueran marcadamente diferentes y tuvieran distintos niveles de exigencia”. “No hay garantía de que quienes resulten electos/as tengan la solvencia técnica, la idoneidad y las capacidades específicas que los cargos que asumirán requieren. Ello resulta preocupante a la luz de los estándares internacionales”, concluyó con dureza.

Para el consejero del INE Martín Faz, parte de la solución de cara a la segunda convocatoria en 2027, cuando se elegirá a la otra mitad del plantel judicial del país, pasa porque sea el propio Instituto quien haga los registros de las candidaturas, como habitualmente. “Somos expertos. En 2024 registramos 20.000. [Si lo hubiéramos hecho nosotros], no tendríamos los problemas que tenemos ahorita”, lamenta.

Las urnas: un segundo cortafuegos que también falló

Antes que al INE y al Tribunal Electoral, los comités de evaluación trasladaron la responsabilidad de frenar las candidaturas que ellos dejaron pasar a los ciudadanos, que no tuvieron tiempo ni información para comparar las opciones debidamente. “Tenía un costo cognitivo muy alto conocer quiénes eran, de dónde venían, su trayectoria y su reputación”, explica Josafat Cortez. Muchos votaron sin saber por quién lo hacían y otros tantos guiados por los acordeones, distribuidos principalmente por los partidos en el Gobierno, ya sea a nivel federal o estatal.

“En el caso de los candidatos locales, está muy claro que tienen el apoyo de los Gobiernos estatales”, dice Miguel Meza, fundador de Defensorxs, la organización que ha encabezado la revisión de las candidaturas. Habla, por ejemplo, de Hernán Vega Burgos, acusado de encubrir una red de trata en Yucatán, donde será juez; y de Tania Contreras, relacionada con una red de tráfico de huachicol en Tamaulipas, el territorio que quedará bajo su competencia. En el de Silvia Delgado, la exabogada del Chapo que ha ganado su plaza en Chihuahua, todavía no tiene claro de dónde le llegaron los apoyos. A nivel federal, el propio diseño de las boletas garantizó el triunfo de tres candidatas de la Iglesia de la Luz del Mundo, pues no tenían con quién competir dentro de la lista femenina. “Su voto no se dividió, ni siquiera fue por la movilización de la iglesia”, critica Meza.

Aunque la organización ciudadana consiguió dejar fuera de juego al menos a una veintena de aspirantes señalados por sus pasados turbios, un buen puñado de ellos consiguió sortear los filtros de los comités de evaluación primero, y de las urnas después. Todos ellos enfrentan ahora la última prueba, la validación de sus triunfos por parte de los organismos electorales, que tendrán la última palabra. Las autoridades enfrentan a su vez esta compleja tarea asediadas por el mal diseño de la reforma judicial y por los errores que cometieron los comités y que ahora se agolpan en su puerta reclamando solución.