La ONU documenta el agravamiento de la represión en Venezuela en plena escalada de la tensión con Estados Unidos

Las denuncias de detenciones arbitrarias y desapariciones de activistas políticos, defensores de derechos humanos y sus familiares se han solapado las últimas semanas con el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por las maniobras militares en el Caribe. Este lunes, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas ha revelado en un informe nuevos patrones de represión contra opositores después de las elecciones presidenciales y durante este complicado 2025.

En las cárceles venezolanas, reportan las ONG, hay todavía 823 personas presas por motivos políticos. Unas 100 son mujeres. Del total, 89 tienen ciudadanía de otro país. Al menos 70 están gravemente enfermos. Pese a que el Gobierno ha decretado decenas de excarcelaciones, este lunes en Ginebra se ha advertido que la persecución contra opositores no ha parado. Así ha vuelto al tablero la situación de los derechos humanos en Venezuela, luego de semanas de debate sobre la supuesta vinculación del Gobierno de Venezuela con el narcotráfico, en medio de la creciente presión militar de Donald Trump con el ataque de lanchas en el Caribe a la que el Gobierno de Nicolás Maduro ha respondido con la militarización del país y el entrenamiento de civiles en el uso de armas de combate.

El país sudamericano acumula un grueso expediente de violaciones de derechos humanos en instancias internacionales. Y un año después de la crisis institucional que abrieron las denuncias de fraude en las presidenciales, reaparece la necesidad de una negociación para encontrar una solución al juego trancado venezolano.

Durante el debate del informe en Ginebra, España pidió la liberación de 20 de sus ciudadanos presos en Venezuela. “España exige la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos de Venezuela, incluyendo dobles nacionales y ciudadanos extranjeros. España cuenta con cuatro nacionales detenidos y 16 dobles nacionales detenidos arbitrariamente en Venezuela”, manifestó el representante del Gobierno español ante la ONU, Marcos Gómez. El funcionario ha denunciado que a todos se les han negado las visitas consulares, el derecho a la defensa y un proceso justo. “Exigimos el fin de las desapariciones forzadas, de todas aquellas prácticas de torturas o tratos inhumanos, degradantes, incluyendo los actos de violencia sexual y de género que ustedes han descrito. España se suma a la exigencia de la Misión y denuncia la grave falta de garantías judiciales”.

Por su lado, Suiza se ofreció para tender puentes para mediar en el conflicto de Venezuela, un asunto en el que han naufragado media docena de mediaciones internacionales. Turquía, aliado político y comercial de Maduro, volvió a apostar por el diálogo. Venezuela, por su parte, rechazó los señalamientos y descalificó el trabajo la misión.

Dentro de Venezuela, dirigentes opositores como Henrique Capriles Radonski —diputado electo en las pasadas parlamentarias en las que oposición mayoritaria se abstuvo— también pidió la liberación de todos los presos políticos. “Todos los voceros del Gobierno van en la misma línea de que ellos no están atacando a otro país y piden una desescalada a Estados Unidos. Pero para poder exigir un desescalamiento externo, tienes que desescalar internamente. Aquí se tiene que parar que se sigan llevando gente presa. Si realmente quieren paz, deben dejar la persecución”. El político rechazó “la diplomacia de rehenes” en referencia a los intercambios de prisioneros que ha pactado Maduro con Estados Unidos e insistió en que se establezca una nueva negociación política. “Aquí nadie quiere que haya un conflicto armado, pero parece que el Gobierno nos está preparando para una guerra y eso hay que rechazarlo”.

Violencia sexual

El informe de la Misión de Determinación de los Hechos recoge una documentación exhaustiva de la represión del último año, después del 28 de julio de 2024. Los investigadores señalan dos picos en el aumento de casos en ese período: en enero de este año, después de la toma de posesión de Nicolás Maduro; y a partir de julio.

La misión resaltó los casos violencia sexual y de género, identificando 22 hechos documentados en seis estados de Venezuela. Las víctimas incluyen mujeres, niñas, adolescentes y hombres prisioneros. Entre los patrones identificados figuran sexo transaccional coercitivo, posibles actos de esclavitud sexual o prostitución forzada, descargas eléctricas en genitales y desnudez forzada. Uno de los casos que refieren es el de una detenida en un destacamento de la Guardia Nacional que contó que los custodios militares exigían a las mujeres tener relaciones sexuales a cambio de beneficios como realizar llamadas telefónicas a sus familiares. Otro involucra al grupo de más de 100 adolescentes arrestados durante las protestas contra los resultados electorales entre finales de julio y principios de agosto de 2024, de los que todavía hay 4 presos. Varias de las niñas, de entre 15 y 17 años, contaron a los investigadores que mientras estuvieron detenidas en una oficina de la Policía Nacional Bolivariana, fueron víctimas de abuso sexual, incluyendo sexo transaccional para permitirles ir al baño o recibir productos de higiene que llevaban sus familiares.

El informe agrega el testimonio de un hombre detenido que indicó que los custodios circularon entre los detenidos varones, una lista de tarifas por los servicios sexuales de las internas. “Estos hechos podrían constituir esclavitud sexual y/o prostitución forzada y ameritan una investigación efectiva por parte de las autoridades competentes y de esta Misión”. En otro caso, la madre de un adolescente detenido denuncia que era insultada recurrentemente durante la visita. Le decían: “Ahí viene la mamá del fascista, del niño delincuente”. La mujer relató que la obligaban a quitarse toda la ropa durante la requisa y que en una ocasión el comisario llamó a todos los funcionarios de servicio para que la miraran desnuda. El motivo de ese trato, según le decían, eran que hacía demasiadas declaraciones pidiendo la libertad de su hijo y denunciando la situación en que se encontraba.

Los cuerpos de seguridad, denuncia el informe —que incluye diagramas de cómo son las celdas de aislamiento— emplearon bolsas plásticas para asfixiar y propinaron palizas, patadas, golpes de puño o con bates contra las personas detenidas. También se perpetraron actos de tortura sexual, como amenazas de violación, y aplicación de electricidad en los genitales. Los tribunales ignoraron las denuncias por estos actos, al igual que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, que no emprendieron ninguna investigación, aseguraron en la presentación ante la ONU. Este es el sexto informe que entrega el grupo de expertos desde que fue constituido en 2019.

“Las detenciones de 2025 continuaron contra personas opositoras o percibidas como tales, al igual que en 2024, sin base legal ni orden judicial, en múltiples ocasiones realizadas por individuos enmascarados y sin identificación oficial. También se continúan fabricando expedientes penales y violando gravemente los principios de un juicio justo con total impunidad y connivencia judicial”, puntualizó Francisco Cox, experto de la Misión de Determinación de los Hechos. “Ante el sometimiento de la justicia al ejecutivo, la única esperanza de encontrar justicia para las víctimas en Venezuela reposa sobre las instancias internacionales”.