Una ‘guerra contra las drogas’ para cambiar un régimen: Trump y la diplomacia del cañonazo caen sobre Maduro
El plan para precipitar el fin de Maduro con un despliegue naval en el Caribe y la campaña de ataques extrajudiciales contra supuestas narcolanchas suscita dudas sobre el día después
Diez barcos de guerra en total, entre ellos, tres destructores, un buque de asalto anfibio, un crucero lanzamisiles y un submarino de propulsión nuclear, además de unas 10.000 tropas. El despliegue de la Armada ordenado desde agosto por Donald Trump en el área de influencia del Comando Sur de la Marina estadounidense cuenta con pocos precedentes en el Caribe y un enemigo también insólito: los cárteles de la droga venezolanos.
El presidente comunicó hace un par de semanas al Congreso, sin opción a debatir, su decisión de que el país ha entrado en guerra contra ellos. De momento, el parte de bajas es más modesto de lo que semejante demostración de poderío, nada menos que la movilización del 14% de la fuerza naval que tiene Estados Unidos desplegada por el mundo, podría hacer pensar: cuatro lanchas supuestamente enviadas por cárteles de la droga a las que Washington acusa de traficar con estupefacientes en otras tantas operaciones extrajudiciales sobre las que las autoridades no han ofrecido más pruebas que los videos de los momentos en los que estas saltan por los aires. En ellas, el Ejército ha matado al menos a 21 personas, cuatro de las cuales Bogotá reclama como ciudadanos colombianos.
La ofensiva de Trump en el Caribe ha disparado la tensión en la zona, y también las sospechas de que se trata de algo más que un intento de resucitar la guerra contra las drogas que definió en otro tiempo la política de Washington en su patio trasero. “Esto no va de acabar con el narcotráfico, si no de provocar un cambio de régimen −un régimen profundamente corrupto y criminal−, y de que la jugada le salga barata a Washington”, explicó este viernes en una conversación telefónica Christopher Sabatini, investigador sénior para Latinoamérica de Chatham House.
Sabatini definió la estrategia de la Casa Blanca como la “diplomacia del cañonazo”. El objetivo sería “intimidar a los funcionarios y militares que rodean a Maduro para que lo dejen caer. Supone una renuncia a los mismos costosos procesos pacíficos, por cierto, que le han valido a [la opositora] María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz”. Juan González, hombre fuerte para Latinoamérica de la Administración de Joe Biden, se mostró de acuerdo con ese diagnóstico esta semana: “Parece, actúa y habla como un intento de cambio de régimen”.
Segunda fase
La primera fase de esa ofensiva son las cuatro operaciones militares extrajudiciales de las que han ido informando en sus redes sociales Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth. Para Sabatini, son “preocupantes” por tres motivos: “Suponen ampliar el poder ejecutivo del presidente a base de inventarse una nueva amenaza, la del narcoterrorismo, que requiere de una respuesta armada; ignoran el debido proceso al hacer saltar por los aires embarcaciones sin aportar pruebas de la identidad de los tripulantes o de la carga; y exageran el papel de Venezuela en el tráfico de drogas a Estados Unidos, porque no hay constancia de que allí se produzca fentanilo y, según las propias estadísticas oficiales, solo el 5% de la cocaína proviene de allí”, explica el experto, que añade que esas embarcaciones “no tienen la autonomía” para llegar a la costa estadounidense.
“Probablemente, se dirigen a un punto intermedio. ¿Cuál? Lo desconocemos”, añade. Esas dudas no han impedido que en el argumentario de Trump −que incluyó en febrero a varios cárteles, entre ellos, el venezolano Tren de Aragua, en la lista de “organizaciones terroristas” del Departamento de Estado como paso previo a declararles la guerra− haya hecho fortuna en los últimos días la idea de que cada una de esas lanchas cargan con suficientes estupefacientes para matar a “25.000 o 50.000 americanos”.
“Hay mucho teatro en esos ataques, y en el despliegue militar, ¡hasta un submarino nuclear!”, opina Moisés Naím, investigador distinguido del Carnegie Endowment for Peace y uno de los venezolanos más influyentes en Washington. “Es como una puesta en escena, un contexto que sirva para justificar acciones posteriores”.
El propio Trump admitió el domingo pasado que algo vendría después: tras las lanchas, la campaña, que consideró “exitosa”, está lista para entrar en la “fase dos”. “Veremos en qué consiste”, dijo, y al rato añadió por toda puntualización que esta seguiría por tierra. “Es imposible saber qué forma tomará [esa operación]. Tal vez se centre en eliminar redes y sitios criminales en Venezuela; puertos o aeropuertos involucrados en ese tráfico de drogas”, considera Sabatini. “No va a ser una invasión armada, con miles de soldados como quisieran algunos”, piensa Naim, “será algo quirúrgico, selectivo, bien apuntado, tecnológico. Solo espero que el Nobel a Machado les haga cambiar de idea [a Trump y los suyos]”.
En una entrevista con EL PAÍS concedida este viernes, la flamante galardonada, que encabeza una oposición a la que el chavismo robó, según ha denunciado la mayor parte de la comunidad internacional, las elecciones del año pasado, declaró: “Estamos frente a la posibilidad real de que Venezuela realmente se libere y avance a una transición que va a ser ordenada, porque el 90% de la población quiere lo mismo. Que no nos digan que esto puede ser Libia, Afganistán o Irak, esto no tiene nada que ver”, dijo en referencia a otras desastrosas aventuras estadounidenses en el extranjero; un patrón que Trump prometió en campaña que no repetirá.

Entre los expertos consultados en Washington no está tan clara la posibilidad de esa transición limpia que Machado da por descontada. Y también cunde la idea de que la Administración de Trump está intentando terminar lo que empezó en 2019.
“Y lo está haciendo prácticamente los mismos actores. Además del presidente, está Marco Rubio”, advierte Alexander Main, director de relaciones internacionales del Centro para la Investigación Económica y sobre Políticas. Entonces, Rubio era un senador con capacidad para susurrar al oído de Trump sobre Latinoamérica. Hoy se ha colocado como uno de los hombres más poderosos de la Casa Blanca en su doble función de secretario de Estado y Consejero de Seguridad Nacional. “Ambos estuvieron muy enfrentados en la campaña de 2016, pero luego llegaron a un compromiso: Rubio le ayudaría a movilizar a los republicanos de Florida a cambio de apoyo a su visión sobre [eso que en Washington llaman] el Hemisferio Occidental”, dice Main.
Durante su primera Administración, la presión vino primero por la vía de la imposición de sanciones, y después con el apoyo a Juan Guaidó, en una operación que Sabatini define como “aquella idea fantasiosa de montar un Gobierno legítimo paralelo”. “Creo que Trump aún está avergonzado por haberlo invitado [a Guaidó] al discurso sobre el Estado de la Unión en 2019”, añade.
Entonces, falló en Washington el cálculo de que algo así haría al régimen chavista desplomarse como un castillo de naipes. Main se teme que no se extrajeran las correspondientes enseñanzas de aquello. “Creo que Rubio y Trump confían de nuevo en que una breve intervención militar hará caer a Maduro. Cuando las consecuencias de algo así son imprevisibles. La mayor parte de los venezolanos, aunque estén hartos de su presidente, no están por una intervención de Estados Unidos”.
La semana pasada, Trump ordenó, en otra demostración de una agresiva política exterior que le ha dado desiguales resultados en la resolución de las guerras de Gaza y Ucrania, la interrupción de todos los contactos diplomáticos con Venezuela, después de meses en los que Maduro, que vive sus días más difíciles, tratara de apaciguar sin éxito a Washington ofreciendo una participación dominante en el petróleo y otras riquezas minerales del país sudamericano, según desveló este viernes The New York Times. El presidente venezolano también prometió alejarse comercialmente de China, Rusia e Irán, sus socios hasta ahora, que le han proporcionado un dinero que necesita para mitigar el impacto de las sanciones internacionales.
La Casa Blanca rechazó la propuesta. No solo: en agosto dobló la recompensa, hasta 50 millones de dólares, que ofrecen por cualquier pista para detener a Maduro, al que Washington considera el líder de un narcoestado.
La orden de cortar por lo sano la diplomacia iba dirigida sobre todo a Richard Grenell, enviado de Trump en la zona, al que le une cierta sintonía con Jorge Rodríguez, el principal operador político de Maduro. Según fuentes cercanas al alto mando chavista, en esa negociación el líder bolivariano no se mostró tan sumiso como quiere hacer creer Washington. Sea como sea, la vía diplomática está quebrada, salvo en la parte en la que Venezuela sigue recibiendo vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos: unos 10.000 desde febrero.
En las calles de Caracas, acostumbradas a 25 años de incertidumbre chavista, se escuchan las mismas dudas que en los despachos de Washington: nadie sabe qué traerá la extraordinaria movilización naval de Estados Unidos. O tal vez se deba a que la mayoría prefiere no opinar tampoco sobre el Nobel a su compatriota. Mejor no meterse en problemas.

El chavismo, por su parte, tiene ocupadas a las Fuerzas Armadas en ejercicios militares casi semanales y ha ordenado a todas las instituciones públicas decorar edificios y oficinas con adornos navideños, lo que dificulta la tarea de poner adjetivos al ambiente que se vive en el país. Maduro mantiene entre tanto su agenda: inaugura hospitales, firma un decreto de estado de excepción por conmoción externa (lo que le dota de unos poderes totales que en realidad ya detenta) y hasta ha recibido un doctorado honoris causa.
En los alrededores de las sedes de los edificios públicos, se han reforzado las esquinas con parejas de militares con equipos antimotín. Los anillos de seguridad en torno al Palacio Miraflores se han extendido. Y en el acceso principal a la capital desde el aeropuerto internacional de Maiquetía desplegaron barreras de concreto para moverlas en caso de que haya que “bloquear el paso a los enemigos”, según dijo un militar en los medios oficiales.
Pero es en las zonas costeras donde mayor movilización militar hay. En Zulia y en Sucre, que albergan importantes enclaves de distribución de drogas, el miedo a los ataques aéreos con drones se extiende. “Hay temor en las calles, la gente está esperando algo”, dice por teléfono un habitante de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Las compras nerviosas (y el acopio de víveres) son el reflejo inmediato en Venezuela ante la subida de intensidad del conflicto político. Desde los años en que se hacían largas filas para comprar comida ha quedado como hábito profiláctico. Aunque entre tanta tensión bélica, la supervivencia cotidiana, en vista de la escalada de los precios y el deterioro de la economía, preocupa más en el día a día, por ahora.
Y en mitad de ese escenario, no hay señales de que Maduro esté dispuesto a abandonar el poder en el contexto de una negociación, según la citada fuente próxima al chavismo. Es un movimiento que ha hecho de la resistencia su modo de vida en un país que ha pasado por crisis económicas devastadoras, al nivel de un país en guerra, y que sobrevive como puede a las sanciones internacionales. La flota de Estados Unidos fondeada en el Caribe es una amenaza real, pero Maduro y los suyos parecen dispuestos a llevar al límite la situación, a la espera de si Trump se atreve a dar un paso definitivo.
Para eso, tampoco tiene todo el tiempo del mundo, mientras las voces críticas con su diplomacia del cañonazo crecen en Washington. El miércoles, el Senado rechazó en una votación reñida (48-51) una iniciativa de los demócratas Adam Schiff y Tim Kaine que habría detenido los ataques en el Caribe antes de que expire el plazo de 60 días que Trump se dio a sí mismo en virtud de la Ley de Poderes de Guerra de 1973. “Así que a principios de noviembre, tendría que detener esas operaciones militares, si decide continuar sin la autorización del Congreso atacando barcos, entonces se estaría saltando la ley”, avisa Katherine Yon Ebright, del Brennan Center for Justice, asociado a la Universidad de Nueva York.
Esa norma, añade la experta, también permite al presidente pedir 30 días adicionales más para retirar las fuerzas estadounidenses de la zona de las hostilidades. Es decir, de esas aguas en la que ahora se acumula un extraordinario despliegue de la Armada con pocos precedentes en la historia reciente del Caribe.
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