El día en que la vida se interrumpió en República de Cuba 11

Las lonas de colores que se asoman en la calle de República de Cuba, a unos pasos del Zócalo de Ciudad de México, son techos improvisados que resguardan lo que quedó de 19 hogares. Las camas, refrigeradores y fotografías familiares que se amontonan bajo la lluvia, son los restos de las vidas interrumpidas tras el desalojo de la madrugada del miércoles pasado en el número 11. La forma en que las 19 familias y dos locales fueron arrojados a la calle, ha dejado ver cómo los huecos legales y la falta de protocolos institucionales pueden dejar a las personas sin hogar ni alternativas.

Los vecinos expulsados advertían este jueves desde la calle en la que han dormido por 10 noches, que la situación les ha impactado física y emocionalmente, pues gran parte de ellos son adultos mayores. Uno de los comerciantes del inmueble murió este sábado. “Para mi padre, Adrián Montoya, fue demasiado ver nuestras cosas tiradas como si fueran basura. Le dio un infarto días después y murió”, narra su hijo Julio.

En una conferencia de prensa improvisada entre los muebles, denunciaron violaciones a sus derechos humanos y criminalización. “Nos llaman ‘paracaidistas’, pero aquí hemos vivido por generaciones. Nos quieren quitar para hacer departamentos de lujo”, afirma Cecilia Pérez, una de las desalojadas.

El abogado Arturo Aparicio, quien encabeza la defensa de los desalojados, presentó un pliego petitorio de 10 puntos que exige, entre otras cosas, el retorno inmediato de los vecinos al edificio y transparencia sobre el proceso jurídico.

Cuando el propietario del edificio falleció, los inquilinos pagaron renta durante décadas a una inmobiliaria que después desapareció, por lo que iniciaron un proceso para expropiar el edificio. El desenlace, sin embargo, fue que entre irregularidades, una tercera persona hizo un contrato de compraventa hace tres años, sin que los vecinos se enterasen. El representante legal de los afectados detalla que el juicio fue contra el dueño original, que está muerto desde 1992.

Silvia Emanuelli asegura que aunque parezca difícil de creer, el de República de Cuba no es un caso aislado, sino que se parece a muchos otros que han identificado desde la Coalición Internacional para el Hábitat, donde es coordinadora de la región latinoamericana. Emanuelli enumera los problemas, que vienen de raíz. Trámites complicados de transmisión de propiedad, ausencia de testamentos, acompañamientos legales costosos y, sobre todo, la informalidad que permite a terceros aprovecharse con documentos apócrifos para iniciar juicios entre privados. “Muchos inquilinos ni siquiera se enteran de que hay un proceso en su contra. A veces tienen miedo de recibir notificaciones, y al final se topan con desalojos sorpresivos”, explica.

La experta subraya la responsabilidad del Poder Judicial. “Los jueces no revisan con rigor los documentos y tampoco consideran la vulnerabilidad de los afectados. En un litigio entre privados, el Estado no tiene elementos de saber cuáles son las características del desalojo si el tribunal no alerta. El tribunal se tiene que asumir como un organismo que no solo defiende la propiedad privada, sino también los derechos humanos de la población”, subraya. En 2019, el Tribunal Superior de Justicia aceptó un protocolo de desalojos elaborado junto con la Coalición Internacional para el Hábitat. El objetivo era garantizar protección especial a grupos vulnerables. “Pero parece que ese protocolo ha quedado en el papel”, lamenta Emanuelli.

Daniela Sánchez, coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda de la Universidad Iberoamericana, coincide. “El Código de Procedimientos Civiles de la capital, reformado en 1993, facilita lanzamientos exprés sin notificación adecuada. Y el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, que ya se aplica en algunos estados, mantiene el mismo esquema”, advierte.

“Llegaron rompiendo puertas, candados, se metieron, nos saquearon, nos robaron”, relatan los vecinos, en su mayoría adultos mayores. Los afectados acusan que durante el despojo desaparecieron objetos de valor como relojes, celulares o dinero en efectivo y que, además de los uniformados, había cargadores que fueron agresivos y de quienes sospechan que cometieron los robos.

Lo que comparten los vecinos pone en evidencia a los cargadores como un actor poco regulado. Son especialistas en desalojos que ofrecen sus servicios a las afueras de los juzgados y calculan sus precios según el número de personas desalojadas o el tamaño de la propiedad. “No hay reglas claras sobre su actuación” advierte Emanuelli. El propio Gobierno de la ciudad ha reconocido que los cargadores son un problema, pues actúan sin ningún tipo de control. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que impulsará reformas para vigilar su función y evitar abusos. “Queremos que los desalojos, aunque sean legales, no se conviertan en actos que violenten derechos humanos”, afirmó.

El desalojo forma parte de la tendencia de gentrificación en la capital, donde edificios habitados por décadas son convertidos en viviendas de lujo o departamentos en renta temporal para plataformas como Airbnb. “La vivienda es un botín de especulación. Los desalojos muchas veces terminan por desplazar a familias de bajos recursos para dar paso a proyectos de alto valor comercial”, señala Sánchez.

Tras la mediatización del caso, el gobierno capitalino ofreció alojamiento temporal en hoteles para 16 de las familias expulsadas y un apoyo mensual de 4.000 pesos para renta, según informó el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini. Sin embargo, muchos siguen durmiendo en la calle para vigilar sus pertenencias. “Usamos el hotel solo para bañarnos”, explica Cecilia Pérez.

La administración local también prometió crear un protocolo que obligue al poder judicial a notificar anticipadamente tanto al gobierno como a los habitantes de los inmuebles a desalojar. Entre las medidas planteadas está garantizar la presencia de la Comisión de Derechos Humanos en cada diligencia, proteger las pertenencias y promover mesas de conciliación entre las partes antes de ordenar un lanzamiento.

Emanuelli reconoce este y otros esfuerzos del Gobierno de Brugada. “Veo intenciones, mucha mayor apertura, un incremento del presupuesto para la vivienda muy importante que solo se asemeja al de Andrés Manuel López Obrador, que ha sido entre los más altos que esta ciudad ha tenido. Es un cambio, pero hay que seguir trabajando”, asegura la experta.

Aunque los tribunales suelen justificar los lanzamientos por impagos o disputas de propiedad, las expertas insisten en que existen protocolos internacionales para que un desalojo no signifique condenar a las familias a la intemperie. “Debe contemplarse alojamiento temporal, acceso a servicios y medidas de reinserción habitacional”, apunta Sánchez.

El caso de República de Cuba deja ver la tensión entre la legalidad y la justicia social. Los desalojos son avalados por un juez, pero con consecuencias devastadoras para las familias. “Los desalojos seguirán ocurriendo mientras no haya un sistema que garantice seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda y que, al mismo tiempo, respete los derechos humanos. De lo contrario, cada operativo se convertirá en una tragedia colectiva”, concluye Emanuelli.