Migrantes en Chiapas denuncian una estela de corrupción en las solicitudes de refugio: “Nos están entregando al crimen organizado”

Brian Rivera salió de Cuba tras ser acusado del robo de un celular a una mujer en calles de La Habana. Estaba en el lugar equivocado y se topó con las personas equivocadas. La embestida jurídica de un militar, padre de la presunta víctima, provocó que el isleño estuviera una semana en una celda sin agua ni comida, con el sol reventándole la piel.

Lluvia, calor, sereno. Tras esto logró salir de la cárcel, luego que la parte ofendida no presentara las pruebas suficientes para comprobar la culpabilidad de Brian. El integrante de las fuerzas armadas cubanas tuvo que retirar todos los cargos al no haber elementos para castigar al denunciado. Así comenzaba su pesadilla.

Sicarios pagados por el militar intentaron quitarle la vida en dos intentos. La primera vez con piedras enormes para destrozarle el cráneo, la segunda con un ataque directo a su casa con bombas molotov. Los matones no pudieron concretar la tarea en ambas ocasiones.

Brian huyó de su infierno el 24 de noviembre de 2023. Llegó en un vuelo directo a Nicaragua, después a Panamá y por último a Tapachula, donde inició el procedimiento de la solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Lo que no sabía es que devenía otro infierno, uno que lo iba a quemar a brasa lenta. Tuvieron que pasar 30 días para que funcionarios de la Comar le dijeran que no era apto a la condición de refugio, pese a haber presentado todas las pruebas de su caso que lo etiquetaban como “preso y perseguido político”.

“Usted salió por avión, no huyó”, le contestaron los empleados de la oficina gubernamental cuando pidió una explicación.

“Mi historia la cortaron, todo el proceso de la prisión y lo que hizo el militar para matarme lo cortaron, no salió eso nunca por ningún lado, solo pusieron que salí de Cuba en avión, solo pusieron lo que les convenía para negarme el refugio”, señala.

Aunque al isleño de 37 años nunca le pidieron de forma descarada dinero para obtener el permiso, conoce a gente cercana que desembolsó de 35.000 a 50.000 pesos mexicanos (entre 1.900 y 2.700 dólares) para obtener el refugio en cuestión de días. “Una amiga mía que ahora mismo está en Estados Unidos, le dieron su condición de refugio aquí [Tapachula]. Ella sabía que la iba a obtener porque pagó, nunca supo ni lo que dijo en la entrevista y ella salió de Cuba porque quería reunirse con su esposo en Estados Unidos, no tenía un motivo real de peligro”, sostiene.

Brian no tenía siquiera para comer. ¿De dónde iba a obtener esa cantidad de dinero para comprar su estancia legal en México?

Denuncias de corrupción

La hilera de denuncias de migrantes que han sido rechazados en la petición de refugio o asilo es larguísima, sólo que no hay autoridad alguna que las recabe e inicie un procedimiento de investigación. Muchos siguen varados en el sur de Chiapas, sin poder trabajar ni poder moverse a otras regiones de México; tampoco pueden vivir en Tapachula con los sueldos raquíticos por jornadas extenuantes de trabajo.

Muchos de estos extranjeros, cansados del letargo y denuncias por corrupción de las autoridades mexicanas, decidieron correr el riesgo y enlistarse en un padrón para salir en caravana con rumbo al centro del país.

Según el activista Luis García Villagrán, quien promovía esta movilización, en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) hay acumulados más de 14.000 expedientes de migrantes que no han sido atendidos en el periodo de enero a julio de 2025.

La cifra, dice el defensor de derechos humanos, podría ser mayor porque en estos miles de rezagados no se cuentan los que aún esperan el inicio de su procedimiento, que tiene que ser acreditado a través de un correo oficial de la comisión tras haberse inscrito en un buzón electrónico.

“La Comar no quiere que los hermanos migrantes estén aquí, los están obligando a caminar sin darles la residencia permanente. Entonces vamos a caminar en caravana”, aseveraba el 4 de agosto García Villagrán durante una entrevista con EL PAÍS.

El también abogado refiere que para poder llegar a una petición de refugio positiva se requieren tres pasos: tener el dinero listo, engancharse con alguno de los tramitadores que son puestos por la misma Comar y esperar unos días para que la “compra” de legal estancia se haga efectiva. Se trata de un servicio exprés para los que desembolsaron hasta 50.000 pesos y un papel inalcanzable para los que apenas tienen para sobrevivir.

EL PAÍS intentó entablar comunicación con el área de prensa de la Comar en México, para saber si tiene conocimiento de estas denuncias en la venta de tales permisos, pero nunca hubo una respuesta.

El 5 de agosto, a unas horas de partir de Tapachula, Luis Villagrán realizó un pronunciamiento y protesta en el parque Bicentenario de esta localidad fronteriza. Volvió a denunciar la red de corrupción en la Comar y el Instituto Nacional de Migración.

Minutos después, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), marinos, FGR y Guardia Nacional. En un comunicado emitido por el Gobierno mexicano, se informó que el activista fue aprehendido por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de tráfico de personas.

“Se ubicó a Luis Rey ‘N’ como el encargado de conseguir documentación falsa para acreditar el paso legal de los migrantes por territorio nacional, además de ser uno de los principales impulsores de caravanas de migrantes y contar con una orden de apregensión vigente en su contra”, señala la versión de la Secretaría a cargo de Omar García Harfuch.

La noticia de la detención fragmentó por completo al grupo de casi 2.000 migrantes que saldrían el 6 de agosto pasado hacia Ciudad de México. Sólo lo hicieron 300 personas que ahora transitan por el sur de Chiapas.

Más de 40 colectivos en México y Estados Unidos condenaron la detención de Luis Villagrán y exigieron su pronta liberación. “Lo detuvieron porque se volvió una piedra en el zapato para el gobierno de Claudia Sheinbaum”, sentenció el activista y sacerdote Heyman Vázquez.

Casos de vida o muerte

La colombiana Viviana Montiel es otro de los tantos casos rechazados por la Comar. Siguió de forma impecable el procedimiento y a los 20 días de iniciarlo le negaron su estadía legal en México. A decir de la mujer, es como si jugarán a quitarle pétalos a una flor: “este sí, este no” y así sucesivamente.

También huyó para salvar su vida. Mostró a los funcionarios mexicanos videos, fotos y testimonios fehacientes para comprobar que su vida corría peligro, pero nada de eso sirvió porque no traía dinero en los bolsillos para pagar por el permiso.

Su historia parece sacada de una novela beligerante de los años 80, donde todo el espectro familiar es protagonista. La mayoría de sus hermanos y primos pertenecen a un grupo paramilitar activo que se encarga de secuestrar personas para pedir rescates en el departamento de Antioquia.

Ella, lejos de formar parte del clan, se encargó de liberar a esos inocentes por los cuales cobrarían su libertad.

“Yo ayudé a salir a muchas personas de ese secuestro, pero en esa escapatoria asesinaron a alguien de mi familia, un tío. Entonces mis demás familiares me buscaban para matarme y tuve que huir a través de una empresa que me contrató como niñera profesional en Panamá. Hui de mi país y dejé a mis dos niñas (…) hui de mi propia familia”, relata.

Tras ser descubierta como la “liberadora de secuestrados”, a Viviana no le quedó alternativa más que irse de su tierra. De heroína a niñera y de niñera a una más de las rechazadas en Comar en México.

Al igual que a Brian, el argumento de la comisión fue que su salida de Colombia se dio por un aeropuerto de forma oficial, sin ser perseguida por nadie y viajando con una nueva oportunidad de trabajo en el extranjero. Pero a Viviana le pisaban los talones los sicarios a los que días antes les había arruinado el negocio. Y esos sicarios eran de su propia sangre.

“Me negaron el refugio, yo lo acepto ya, pero necesito un permiso para trabajar porque estamos atrapados sin empleo, sin dinero, comiendo lo que podemos adquirir de la calle, de la caridad de la gente y de algunos trabajitos informales que conseguimos”, añade la mujer.

En el limbo migratorio

Brian y Viviana cruzaron sus caminos por la travesía que los condujo hasta México. Ahora, sentados en una banca de una plaza pública de Tapachula esbozan una sonrisa en complicidad. Decidieron volverse pareja mientras sorteaban la dura batalla.

Para él, la corrupción ha carcomido su sueño de tener una mejor vida. Para ella, la impotencia y el desaliento se conjugan en un vaivén de emociones. Ambos quieren seguir, pero el camino luce complicado.

“Me están obligando a subir por tierra, a exponerme al cartel, al crimen organizado, a los mismos policías que son otros delincuentes; me están orillando a eso, a que me maten, a que la maten o violen a ella, ya no tengo vida aquí y aquí no puede estar mi destino, nos están entregando al crimen”, sentencia Brian.