La legislación de Airbnb en Ciudad de México, una medida contra la gentrificación atorada en los tribunales

Las recientes manifestaciones en contra de la gentrificación en Ciudad de México han puesto sobre la mesa la parálisis institucional en el sector de los hospedajes temporales. La capital tiene pendiente la implementación de normas para paliar los efectos de las plataformas rentas de corto plazo, casi evidente de Airbnb. La reforma a la Ley de Turismo, aprobada el año pasado, ha quedado en un limbo en los tribunales, tras los amparos que presentaron los anfitriones de la capital para proteger su ingreso. Mientras tanto, la crisis de vivienda avanza en una ciudad que no para de crecer y con un pronunciado déficit habitacional.

El viernes, los habitantes de algunas de las colonias con más plusvalía y alza de precios salieron a la calle a protestar. Vecinos de la Juárez, Roma Norte, Condesa e Hipódromo marcharon con carteles donde se leía “Gringos go home”. Las plataformas digitales de renta de apartamentos por periodos cortos tienen un alto impacto en estas zonas y los residentes lo resienten. La mayoría de departamentos turísticos se concentran en esos barrios, aumentando los precios del alquiler y desplazando a los ciudadanos residentes. Entre los reclamos de los manifestantes, estaba la regulación de empresas como Airbnb o Booking para frenar la especulación inmobiliaria.

En abril del año pasado, el entonces jefe de Gobierno, Martí Batres, anunció una reforma a la Ley de Turismo que pretendía frenar el fenómeno de la gentrificación y el desplazamiento de los vecinos históricos en las colonias con más turismo. La primera medida era la creación de un padrón de anfitriones que obligaba a los dueños a registrarse, dar detalles de su inmueble y pedir un permiso para operar. Seis meses más tarde, el Gobierno capitalino propuso más reformas, como que un alojamiento temporal solo podría ser rentado la mitad del año. La propuesta fue aprobada por el Congreso con 49 votos a favor, seis en contra y nueve abstenciones.

Sin embargo, tanto los anfitriones como las plataformas presentaron batalla. Airbnb informó en enero de que iba a frenar la implementación de la ley a través de un amparo “para continuar apoyando a la comunidad de anfitriones y en verdad promover una igualdad de oportunidades y condiciones a través de una regulación justa”. Los propietarios que prestan este servicio presentaron sus demandas de forma individual. Actualmente, la gran mayoría de juicios sigue en trámite, según explica el abogado Héctor Leonel Rivera Muñoz. “En algunos de ellos fue concedida la suspensión definitiva para que la restricción de ocupación del 50% de las noches al año no sea aplicada hasta en tanto los juicios sean concluidos”, explica el especialista.

Las demandas que tuvieron resolución decretaron que no existe afectación para los anfitriones, ya que el amparo tendría que solicitarse una vez superaran el 50% de noches reservadas al año o cuando se habilitara el padrón. Riviera explica que se presentaron recursos de revisión para esa resolución para que un Tribunal Colegiado las revise y en su caso las confirme o revoque. “Actualmente, ya existe una resolución de un Tribunal Colegiado que ordena al juez entrar al estudio del fondo del asunto y decidir sobre la inconstitucionalidad de la ley planteada”, añade.

Tanto Airbnb como los anfitriones argumentan en sus demandas que más del 80% de los hospedajes a través de plataformas se ofrece por anfitriones que cuentan con uno o dos inmuebles y que las restricciones de la reforma afectan sustancialmente a sus ingresos, especialmente en anfitriones de la tercera edad. La plataforma va más allá y señala que los alojamientos temporales dejan un beneficio económico en el barrio. “Por cada peso que un huésped gasta en alojamiento, deja casi cuatro pesos adicionales en restaurantes, transporte, comercios y actividades turísticas”, apuntan en un comunicado.

Respecto a las regulaciones que ya existen en la capital, Riviera apunta a que los anfitriones pagan un 1,5% más de impuestos federales que los hoteles. Airbnb cuantifica que desde 2017 las operaciones en su plataforma han retenido y entregado más de 650 millones de pesos en impuestos sobre el hospedaje en Ciudad de México. Además, el abogado apunta a que actualmente los apartamentos turísticos tienen las mismas obligaciones legales que los hoteles. “No sería justo que, al tener las mismas obligaciones de hospedaje, a unos se les permita ofrecer el servicio el 100% de las noches al año, mientras que a otros solo se les permita el 50%”, subraya y destaca que prohibirlos solo aumentaría la oferta informal de alojamientos temporales.

Claudia Sheinbaum ha asegurado que se está trabajando con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para buscar los mecanismos de regulación para que no se encarezca en ciudad. “Particularmente en la Condesa, la Roma, ya hay mucha especulación inmobiliaria derivada de la renta de Airbnb y todas estas plataformas digitales que rentan espacios”, apuntó. Sin embargo, no hay avances sobre cuándo se empezará a implementar la reforma de la Ley de Turismo, si se acompañará de más restricciones para los alojamientos temporales o si frenará la crisis de vivienda en la capital.