Irán condena a ser ahorcado en público a un joven de 18 años por participar en las protestas

Irán ha condenado a muerte a Saleh Mohammadi, de 18 años, por participar supuestamente en una de las últimas manifestaciones contra la República Islámica, aplastadas hace ahora un mes con una represión en la que murieron al menos 7.000 personas, de acuerdo con cálculos provisionales de organizaciones de derechos humanos. Según ha confirmado a este diario la organización Iran Human Rights (IHR), basada en Oslo, que monitorea la aplicación de la pena capital en el país asiático, esta es la primera condena a muerte conocida relacionada con esas protestas. Se teme que no sea la última. Cientos de detenidos en las manifestaciones están acusados de cargos que pueden conducir al patíbulo, en especial uno exclusivo de la legislación iraní: la “enemistad con Dios”.

De acuerdo con la información obtenida por Iran Human Rights, el Tribunal Penal de la ciudad de Qom, en el norte de Irán, condenó a Mohammadi a ser ejecutado en público el pasado 3 de febrero, después de declararlo culpable de asestar una puñalada a un agente de policía durante una manifestación en esa urbe el 8 de enero. Esa jornada fue, según cientos de testimonios recogidos por la prensa internacional, incluido por este diario, el día en el que se desató la represión a gran escala y en el que murieron un gran número de víctimas de las fuerzas de seguridad y paramilitares.

Mohammadi es un luchador que ganó la medalla de bronce de la Copa Saytev en Krasnoyarsk, en Rusia, donde compitió en 2024 en las filas del equipo nacional iraní. Fue arrestado el 15 de enero en Qom y obligado a confesar bajo torturas, denunció durante el juicio, en el que se retractó de su confesión, según IHR.

El joven, que compareció ante los jueces sin un abogado de su elección —solo con un letrado elegido por las autoridades—, alega además disponer de una coartada. Asegura que ni siquiera participó en la protesta en la que se perpetró el crimen que se le atribuye, sino que, en ese momento, se encontraba en casa de su tío.

El tribunal desestimó las alegaciones del joven y lo condenó, siempre según IHR, sobre la base de su confesión y de testimonios de supuestos testigos presenciales del crimen. Los jueces lo sentenciaron después a morir en la horca, el método de ejecución más utilizado en Irán, y a serlo en público, en el mismo lugar de Qom donde murió el policía de cuya muerte se le acusa: la plaza Nabutov. Este tipo de ejecuciones se lleva a cabo normalmente suspendiendo al condenado con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda de una grúa instalada en la parte trasera de un camión. Al ahorcamiento asisten los familiares de la supuesta víctima.

La condena a muerte de Mohammadi puede ser recurrida en un plazo de 20 días, según la legislación iraní. Sin embargo, IHR advierte en un comunicado de que ese plazo se ha “incumplido en casos anteriores”.

Majidreza Rahnavard, un manifestante detenido durante la anterior oleada de protestas contra el régimen en 2022 —las del movimiento “Mujer, Vida, Libertad”, desatadas por la muerte a manos de la policía de la joven kurda Yina Mahsa Amini— fue ahorcado en público cuando solo habían transcurrido 23 días de su arresto y 18 de su condena en primera instancia. También en aquella ocasión, las organizaciones de derechos humanos denunciaron torturas y un juicio fulminante y sin garantías.

Aterrorizar a la población

Cuando Rahnavard fue ahorcado el 12 de diciembre de 2022, las organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso de esas ejecuciones públicas para infundir miedo a la población, especialmente en el contexto de las sucesivas oleadas de protestas contra el régimen que han sacudido Irán en los últimos años.

También ahora, el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, ha asegurado, en el comunicado difundido por su organización, cómo “tras la masacre sin precedentes de manifestantes, las autoridades de la República Islámica buscan aterrorizar a la sociedad mediante la ejecución de manifestantes detenidos”. En ese contexto, prosigue el activista, “la sentencia de muerte de Saleh marca una peligrosa escalada”.

Amiry-Moghaddam ha llamado después a la comunidad internacional a ejercer una “presión coordinada”, junto con las opiniones públicas, para “aumentar el coste político de las ejecuciones planeadas y ayudar a salvar a Saleh Mohammadi y a los muchos otros manifestantes en peligro”.

Esos iraníes que podrían acabar en el patíbulo, reitera la ONG iraní de derechos humanos, son varios centenares. “Dado el uso sistemático de fuerza letal por parte de las autoridades, la confianza en confesiones obtenidas mediante tortura, el desprecio por el debido proceso y el historial de ejecuciones apresuradas y secretas”, esos detenidos afrontan “un riesgo creciente de condenas a muerte masivas, ejecuciones y asesinatos extrajudiciales”.

Las autoridades de la República Islámica ya han televisado los juicios de otros dos manifestantes: Mohammad Abbasi y Mohammadreza Tabari. Estos dos hombres están acusados de un cargo sin equivalencia en otros países: moharebeh o enemistad con Dios, que suele derivar en penas capitales, y además están siendo juzgados por tribunales revolucionarios en manos de la Guardia Revolucionaria, el poderoso ejército paralelo cuyo fin es proteger al régimen religioso. Ese sistema judicial alternativo al regular se utiliza en Irán para obviar a los tribunales convencionales y enviar a la cárcel o a la horca a disidentes y manifestantes.

La televisión iraní está además difundiendo cientos de confesiones de personas detenidas en las protestas, unas asunciones de delitos que organizaciones de derechos humanos creen que están siendo obtenidas también con torturas. Esas apariciones televisivas para confesar supuestos crímenes son a menudo el paso previo al patíbulo en Irán, el país que ejecuta a más personas en general y a más mujeres en particular per cápita del mundo.

A mediados de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó el aplazamiento de un ataque militar que se daba casi por hecho con el argumento de que las autoridades iraníes le habían prometido anular la ejecución de 800 manifestantes. Días después, el fiscal general del país, Mohamed Mohavedi, lo desmintió.