Detenido el alcalde de Teuchitlán por su vinculación con el rancho del Cartel Jalisco
José Ascensión Murguía, de Movimiento Ciudadano, es la primera captura de un caso repleto de irregularidades. Las autoridades reconocen que el lugar fue un centro de reclutamiento del crimen, pero niegan la tesis del crematorio


El alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, de Movimiento Ciudadano, ha sido detenido este fin de semana por la Fiscalía General de la República (FGR) por su vinculación con el rancho Izaguirre, utilizado por el Cartel Jalisco Nueva Generación, al menos, como centro de operaciones y reclutamiento. Desde que los colectivos de madres buscadoras del Estado entrarán al rancho a principios de marzo y encontraran rastros de hogueras, cientos de restos de huesos y ropa, el caso ha ido escalando hasta colocarse cómo uno de los últimos grandes retratos de la crisis de violencia y seguridad que atraviesa al país. De momento, la detención del alcalde del pueblo donde está el rancho es la única captura relacionada con las investigación.
Desde el principio, todo lo relacionada al caso ha estado marcado por la negligencia y la irregularidad. El lugar estuvo en funcionamiento hasta septiembre de 2024 cuando un operativo de la Guardia Nacional llegó al lugar, fue recibido con disparos de arma de fuego, y detuvo a 10 personas, rescató a dos que estaban secuestradas y halló también a una fallecida. Aún así, el lugar no fue intervenido ni investigado por las autoridades, ni locales ni federales. Hasta que a principios de marzo, el colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco llegó al rancho, gracias a una pista anónima que los avisó de que el Cartel Jalisco Nueva Generación desaparecía personas en ese lugar. Descubrieron rastros de hogueras, cientos de fragmentos de huesos, zapatillas y ropas abandonadas por sus dueños. Las madres buscadoras lo llamaron centro de exterminio
Durante las primeras semanas, a medida que el caso encendía la indignación de un país que arrastra 127.000 personas desaparecidas, la tónica fueron los reproches entre las autoridades estatales y federales. Hasta que la FGR tomó el caso. El 8 de abril, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aseguró en la conferencia diaria presidencial, la Mañanera, que no habían encontrado indicios de hornos crematorios y adelantó que la semana siguiente enseñaría las pruebas.
Su siguiente aparición pública se ratrasó hasta esta misma semana, cuando repitió que “no hay una sola prueba que acredite que era un sitio de cremación”. Gertz se ha referido a unos análisis realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que niegan que hubiera calentamiento “arriba de 200 grados”. Estas declaraciones chocan con el estudio de la Secretaría de Ciencia del Gobierno de México, al que tuvo acceso EL PAÍS, que identificó en el rancho “altas concentraciones de ceniza” y humo procedente de hogueras alimentadas con hidrocarburos “como gasolina, diésel o llantas” en 2019. Ese análisis, realizado a partir de imágenes satelitales, casa con los hallazgos del los colectivos de buscadores que entraron al rancho a principios de marzo: hoyos y zanjas con aparentes restos de fuego, además de materiales que parecían calcinados.
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