Héctor Ulises Orduña, el presunto abusador sexual que ganó la elección judicial desde prisión

La campaña de Héctor Ulises Orduña duró menos de una semana. El 30 de marzo, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) dio el pistoletazo de salida para las elecciones judiciales del 1 de junio, el aspirante a juez de distrito en Veracruz se presentó así en un vídeo promocional: “No soy igual. Soy un juez diferente, un hombre decente, cercano a la gente. Para que la justicia llegue a todos, vota”. Cuatro días después, se grabó subido en una moto en marcha en la que denunciaba que le habían bloqueado su cuenta de TikTok. “Esa mano negra para la campaña de jueces está canija. Por cierto, ya me dieron mi número, soy el 24, ya voy a mandar a hacer mis volantes”, dijo entonces. No le dio tiempo. El 5 de abril, la Fiscalía estatal lo detuvo acusado de un delito de abuso sexual de menores y personas incapaces. Al día siguiente entró en prisión preventiva, y la dependencia detalló que también se le relacionaba con casos de pornografía infantil en Estados Unidos. Orduña llevaba dos meses en la cárcel cuando ganó, por apenas 44.000 votos, su plaza de juez federal en materia mixta.

El caso del veracruzano concentra todos los temores de quienes criticaron la irresponsabilidad con la que actuaron los comités de evaluación de los tres poderes, que validaron a muchos aspirantes que no habrían pasado un control más estricto o concienzudo. La candidatura de Orduña, que el 11 de marzo escribía en su cuenta de X “Vota 1 de junio, plan C va” ―una referencia al nombre con el que el expresidente López Obrador bautizó su operación para sacar adelante la reforma judicial mediante un apoyo masivo en las urnas a su partido―, fue aprobado por el comité del Ejecutivo, el más laxo de los tres. El jurista Javier Martín Reyes, de la UNAM, descarta que lo hicieran a propósito. Más bien, dice, ilustra una vez más las consecuencias de un trabajo que fue poco diligente. “Se les coló de todo”, resume: “Si hubieran hecho una revisión más seria, muy probablemente se hubiera podido detectar”.

Los hechos por los que se denuncia al juez electo se produjeron en septiembre de 2021, en una clínica en Poza Rica, un municipio del norte del Estado costero. Durante una visita a un familiar, Orduña presuntamente realizó tocamientos contra su sobrina, menor de edad, a la que también obligó a ver vídeos explícitos de él y su pareja. A este proceso se sumarían además los casos de pornografía infantil en el país vecino con los que la Fiscalía de Veracruz le relaciona y sobre los que ha evitado ofrecer ningún detalle. El entonces candidato fue detenido por este suceso cinco días después de iniciar la carrera, pero dos meses después logró hacerse igualmente con un cargo de juez para el que ni él mismo pudo votarse.

“Nadie ganó estas elecciones por las campañas”, explica Martín Reyes. “Hay gente que hizo muy buenas campañas, muy creativas, con buenos mensajes, pero aquí ganó quien estaba en los acordeones del Ejecutivo”, incide. En este distrito de Veracruz, donde se disputaban cinco plazas en materia mixta, el primer candidato ganador, también propuesto por el Ejecutivo, obtuvo su lugar por 81.000 votos. Orduña, el segundo y último candidato masculino en hacerse con el cargo, la ganó por 44.221, muy cerquita del siguiente competidor, que se quedó a 1.200 sufragios de distancia. “El primer lugar claramente estaba en un acordeón”, analiza el jurista sobre la diferencia de votos. “En el segundo, puede que imperara la lógica del melate ―candidatos elegidos aleatoriamente―, o que estuviera en algún acordeón menos potente y con un poco de suerte salió electo".

El triunfo de Orduña también ilustra lo que diversas organizaciones civiles y expertos señalaron cuando llamaron a la ciudadanía a no renunciar al voto: los futuros jueces iban a ser elegidos por muy pocos sufragios, especialmente los hombres, cuyas listas eran más competitivas que las de sus pares. El abogado ganó con el apoyo del 1,03% de los electores que acudieron a las urnas, el 1,75% si solo se tienen en cuenta los votos válidos. Un porcentaje minúsculo que lo deja a apenas tres centésimas de distancia del siguiente aspirante, que quedó fuera. Lo logró a pesar de las acusaciones de abuso, de no haber podido hacer campaña y de haber seguido la carrera electoral desde prisión.

La ficha que el abogado facilitó al INE con su currículum y sus propuestas no presentan a un candidato especialmente idóneo tampoco en los aspectos técnicos. Su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia, así como las medidas que promete implementar, están plagadas de faltas de ortografía. En lo que respecta al contenido, recoge propuestas como que los jueces electos sean sometidos cada dos años a un examen de polígrafo.

Con la votación finalizada y el puesto ya asignado, el organismo electoral debe ahora analizar si invalida o no el triunfo de este y otros aspirantes, una cuestión que debatirá este mismo miércoles. El criterio conocido como 8 de 8 contra la violencia de género habilita al Instituto a hacerlo para casos con sentencias firmes relacionadas con este tipo de violencia, pero se desconoce qué hará en aquellos supuestos donde todavía no hay condenas ni juicios, o incluso con aquellos aspirantes, hoy jueces electos, cuyas candidaturas fueron denunciadas por no cumplir criterios de idoneidad más flexibles en su interpretación. La intensa presión social y política hacen pensar que algunos de esos triunfos serán cancelados, resta conocer dónde quedará finalmente colocado el umbral de lo tolerable. Descartado el filtro del comité de evaluación y también el de la ciudadanía en las urnas, el INE será el último cortafuegos entre estos candidatos y los juzgados.