Las reformas de seguridad y desaparición forzada se atascan en el Congreso por diferencias entre Morena y la presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum no ha visto ni verá materializadas sus propuestas de reforma en materia de seguridad y desaparición forzada en este periodo ordinario de sesiones del Congreso mexicano que está a nada de concluir. El reloj no da tregua y los acuerdos y cambios que se prevé realice el oficialismo a ambas propuestas, refieren legisladores de Morena, no han llegado a buen puerto desde la presidencia hasta la bancada mayoritaria, tampoco con sus partidos aliados: el PVEM y el PT. Esto ha retrasado el avance de las enmiendas de gran calado que la mandataria ha marcado como prioritarias y que se esperaba desahogaran a toda velocidad, como suele ocurrir con las encomiendas presidenciales. Los ánimos de las coordinaciones de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado para abrir un periodo extraordinario de sesiones eran prácticamente nulos, hasta este miércoles. La mandataria ha repetido la fórmula ya constante, lanzar dardos desde la conferencia matutina. Esta semana ha deslizado que entregará una iniciativa más al Congreso, para combatir el delito de extorsión, “de ser necesario en un periodo extraordinario”, dijo. El mensaje ha llegado fuerte y directo a los morenistas, pero con todo eso, no logran ponerse de acuerdo sobre la hoja de ruta y menos sobre una fecha tentativa para realizar el periodo extemporáneo, aunque proyectan que sea la segunda quincena de junio.

Los legisladores no se amilanan. A propósito de las vacaciones de Semana Santa, se han dado nueve días libres. A su regreso quedarán solo 10 días para bajar las persianas y declarar concluido el periodo ordinario de sesiones. De no aprobarse un extraordinario, las reformas presidenciales podrían ver la luz en el último tramo del año, en la próxima temporada de trabajos legislativos que inician el 1 de septiembre. La aparente falta de voluntad de los legisladores para la apertura de un periodo extraordinario, dicen cercanos a la mandataria, cayó como balde de agua helada a Sheinbaum y ha estirado un poco más la liga, que ya es tensa, con el Congreso y los líderes de Morena, Adán Augusto López, en el Senado y Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados. Hoy, la consigna es que haya un periodo extemporáneo para desahogar los temas presidenciales que se han rezagado.

Sheinbaum entregó en febrero al Congreso un par de iniciativas de ley con el objetivo de apresurar la consolidación de su estrategia de seguridad. Las propuestas buscan reforzar las superfacultades que la mandataria, a través de su iniciativa, le dio en la Constitución a la Secretaría de Seguridad Pública de Omar García Harfuch. Un registro nacional de usuarios de telefonía móvil para combatir el secuestro y la extorsión, actualización diaria de bases de datos, y la concentración de las labores de investigación en la dependencia. Estas son las apuestas de ambas leyes en materia de seguridad enviadas a la Cámara de Diputados. Las dos se encuentran detenidas por el puñado de cambios que se alistan desde la presidencia de Sheinbaum, principalmente en el registro de telefonía y en materia de investigación, y que no han logrado consenso con los grupos parlamentarios.

El plan contempla una reingeniería de las instituciones de seguridad a las que obliga a compartir diariamente la información que generen. Y sobre todo, otorga aún más poder a Harfuch en materia de investigación. El líder de los diputados federales, Monreal, ha deslizado públicamente que su intención personal es sacar las leyes en la última semana del periodo ordinario de sesiones, aunque no ha concluido el análisis sobre las modificaciones que se harán, pero también ha deslizado que hay altas posibilidades de un periodo extraordinario, aunque en privado ya se ha confirmado.

La propuesta presidencial en materia de desaparición forzada también ha sufrido una pausa, aupada por la mandataria, con el objetivo de escuchar a las organizaciones de personas buscadoras de desaparecidos. La propuesta fue una salida desesperada a la crisis que ocasionó al Gobierno los hallazgos encontrados, en marzo, en el rancho Izaguirre, que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) usaba en Teuchitlán para secuestrar, torturar y asesinar. La exclusión de las familias de desaparecidos en la enmienda encendió un puñado de protestas que lograron frenar la aprobación fast track de la iniciativa enviada al Senado. Un mensaje de buena voluntad para los familiares de desaparecidos y también para los organismos internacionales, entre ellos la ONU, que criticó que en la iniciativa de reforma de Sheinbaum no se consideró a las familias. El tema ocasionó la apertura de mesas de diálogo entre la Administración de Sheinbaum y las familias, tarea encomendada a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mano derecha de presidencia y la que se encuentra en medio del fuego cruzado entre la presidencia y el Legislativo para apresurar los cambios y la aprobación de las iniciativas de reformas enviadas por la mandataria.