El Tribunal de Disciplina se estrena con la amenaza de revisar el patrimonio de los jueces y encarcelar a los corruptos

Los jueces de México temían que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), que se creó con la reforma a la judicatura impulsada por Morena, se convirtiera en una especie de anacrónico tribunal inquisitorio. El nuevo órgano disciplinario ha entrado ya en funciones con la promesa de que no se desatará una persecución con trasfondo político, sino que vigilará estrictamente la conducta de los jueces. Los magistrados del TDJ —todos vinculados al oficialismo— han advertido de que una de sus primeras tareas será revisar el patrimonio de los juzgadores, a fin de determinar si corresponde con sus ingresos, y han anunciado que enviarán a la cárcel a los corruptos e impondrán castigos a quienes dilaten la emisión de las sentencias.

El TDJ es una de las dos palancas con las que el oficialismo controlará el nuevo Poder Judicial, el que se ha conformado con la elección de jueces por voto popular de junio pasado. La otra palanca es el Órgano de Administración Judicial (OAJ), creado para gestionar el millonario presupuesto asignado a la judicatura. Ambas instancias iniciaron funciones el martes, luego de que los juzgadores electos tomaron posesión del cargo en el Senado y de que se instaló oficialmente la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los magistrados del Tribunal de Disciplina, ayudados por el oficialismo, obtuvieron su lugar tras presentarse a la elección judicial, mientras que los integrantes del Órgano de Administración fueron designados directamente por el Ejecutivo, el Senado y el pleno de la Corte.

Antes del nacimiento del TDJ y el OAJ, el ya extinto Consejo de la Judicatura Federal cumplía al mismo tiempo la tarea de vigilar a los jueces y administrar los recursos materiales y humanos de todo el Poder Judicial. La reforma pergeñada por Andrés Manuel López Obrador y continuada por Claudia Sheinbaum, la presidenta, dividió las funciones y las encargó a dos instituciones distintas. Los especialistas en Derecho y los jueces expusieron en su momento cuestionamientos al diseño del Tribunal de Disciplina. Aunque el oficialismo insistió en que no se sancionará a ningún juez por el contenido de sus sentencias, sino solo por conductas indebidas, los críticos señalaron que la línea es muy delgada. Además, causó preocupación el hecho de que en un mismo órgano recaiga tanto la investigación como la sanción de las faltas. El TDJ tiene la última palabra y no existe instancia externa para apelar una resolución.

Los magistrados del tribunal han querido salir al paso de estos señalamientos. “No vamos a ser la Inquisición ni perseguidores de amigos o de enemigos, vamos a cuidar la buena conducta de los juzgadores, que traten bien al personal que depende de ellos, que traten bien a la ciudadanía que acude a pedir justicia”, aseguró el magistrado Bernardo Bátiz, una de las figuras más cercanas a López Obrador y a Morena. “Vamos a cuidar también, y esto es muy importante, su fortuna, cómo está, qué tienen, cómo la hicieron. […] Somos revisores, no de las sentencias, sino de la conducta, cómo se portan, cómo cumplen los reglamentos”, agregó.

La magistrada Celia Maya, presidenta del TDJ y militante de Morena, y el magistrado Rufino León incidieron en la necesidad de reducir el tiempo que tardan los tribunales en resolver los asuntos, lo que retrasa el derecho al acceso a la justicia. “Daremos cárcel a los jueces corruptos y sanciones severas a los que retarden o resuelvan injustamente los casos. Desterremos de una vez la idea de que en México solo se obtiene justicia si se cuenta con dinero o poder”, indicó León. Maya abundó en que “no se debe tolerar que haya conductas inadecuadas o indolentes en la administración de justicia”, y añadió: “no es admisible la impunidad de los malos juzgadores, es inaceptable el retardo en la resolución de los asuntos”.

Con la instalación del Órgano de Administración Judicial, a la par que el TDJ, ha quedado completado el nuevo rostro de la judicatura en la era de Morena. El presidente del OAJ, Néstor Vargas —muy cercano a la presidenta Sheinbaum y que arrastra acusaciones de abuso sexual—, advirtió de que se ajustará el gasto del Poder Judicial. “La austeridad será norma, no excepción, ya que cada peso será auditado, cada plaza será revisada, cada readscripción y adscripción será transparente”, dijo, y remató: “porque no hay justicia sin honestidad”.