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El ‘Mayo’ y el imperio de la droga que se benefició de la corrupción en México: las claves de la acusación de EE UU contra el narco

Washington afirma que el veterano capo y los otros líderes del cartel ganaban 10 millones de dólares al año solo por el tráfico de cocaína

Mayo Zambada presta juramento antes de declararse culpable en un tribunal federal de Nueva York, el 25 de agosto.
Zedryk Raziel

Para Estados Unidos, Ismael El Mayo Zambada era “uno de los principales administradores, organizadores, supervisores y líderes de la empresa criminal” denominada Cartel de Sinaloa. Además del alias El Mayo, se le identificaba con el sobrenombre Doc, según una de las varias acusaciones presentadas por la Fiscalía de EE UU contra el capo, que este lunes se ha declarado culpable de conspiración y de dirigir una empresa criminal para el tráfico de drogas. Washington sostiene que la organización sinaloense funcionó al menos desde la década de los noventa gracias a la corrupción de policías, políticos y jueces de México. Un señalamiento que el propio Zambada admitió en su audiencia en una corte federal de Nueva York, donde dijo que, en efecto, había pagado sobornos a funcionarios del ramo de seguridad y a políticos, aunque no dio nombres, ni los dará, según ha asegurado la defensa del capo.

La Fiscalía estadounidense asegura que El Mayo y los otros líderes del cartel, entre ellos Joaquín El Chapo Guzmán, obtuvieron “sustanciales ingresos y recursos por hasta 10 millones de dólares brutos, durante un periodo de 12 meses, por la manufactura, importación y distribución de cocaína” en el país norteamericano. A ello habría que sumar las millonarias ganancias por el contrabando de otras drogas, como marihuana, metanfetamina y fentanilo, la especialidad del Cartel de Sinaloa.

La cifra anotada por Estados Unidos es apenas la punta del iceberg de la fortuna del veterano narcotraficante. El juez Brian Cogan ordenó que se le confiscaran a Zambada bienes y activos por 15.000 millones de dólares (280.000 millones de pesos). La cifra es estratosférica, pero se explica en gran medida por el hecho de que, según lo declaró el propio Zambada, se había dedicado al negocio ilícito del tráfico de drogas durante casi seis décadas, hasta su caída el año pasado, cuando fue entregado en turbias circunstancias a Washington.

El Mayo aceptó su culpabilidad únicamente en los cargos relacionados con su liderazgo del Cartel de Sinaloa, presentados por la Fiscalía en dos acusaciones distintas, una de 2009 y otra de 2012. Esos documentos describen las operaciones del cartel como empresa criminal desde los años noventa, cuando también recibía el nombre de La Federación o La Alianza, pues funcionaba como “un sindicato del crimen organizado fundado sobre las fuertes relaciones entre los principales capos del narcotráfico, un consejo con representantes de las organizaciones criminales de sus principales líderes”. La acusación de 2009 menciona como dirigentes del sindicato a El Mayo Zambada junto a los hermanos Arturo y Héctor Beltrán-Leyva, Ignacio Nacho Coronel, El Chapo Guzmán y Jesús Zambada, El Rey, hermano de El Mayo.

Presentada hace casi 15 años, esa acusación no da cuenta del momento en que la alianza de míticos capos se rompió debido a las traiciones mutuas, ni de la muerte de varios de aquellos líderes criminales (los dos Beltrán-Leyva y Nacho Coronel) o de su captura (El Chapo, El Mayo y El Rey están en manos de EE UU). No obstante, sí señala cómo el Cartel de Sinaloa operó principalmente “a través de una red de contactos policiacos y políticos” que le permitieron “dirigir una red de transporte de drogas a gran escala por tierra, aire y mar para traficar varias toneladas de cocaína por Sudamérica, Centroamérica, México y finalmente Estados Unidos”. El documento indica que, si bien a veces los líderes del cartel tenían conflictos, priorizaban el funcionamiento de la organización, compartiendo las rutas de tráfico, reduciendo la violencia y, sobre todo, “asegurando su protección política y judicial”.

El documento de 2012 añade que, bajo el liderazgo de El Mayo y El Chapo, y pertrechado con sicarios y grupos que funcionaban como brazos armados, el Cartel de Sinaloa encabezó el tráfico de toneladas de cocaína y marihuana a EE UU, operó el blanqueo de recursos y ordenó asesinatos en ese país y el vecino del sur. El grupo criminal, dice la acusación, secuestró, torturó y amenazó a narcos rivales, a posibles informantes, a agentes de seguridad, a periodistas y a personas inocentes, así como a integrantes desleales. El expediente de la Fiscalía relata las alianzas del Cartel de Sinaloa con el brazo armado Gente Nueva y su guerra contra el Cartel de Juárez, dirigido por Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, por el control de la ruta de tráfico hacia EE UU. De acuerdo con la Fiscalía, todas las ganancias obtenidas en Estados Unidos “regresaban en última instancia” a El Mayo y El Chapo en México.

Ese dinero, también, era usado por ambos capos para “reinvertirlo” en la empresa criminal, añade el documento: comprar equipo ―armas, municiones, chalecos antibalas, radios, vehículos― y propiedades para uso del cartel, pero también para pagar a sus miembros y socios. El documento menciona los nombres de varios policías municipales y estatales de Sinaloa y Chihuahua en la nómina del cartel, y los pone como coacusados de Zambada y Guzmán.

Por lo que declaró este lunes El Mayo sobre corromper a comandantes policiales y militares, así como a políticos, es seguro que la nómina de la organización incluía a funcionarios de mayor nivel. La Fiscal estadounidense, Pam Bondi, hizo eco de esas declaraciones y aseguró que el líder criminal “pagaba sobornos a funcionarios del Gobierno” a los que calificó de corruptos. En México, sin embargo, esos cómplices podrán respirar tranquilos, pues el abogado del capo, Frank Pérez, ha asegurado que su cliente no colaborará de ninguna manera con la justicia estadounidense.

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Sobre la firma

Zedryk Raziel
Reportero de EL PAÍS México, especialista en la cobertura de asuntos políticos y de corrupción. Licenciado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido colaborador en el diario Reforma y el portal Animal Político. Es coautor de ‘El caso Viuda Negra’ (Grijalbo, 2022).
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