Gobierno y sindicatos pactan subir el sueldo de 3,5 millones de empleados públicos más de un 11% hasta 2028

El Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF han llegado finalmente este miércoles a un acuerdo para subir los sueldos de 3,5 millones de empleados públicos un 11% entre 2025 y 2028 (ambos años incluidos). CC OO ha decidido no firmar, de momento, y todavía no ha comunicado su posición final ante la división interna entre las tres federaciones que deben tomar esta decisión (Área Pública, Enseñanza y Sanidad). Si bien se prevé conocer su respuesta definitiva este jueves, cuando podría firmarse el acuerdo. El pacto salarial irá acompañado de otros compromisos por parte del Ejecutivo como la eliminación progresiva de la tasa de reposición, que limita las ofertas de empleo público a las bajas por jubilación; u otras mejoras en materia de procesos de selección, jornada, carrera profesional, jubilación o permisos laborales, según han confirmado fuentes de la negociación.

En concreto, la subida para 2025 será del 2,5%, que se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero pasado, con lo que los atrasos se cobrarán a partir de las nóminas de diciembre. En enero de 2026, las retribuciones de estos trabajadores subirán otro 1,5%, por lo que sumando ambos incrementos, a principios del próximo año la elevación salarial será del 4% fijo. No obstante, se añade un 0,5% variable vinculado a que el IPC de 2026 sea igual o superior al 1,5% de la parte fija para ese año. En ese caso, este medio punto se pagará previsiblemente dentro del primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y se detraerá de la subida de 2027, que quedará fijada para ese año en el 4,5% (un 5% si no se adelanta ese medio punto al ejercicio anterior). En 2028, se subirá el 2% restante.

Todo esto supondrá una subida acumulada del 11% en los cuatro ejercicios, pero teniendo en cuenta el denominado efecto arrastre (la subida en la misma proporción de los complementos, además de los salarios base), el incremento en la práctica se elevará al 11,4%, según cálculos sindicales. Esto representará una ganancia del 2,9% de poder adquisitivo en este período, estiman en el sindicato de funcionarios CSIF.

El consenso en materia salarial se ha producido gracias a que el Gobierno ha accedido a introducir ese medio punto variable ligado al IPC en 2026, aunque se pague de manera retroactiva en 2027. De lo contrario, los sindicatos se negaban a que el próximo año los empleados públicos, casi con toda seguridad, perdieran poder adquisitivo por la inflación, que previsiblemente superará el 1,5% de subida proyectada inicialmente.

El acuerdo de este miércoles supone el desbloqueo de una negociación que les ha costado mucho conseguir a los sindicatos. De hecho, las tres centrales iniciaron movilizaciones a la vuelta del verano y llegaron a amenazar con una huelga en diciembre si el Gobierno no se sentaba a hablar de la subida salarial de los trabajadores del sector público. En las últimas tres reuniones llevadas a cabo desde la pasada semana la cuestión salarial, sobre todo, ha dividido a los sindicatos. La federación de Servicios Públicos de UGT fue la primera en anunciar su respaldo al acuerdo y el sindicato de funcionarios CSIF se ha sumado este miércoles.

Desde CSIF han asegurado que han llegado “al mejor acuerdo posible en las actuales circunstancias políticas, ya que consigue elevar las nóminas y mejorar las condiciones laborales, pese al bloqueo presupuestario, la incertidumbre política y las limitaciones económicas que impone Bruselas”. La secretaria general de Servicios Públicos de UGT, Isabel Araque, asegura que es “un gran acuerdo, que mejora la calidad de lo público y que da certidumbre y seguridad no solo a los trabajadores de las Administraciones, sino a toda la ciudadanía”.

El pacto que firmarán será, por tanto, plurianual para cuatro ejercicios. Además de las mejoras salariales, incluirá otros puntos relacionados con el empleo y otras condiciones laborales. Estas incluyen el compromiso de acortar los plazos de los procesos de selección para que desde que se convoca una oferta de empleo hasta que el funcionario toma posesión no pase más de un año (ahora supera los dos años en la mayoría de los casos). Y se incentivará la carrera profesional, ampliando la promoción interna y la movilidad. Para ello, se hará una adaptación de la clasificación de los puestos de trabajo y se harán procesos específicos y diferenciados de promoción interna, potenciando los concursos de méritos, mediante el establecimiento del concurso abierto y permanente, informan los sindicatos.

Refuerzos para la atención al público

Entre el resto de los asuntos que se incluirán en el documento está también el compromiso de desbloquear la generalización de la jornada de 35 horas y la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado. Asimismo, a lo largo de 2026 el Ejecutivo revisará y elevará los complementos de residencia e insularidad, así como las indemnizaciones por razón de servicio, con el fin de eliminar las desigualdades entre distintos empleados públicos. E igualmente se abordarán las actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.

El Gobierno también se compromete a reforzar las plantillas de atención al público, adecuando retributivamente estos puestos de trabajo, que requieren una mayor exigencia. En este punto, los firmantes tienen previsto desarrollar medidas y planes para reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras. También se actualizarán los permisos laborales y se incorporarán otras mejoras en materia de conciliación.

Los sindicatos han informado también de que con este acuerdo se impulsan medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género. En concreto, CSIF ha propuesto la creación de planes de prevención y acompañamiento para las víctimas de este tipo de violencia.

En materia de jubilación también tienen previsto abordar alguna mejora. En este aspecto está pendiente que el Gobierno facilite el desbloqueo de las jubilaciones parciales para el personal laboral de las Administraciones, así como extender esta modalidad de retiro a la totalidad de los empleados públicos. Si bien, para llevar a cabo esta ampliación es necesario aprobarla en la Ley de Función Pública, cuya tramitación está atascada en el Parlamento, donde las posibilidades de aprobar nuevas normas es escasa. En dicho proyecto de ley también se incluye la prolongación de la vida laboral de los empleados públicos hasta los 72 años de forma voluntaria.

En cualquier caso, los sindicatos aseguran que el respaldo que dan a todas estas cuestiones no son un cheque en blanco y estarán encima de su cumplimiento. La Comisión de Seguimiento de este pacto se constituirá en un plazo máximo de 15 días desde que se firme.