Expulsados por la gentrificación: “La ciudad nos corre, ya no podemos vivir aquí”

Maricela Jasso hace memoria y recuerda cómo era la colonia Roma Norte hace 40 años, cuando se mudó a un departamento con su familia cerca de la Fuente de Cibeles. Se acuerda de los talleres de reparación de bicicletas que abundaban en las esquinas, las farmacias locales y esas calles populares donde hacía vida de barrio. Era un lugar muy distinto del que la expulsaron hace un año, cuando le dijeron que venderían la propiedad que habita. “Van a tumbar el edificio que tiene más de 80 años y que aguantó los temblores del 85 porque no les conviene, tienen un departamento por piso y ahora quieren construir de nuevo para hacerlo de Airbnb”, dice la señora de 74 años desde su nueva casa alquilada en Taxqueña. Su hija tuvo que mudarse fuera de la ciudad ante la imposibilidad de pagar las rentas de la capital, su nieto tuvo que despedirse de sus amigos y cambiar de escuela. Una historia que se repite en los barrios tensionados por la gentrificación en Ciudad de México, que tras las violentas protestas de jóvenes presionados por las subidas de precios, se mira al espejo de sus legislaciones laxas, la falta de vivienda y ante el avance de un mercado de desarrollos inmobiliarios inalcanzables para el grueso de la población.

La renta del departamento que Jasso pagaba no llegaba a los 7.000 pesos, un poco menos del salario mínimo mensual en la capital. Al fallecer su casero —un hombre honesto y amable, como lo describe ella— sus hijos heredaron el edificio y pretenden remodelarlo para subir las rentas a 30.000 pesos. Daniela Sánchez, coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, explica que, en el país, el proceso de gentrificación ha llegado tarde respecto a otras capitales del mundo, especialmente europeas, y que ahora se está empezando a visibilizando. La revalorización de los barrios se ve recrudecida por otros males que ya aquejaban a la ciudad: hay pocas viviendas disponibles para una zona metropolitana de casi 22 millones de personas, el 17% de la población total del país. También los obstáculos burocráticos para acceder a un contrato de renta o un crédito hipotecario, los desarrollos inmobiliarios pensados para la inversión y el consumo, así como una facilidad de residencia para extranjeros que ven en México un destino barato y que los recibe con los brazos abiertos.

El pasado julio, la olla a presión de malestar alimentada por subidas drásticas de los precios y una tendencia a usar el inglés como idioma estándar en barrios como la Condesa, llevó a un grupo de jóvenes a organizarse para salir a protestar por las calles a grito de “Gringo, go home”. Sánchez señala que ese discurso es una “expresión individual” que responde más al contraste del trato que Estados Unidos le está dando a sus residentes mexicanos con las drásticas políticas migratorias de Donald Trump y a una mirada anticolonialista e imperialista, más que a señalar a los verdaderos causantes de la gentrificación.

Adrián Hernández Cordero, quien estudió su doctorado en Geografía en la Universidad Autónoma en Barcelona, observó el malestar que ocasionaba el turismo primero en los barrios históricos de esa ciudad. Al regresar a México como investigador, comenzó a identificar los síntomas en varias ciudades del país. “Cuando se empieza a transformar un barrio hay una dimensión psicológica: los lugares de encuentro de arraigo vecinal desaparecen, porque se convierten en lugares de consumo para turistas. Las tortillerías de las calles, las fruterías o incluso las torterías desaparecen y se llevan con ellos un tejido social”, apunta el especialista. Como Sánchez, Hernández, lejos de mirar hacia el turismo extranjero como el origen de la gentrificación, señala los fondos de inversión que comprar barato para vender caro y construir edificios para alojamientos temporales. “No es el pequeño propietario que vende su casa o la pone en Airbnb como ingreso complementario, sino en las FIBRAs (Fideicomisos de Bienes Raíces) que son globales, fondos de inversión que ven oportunidades para invertir en diferencial de renta”, explica.

El investigador Luis Alberto Salinas Arreortua, del instituto de Geografía de la UNAM, apunta a la responsabilidad del Gobierno en la regulación del capital de inversión, quien es el que decide qué se construye y para quién, dejando de lado a los vecinos de ingresos bajos y medios. “Han permitido que capital inmobiliario comercial actúe sin una regulación en los incrementos desmedidos de los alquileres, así como en que los usos de suelos se tramitan en las alcaldías en vez de con la ciudad, que permite que se siga construyendo”, indica. También apunta a una costumbre cultural en México en la que se acepta que se suba cada año la renta un 10% o más, cuando debería de aumentar acorde a la inflación.

Las manifestaciones tan mediáticas en contra de la gentrificación aceleraron la respuesta del Gobierno federal y local, y este último se apresuró en presentar el proyecto Bando 1: Por una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo local. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló que entre las medidas de reforma está el control a las subidas de la renta para que no supere la inflación del año anterior, la publicación de un índice de precios de alquiler razonable, así como iniciativas de impulso a la vivienda local y un control de padrones de anfitriones de alquileres temporales. La promesa de una respuesta contundente se acumula junto a la legislación para limitar las plataformas como Airbnb, que está atascada desde hace más de un año en juicios de amparo por la empresa.

Sergio Ceja, un vecino de la Santa María de la Ribera desde hace dos años, usa este tipo de plataformas para alquilar un cuarto en su departamento. Cuando llegó al barrio notó las obras que cimentaban nuevos edificios de viviendas, que ahora se están terminando de vender. En solo dos años se fue transformando la colonia, con el precio del metro cuadrado que pasó de 40.000 pesos a más de 60.000. También los negocios parecidos a la Roma y a la Condesa empezaron a proliferar, empresas que buscan un cliente extranjero más ‘hipster’, como lo define él. Desde que usa Airbnb para buscar huéspedes, también ha notado mucha oferta a su alrededor, algunos son edificios de uso exclusivo para esta empresa y algunos son propiedad de extranjeros. “Tuve un inquilino que vive seis meses aquí y seis en California, y compraron una casa en el barrio para rentarla cuando no están”, recuerda. “Todavía no es nada que ver a lo que pasa en Roma-Condesa, pero sí que en dos años se ha visto el cambio”, añade.

Esa transformación del barrio también la sufrió Maricela Jasso a lo largo de los años. “Ya no existe el barrio que había ni los vecinos que estaban, el entorno cambió mucho y lo embellecieron para extranjeros”, narra mientras recuerda que su casa se rodeó de las colas de restaurantes de lujo que nadie de su familia podía permitirse. Sánchez indica que hay una cara de la gentrificación invisibilizada que es la del impacto social y cultural, más allá de lo económico, por la subida de las rentas. “La colonia Xoco era un barrio originario, pero con la llegada del desarrollo inmobiliario los pobladores se han visto discriminados, ellos y sus fiestas patronales, las tradiciones, la música, los cuetes. En la colonia Roma también lo vemos, o incluso en los barrios del sur de la ciudad”, detalla y agrega que ese desplazamiento se traduce en pérdida de lazos locales y tradiciones. En definitiva, en una pérdida de identidad.

Con todo, no todo el mundo está en contra de la gentrificación. Antonio Alvarado Briones, quien compró una casa en la Roma en 2008 por una décima parte de lo que vale ahora en el mercado, recuerda que la zona antes no era deseable por la cantidad de basura y ratas que acumulaba en ciertas calles. “A mí me gusta más el barrio ahora que antes”, expresa y detalla la oferta gastronómica y cultural que el turismo ha traído a su barrio. “Es verdad que no pagan impuestos y que no hablan español [en referencia a los estadounidenses que se han asentado en la zona], pero son amables y pagan rentas, restaurantes y generan empleo”, incide. Reconoce que los precios han subido, desde las taquerías —que han quitado el picante de las salsas para agasajar el paladar extranjero— hasta las fruterías de barrio, pero lo explica como “un proceso que no es mal intencionado” y que responde a dinámicas naturales del mercado.

Sánchez insiste en que la gentrificación deja más víctimas que ganadores, y que a la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda llegan cada semana nuevos casos de familias que sufren “desalojos silenciosos”, un proceso de expulsión a través de subida del alquiler, discriminación y amenazas para que abandonen sus casas. En consecuencia, varios vecinos se ven relegados a las periferias, a barrios más alejados de sus trabajos o colegios, impactando en su calidad de vida y seguridad. La abogada lamenta que las medidas de Brugada son tibias e insuficientes para paliar estos efectos. “Tenemos problemas de seguridad jurídica para los inquilinos. Hay mucha facilidad para que te puedan desalojar, es un proceso rápido, fácil para un arrendado”, indica.

Hernández, por su parte, apunta a la construcción de más viviendas verticales para densificar más la mancha de aceite que es la ciudad, con varios de edificios de pocas alturas para la cantidad de demanda de departamentos, así como a una regulación inmediata de los alojamientos temporales. Salinas añade que se debe de planificar el crecimiento de la ciudad a largo plazo, pensando en sus habitantes y en su necesidad de vivienda no como un negocio, sino como una necesidad.

Mientras esos cambios llegan, Maricela Jasso espera en su vivienda temporal que el Gobierno le dé una solución. Consiguió que su nieto acabara el curso en la escuela cerca de la Cibeles, llevándolo y trayéndolo todos los días desde Taxqueña y agregando dos horas de trayecto a su rutina escolar. Ahora que él y su hija se han mudado a San Luis Potosí, donde pudieron encontrar casa, ella lucha por quedarse en la ciudad en la que ha vivido toda su vida. “Andamos en foros de Gobierno para que oigan nuestras peticiones, pero van los propietarios a decir que son ellos las víctimas. Como viven de sus rentas tienen tiempo de ir a pelear e ir a defenderse, no como uno que está trabajando”, se queja. “Tenemos derecho a la ciudad, a la vivienda digna. No lo queremos regalado, pero al menos que no nos quite la mitad del sueldo”, sentencia.