El gobernador de Sinaloa sacude su Gabinete, tocado por la corrupción y las desapariciones

El Gobierno de Sinaloa del morenista Rubén Rocha Moya ha sufrido una sacudida tras la salida de su secretario de Economía, Ricardo Velarde Cárdenas, un empresario restaurantero de Mazatlán dueño de centros nocturnos que han sido escenario de desapariciones y tráfico de drogas. La salida era inminente, pues el mandatario aseguró que se planteaba el cese disfrazado de renuncia. La confirmación llegó horas después de que Rocha se reuniera con Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

“He tomado la decisión de dejar mi cargo para atender con responsabilidad y transparencia una situación que nos afecta a todos”, señaló Velarde Cárdenas la tarde del jueves. Nada indica de momento que su salida implique una investigación penal. Sin embargo, sus negocios han dejado una estela de crímenes, de acuerdo a Sonia de la Garza, la fiscal estatal de Durango, quien aseguró recientemente que el crimen organizado opera en los centros nocturnos de Mazatlán.

Los dichos de De la Garza se dan porque Carlos Emilio Galván, un joven duranguense de 21 años, desapareció el 5 de octubre mientras vacacionaba con su familia en el puerto sinaloense. Sus allegados lo vieron por última vez la madrugada de aquel día en el antro Terraza Valentinos, en la zona dorada de Mazatlán, luego de que dijera a sus acompañantes que iría al baño.

No ha sido el único caso. El 4 de agosto, Danna Fernanda, de 22 años, Gonzalo Ismael, de 23, y Rodolfo, de 24, todos originarios de Culiacán, desaparecieron después de un altercado en el bar Cotorritos. Los jóvenes fueron confrontados por negarse a comprar vapeadores que vendían al interior del local. Los tres fueron liberados en días posteriores, pero con amenazas contra ellos y sus familias.

“Ellos llevaban sus vapes y adentro los vendedores los amagaron, luego los persiguieron y se los llevaron. Los tenían amarrados y los iban a matar, pero luego les empezaron a decir que si quiénes eran o quiénes eran sus familiares por el escándalo que había por la desaparición y por las grabaciones de las cámaras que el antro no quería dar”, aseguró una parienta de una de las víctimas.

Los dos establecimientos, Terraza Valentinos y bar Cotorritos, pertenecen al Grupo Eleva, un consorcio de más de 15 restaurantes, bares y antros con presencia en Mazatlán, Tijuana, Guadalajara, entre otras ciudades. Los locales mencionados se suman a otras marcas como El Muchacho Alegre, Gusto al Gusto. Estas se popularizaron a la par de la trayectoria de Velarde Cárdenas en la función pública, pues gozan de privilegios como horarios ampliados para la venta de alcohol, tolerancia a altos niveles de ruido con bandas musicales en vivo dentro y fuera de los locales, y que los establecimientos se encuentran a nivel de playa sin mostrar permisos federales.

Ricardo Velarde Cárdenas ocupó el cargo de director comercial de Grupo Eleva desde su fundación en 2007 hasta al menos 2018, según su último currículum público. En el Registro Público de Comercio sigue apareciendo como copropietario del grupo empresarial. Después saltó al servicio público, primero en el ayuntamiento de Mazatlán y luego ocupó las carteras estatales de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, además de la de Economía.

Polémica en Bienestar

Además del recambio en la Secretaría de Economía, el gobernador Rocha Moya removió a María Inés Pérez Corral, secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable. El cese ocurre después de que se revelara la compra de 40.000 despensas a sobrecosto que deben ser repartidas a personas desplazadas por la violencia.

La secretaria Pérez Corral solicitó a Administración y Finanzas la compra de las despensas, pero con condiciones específicas, las cuales solamente pudo cumplir una empresa denominada Berries Company S. de R.L. de C.V., una firma creada en Nayarit y asentada en Culiacán tras modificaciones en su acta constitutiva. Cada despensa tuvo un costo de 320 pesos, pero en el valor de mercado al menudeo estas tenían un costo promedio de 240 pesos, un sobrecosto de 80 pesos que ascendía a los tres millones de pesos en su conjunto. El dinero extra se justificó como pago para los trabajadores que empaquetaban las despensas.

La empresa Berries Company ha obtenido 65 contratos con dependencias estatales sinaloenses. Son contratos firmados entre 2022 y 2025 para compras del Sistema DIF Estatal, la Secretaría del Bienestar y el Sistema DIF Culiacán. Por todos esos contratos, la compañía ha recibido 380 millones de pesos.

El escándalo de las despensas no fue lo único que puso en la mira a Pérez Corral, quien también destinó tres millones de pesos para un programa de control animal que debió coordinarse por Bienestar, pero en su lugar fue tomado por Marisela Castaños Pérez, hija de la secretaria. Esta creó una organización animalista llamada Fundación Balto y Togo, en la que recibe donativos en su cuenta personal.

La hija de la exsecretaria de Bienestar está dada de alta por el Gobierno federal como servidora de la nación, un empleo que lleva los programas sociales a personas de comunidades marginadas e indígenas. Sin embargo, desde el mes de abril de 2025 está ocupada en el programa de esterilización de su madre y en su organización, por lo que ha dejado de asistir a brigadas aunque sigue dada de alta en la nómina. Ulises Piña, delegado de Programas para el Bienestar en Sinaloa, ha confirmado a este periódico que Castaños Pérez forma parte del equipo de servidores de la nación y sigue dada de alta en la nómina y en activo.

Existe un último detalle que se suma a las controversias de la exsecretaria local de Bienestar y su familia. Pérez Corral fundó en abril de 2023 Acuícola CastPer, una empresa que debió funcionar como granja, pero apenas un año más tarde fue cerrada y liquidada por su socio, Raúl López Amarillas. La Fiscalía General de la República incluyó a Acuícola CastPer en una red de dos empresas y 29 personas que operaban casas de cambio para lavar dinero en Tijuana, de acuerdo al expediente UEIORPIFAM/AP/202/2014.