La España que no recicla incumplirá los objetivos europeos. La que recicla, también

También en el mundo del reciclaje hay dos Españas. La que, desde hace 30 años, vislumbró que la basura se convertiría en un problema ambiental, y diseñó un sistema de concienciación y de separación de residuos, y la España que a duras penas empieza ahora a implantar el llamado “cubo marrón”, destinado en exclusiva a los residuos orgánicos. En el primer grupo se encuentran Cataluña, País Vasco y Navarra, con el 40% de recogida selectiva; en el resto —aunque con excepciones de buen comportamiento— todas las demás, que fluctúan entre el 10% y el 30%. La mala noticia es que ninguna de las dos alcanza en la actualidad el objetivo fijado por la Unión Europea para 2025, que es del 55%, y no parece viable que lleguen al 60% marcado para 2030. ¿Hay alguna solución, una especie de varita mágica capaz de revolucionar el mundo del reciclaje? Los expertos aventuran solo una: “Hay que ponerle matrícula a la basura”.

Son las 12 de la noche. Un camión de la basura de la compañía Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) se detiene frente a un portal del barrio madrileño de Tetuán. El operario que viaja agarrado a la parte trasera del camión —equipado con un casco y un uniforme reflectante— sale disparado hacia un cubo de basura marrón, lo aúpa a la plataforma del vehículo y pulsa un botón para que el contenido se vierta en el depósito. Desde la calle no es posible apreciarlo, pero en ese cubo, había plásticos y otros residuos. Es una escena que se repite en cada barrio, en cada ciudad, en todas las comunidades autónomas. Gabriel Cobos, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Segovia, explica de forma muy gráfica la situación.

Segovia tiene 53.000 habitantes. Se podría decir que es una ciudad media, manejable, que en principio no presenta la complejidad de las grandes concentraciones de población. Por si fuera poco, el compromiso del municipio con una recogida de residuos más eficiente va más allá del color político. Ahora gobierna el PP, pero hasta 2023 lo hacía el PSOE, que fue el que comenzó la implantación del cubo marrón. Y, aun así, Cobos reconoce: “No está saliendo del todo bien. Hemos puesto en marcha campañas de concienciación para que la gente sepa qué va y qué no va en cada cubo, incluso tenemos la figura de un educador ambiental, que acude a bares o a comercios para explicar cómo se debe hacer, y también va a sitios donde sabemos que no lo están haciendo bien”. Y añade: “Los datos han ido mejorando paulatinamente, poco a poco, pero muy poco a poco”.

Segovia, como otras localidades que aspiran a una recogida de residuos más eficaz, se mira en el espejo de las comunidades que ya llevan años de adelanto. Gabriel Cobos, sin ir más lejos, llegó a contactar con Barcelona y otros municipios para saber cómo pueden mejorar.

—¿Y qué le dicen?

—Que el único sistema eficaz para que la basura orgánica vaya al contenedor marrón es cerrarlo. O lo que es lo mismo: que cada vecino tenga una tarjeta personal e intransferible con la que abrir el contenedor destinado a los residuos orgánicos.

Pero eso todavía queda muy lejos. De los 911 municipios catalanes, 370 tienen ya en funcionamiento este tipo de “contenedores inteligentes” o un sistema llamado “puerta a puerta”, que consiste en que cada vecino dispone de un cubo —rotulado con su calle, piso y puerta— que tiene que bajar a la calle a determinadas horas y días de la semana. Victor Mitjans, técnico en residuos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), dice que este modelo supondría ponerle una matrícula a la basura: “Imaginemos que los coches no llevaran matrículas, ¿alguien puede creer que se cumplirían las normas de circulación…?”. La experiencia de estos municipios demuestra que solo así se pueden alcanzar los objetivos de recogida selectiva que exige la UE. Pero esos 370 municipios solo representan el 10% de la población de Cataluña.

La razón de ese gran desajuste, no ya dentro de España, sino de comunidades que desde hace tiempo apuestan por una recogida sostenible y eficaz, es muy sencilla y a la vez muy compleja: la recogida ideal requiere un gran compromiso político, una considerable inversión y, también, una buena dosis de implicación por parte de los vecinos. Un ejemplo: en la actualidad, la gestión de los residuos supone cada año la mayor factura de cada ayuntamiento. Si se suma la limpieza de las calles, la recogida de contenedores y el tratamiento de residuos, la cifra asciende aproximadamente al 10% del presupuesto municipal. A Segovia, con un presupuesto anual de 72 millones, le cuesta casi 10; a Barcelona, cuyo presupuesto es de 3.807 millones, el capítulo de residuos asciende a 350. Pero hay más: el modelo de recogida que permitiría alcanzar los objetivos de la UE no solo es más caro –más medios, más personal, más inversión—, sino más engorroso para los vecinos.

Rosario Soto, que vive en el barrio barcelonés de Sant Andreu del Palomar, recuerda como una pesadilla los meses en los que se intentó implantar el puerta a puerta: “Nos obligaba a estar en casa durante unas horas concretas al día para tirar la basura. Si llegabas tarde del trabajo, te aguantabas y te comías la basura”. En aquel barrio, el experimento del puerta a puerta no solo fracasó, sino que el problema de la basura se convirtió en uno de los principales motivos de queja de los barceloneses, y el Ayuntamiento paralizó la iniciativa. Hay que tener en cuenta un axioma que suele repetir el experto Victor Mitjans:

—La gestión de la basura no te va a hacer ganar unas elecciones, pero te las puede hacer perder.

A la presión que los ciudadanos ejercen cada cuatro años con su voto, un concejal de Medio Ambiente de cualquier ciudad grande o pequeña tiene que lidiar día a día con otro poder. El de las grandes empresas —seis o siete, siempre las mismas— que se reparten el pastel de los residuos en toda España. En la mayoría de los casos se trata además de grandes constructoras —FCC, OHL, Acciona o Valoriza—, cuyo vínculo con las Administraciones Públicas incluye también adjudicaciones tan estratégicas como el de las grandes infraestructuras. Ramón Cebrián, presidente del comité de empresa del servicio de limpieza de Barcelona, subraya que el de las basuras, aunque no tiene un margen tan alto como el de otros negocios, es para este tipo de empresas no solo rentable, sino seguro y estable: siempre hay que recoger los residuos, y cuando no se hace, por una huelga de trabajadores o por un desencuentro entre empresa y ayuntamiento, la ciudad estalla.

Pero además hay otro factor no menos importante. Las empresas que ganan el concurso —normalmente para un periodo que va más allá de una legislatura—adquieren una relación que se puede llamar casi íntima con el poder municipal. Hace unos días, al telefonear al responsable de una gran constructora en Segovia y explicarle que también se había acordado una cita con el concejal Gabriel Cobos para hablar de los problemas de los residuos, contestó rápido:

—Ah, pues entonces iré yo también a esa reunión. Nos vemos allí.

Y allí estaba, a las once en punto de la mañana del día siguiente, sentado en el despacho del concejal.

El camión de FCC continúa su ruta por el centro de Madrid. Hay una secuencia que ya se ha hecho familiar, la de la velocidad de los operarios para cargar los contenedores en el camión, dejarlos en la vía y subir de un salto a unos vehículos que ya han arrancado. Luis, un “mozo especializado” de FCC que lleva más de 20 años en la compañía y que ya acumula en sus rodillas el desgaste de un trabajo tan duro, cuenta el porqué de la escena:

—Un día empezamos a correr para terminar antes nuestra ruta e irnos a casa. Las empresas se dieron cuenta de que se podía hacer en menos tiempo y ampliaron el recorrido. Así que hemos pasado de correr para acabar pronto a tener que correr para acabar.

Ahora, para cumplir los objetivos de reciclaje de la Unión Europea, quienes tienen que correr, y mucho, son los ayuntamientos.