De acusados por tortura a abogadas de La Luz del Mundo: los vencedores más polémicos de la elección judicial

Al menos seis candidatos que arrastran acusaciones por haber cometido presuntos delitos en el pasado se encaminan a convertirse en jueces. Se trata del efecto más negativo y el mayor temor que suscitaba la pasada elección de jueces en México, que abrió la puerta a candidaturas cuestionables e incluso riesgosas para el sistema de impartición de justicia. De momento, en la lista se encuentran tres abogadas ligadas a la iglesia evangélica La Luz del Mundo —cuyo líder, Naasón Joaquín, ha sido condenado en Estados Unidos por abuso sexual infantil—, así como otros tres perfiles acusados presuntamente de haber participado en los delitos de tortura, robo de combustible y trata de personas. A pesar de que ganaron la mayoría de sufragios respecto de sus competidores, el INE, la autoridad que organizó los comicios, aún puede anular sus triunfos si concluye que no deben llegar al cargo al que se postularon por no cumplir el criterio de idoneidad y buena reputación que exigía la convocatoria.

El caso más grave es el de Carmen Alejandra Lozano Maya, que se postuló como candidata a jueza penal local por Ciudad de México y obtuvo más de 44.300 sufragios en la jornada electoral, la votación más alta para ocupar ese cargo. Lozano Maya fue agente de la Fiscalía del Estado de México durante dos décadas, y en dos ocasiones fue denunciada formalmente por haber cometido detenciones arbitrarias y tortura contra personas inocentes. La exfuncionaria pidió en ambos casos el pago de una extorsión para dejar en libertad a las víctimas, según ha informado Animal Político. Lozano Maya fue investigada en las dos ocasiones, pero en ambos casos las autoridades del Estado de México dieron carpetazo al expediente y le aseguraron impunidad hasta el momento.

El expediente de Hernán Vega Burgos no se queda atrás. El jurista, que ha ganado el cargo de magistrado local en el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán con 115.000 votos, fue acusado de proteger una red de trata y explotación sexual en su Estado cuando fungía como delegado del Instituto Nacional de Migración, en 2009. Dos mujeres originarias de Costa Rica secuestradas en una casa declararon entonces que Vega Burgos cobraba 30.000 pesos mensuales como parte del acuerdo con la organización que las obligaba a prostituirse, según recogió La Jornada aquel año. “Si nos negábamos, Hernán nos amenazaba con violarnos y deportarnos”, reseñó también el medio de la declaración de las víctimas.

El funcionario renunció a su cargo y promovió varios amparos con los que logró que la investigación no trascendiera de la Procuraduría, que decidió no proceder contra él. Vega Burgos se ha defendido de los señalamientos estos días y ha alegado que le “fabricaron un expediente”. “Dichos supuestos ya fueron aclarados con pruebas irrefutables de las autoridades correspondientes”, ha zanjado. En 2019, ya había postulado para magistrado electoral local en un proceso abierto por el Senado. El morenista Ricardo Monreal dijo entonces a Imagen Radio que las acusaciones que pesaban sobre él serían tomadas en cuenta por la Cámara. Vega Burgos no consiguió ese cargo, pero esta vez ha logrado pasar todos los filtros.

El tercer perfil cuestionado corresponde a Tania Contreras, quien contendió y ganó el cargo de magistrada local del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas con 217.000 votos. Es la más votada de todos los competidores, por lo que además presidirá el alto tribunal. Contreras se desempeñó como consejera jurídica del Gobierno de Tamaulipas hasta que postuló para el cargo judicial, y está señalada por ser, presuntamente, el enlace entre el Ejecutivo estatal y una red de corrupción, sobornos y tráfico de huachicol en la Agencia aduanera, según el informe de la organización Defensorxs, encargada del monitoreo de las candidaturas riesgosas, basado en a investigación publicada en mayo por El Universal.

De acuerdo con esta información, la red delictiva era gestionada por el cuñado de la futura magistrada del Supremo local, Juan Carlos Madero Larios, administrador de la Operación Aduanera. El entonces secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, solicitó en 2022 al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que iniciara una investigación para indagar estos delitos. Sandoval, siempre según el reporte de este medio, se quejó entonces de que el funcionario siguiera desempeñándose como administrador, en lugar de haber sido cesado de su cargo. El informe que elaboró el CNI señalaba entonces el vínculo familiar de Contreras con Madero Larios como la conexión entre el Gobierno y la red.

La Luz del Mundo amplía su influencia

Tres abogadas enfiladas a convertirse en juezas federales tienen fuertes vínculos con La Luz del Mundo, una influyente congregación evangélica investigada en Estados Unidos y México por explotación sexual y blanqueo de dinero. El caso más emblemático es el de Madián Sinaí Menchaca Sierra, que, con casi 44.000 votos, ganó la elección de jueza de distrito en materia administrativa por Jalisco, el bastión político y cultural de la organización religiosa. Es hija del obispo Nicolás Menchaca, quien quedó al frente de la congregación evangélica tras la caída de Naasón Joaquín. Abogada de 30 años, la candidata fue detenida en mayo de 2024 en Tlaquepaque (Jalisco) por el delito de lesiones, tras haber chocado su auto con una pareja a bordo de una motocicleta. La mujer era en aquel momento asesora legislativa en el Congreso de Jalisco y su arresto no trascendió a los medios.

El padre de la abogada es una figura clave en la red de trata y corrupción de la iglesia evangélica. Víctimas y sobrevivientes de los abusos de Naasón Joaquín, El Apóstol de Jesucristo, han denunciado que el obispo Menchaca les ofreció dinero para no denunciar al máximo líder de la congregación, de acuerdo con Univisión. El obispo era de tal relevancia en la organización que, según el medio estadounidense, fue accionista en una de las compañías inmobiliarias del padre ya fallecido de Naasón, Samuel Joaquín, fundador de un emporio utilizado para blanquear capitales y como refugio para cometer abusos sexuales. Menchaca ha sido uno de los más férreos defensores de la inocencia del Apóstol de Jesucristo.

Otro caso es el de la abogada Eluzai Rafael Aguilar, hija de Samuel Rafael Quintana, ministro de culto de La Luz del Mundo, y que se postuló a jueza penal por Jalisco. La organización Defensorxs califica la postulación de Rafael Aguilar como “altamente riesgosa”, por considerar que se trata de una líder de la congregación. La jurista se formó en una escuela llamada Instituciones Educativas Hermosa Provincia, fundada y patrocinada por La Luz del Mundo. En su sitio de internet, Naasón Joaquín continúa apareciendo como “benefactor” del gobierno institucional de la escuela, a pesar de su sentencia por abuso de menores en EE UU. Rafael Aguilar también es integrante de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), el brazo institucional con el que La Luz del Mundo opera política y económicamente. El padre de la abogada también ha abogado públicamente por Naasón Joaquín.

El tercer caso es el de Salma Jaanai Martínez Macías, que ha ganado el cargo de jueza penal federal por el Estado de Coahuila. La abogada ha reconocido su membresía de la organización evangélica en publicaciones de Facebook. En una publicación de la red social afirmó que uno de sus objetivos era ser “un orgullo” para la iglesia fundada por El Apóstol de Jesucristo. Además, en chats organizados por miembros de La Luz del Mundo se pedía a los miembros votar por los candidatos patrocinados por la congregación religiosa, una de ellas, Martínez Macías, que finalmente triunfó en la elección judicial.

El ascenso de las candidatas vinculadas a La Luz del Mundo es otro paso que amplía la influencia del grupo evangélico en la vida pública mexicana. La iglesia ya había incursionado en la política de la mano de legisladores federales en las filas de Morena y varios funcionarios locales. Las víctimas de los abusos de Naasón Joaquín temen que los representantes de la organización religiosa operen desde el Poder Judicial para frenar la investigación que la Fiscalía mexicana tiene en curso contra la congregación por trata de personas y blanqueo de recursos.