Guerra abierta entre el Gobierno y los sindicatos por el cambio en el modelo de oposiciones

El pasado 21 de julio la secretaría de Estado de Función Pública, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital que dirige Óscar López, presentó un ambicioso proyecto para reformar el funcionamiento de la Administración Estatal. Desde entonces, este anuncio, materializado en un documento de 177 páginas titulado Consenso por una Administración abierta, ha levantado ampollas entre distintos sindicatos que representan a los funcionarios y al resto de empleados públicos estatales. Las quejas son variadas y afectan a cuestiones que van desde la propuesta de cambio de los actuales procesos de selección (oposiciones); a la falta de referencias a las mejoras salariales o a la ausencia de una mayor negociación con los representantes de los trabajadores, entre otras cosas.

Los más combativos están siendo los miembros de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), que agrupa a una cuarentena de asociaciones de funcionarios de los cuerpos superiores (A1 y A2) entre los que se encuentran los inspectores de Hacienda, Trabajo, los abogados del Estado; actuarios y economistas de la Seguridad Social; y diplomáticos; ingenieros de todo tipo; estadísticos; entre otros muchos profesionales del mayor nivel de la administración, que tienen más responsabilidad. Y uno de los principales motivos que les ha llevado a abrir esta guerra frontal contra Función Pública es la propuesta para cambiar el actual sistema de oposiciones por el que los ciudadanos llegan a ser funcionarios de carrera.

Para los cuerpos de mayor nivel, A1 y A2 (de momento), el Gobierno pretende sustituir dichas pruebas por un proceso de formación de dos años en una escuela gratuita del Estado de futura nueva creación donde cursarán un máster. Para acceder a esa escuela habrá una primera prueba selectiva. Las plazas de estos centros serán superiores a las ofertas de empleo, por lo que terminados los dos años de formación se hará otra prueba, a modo de oposición, que dictaminará quién se convierte en funcionario y quién no. Aquellos que no la superen tendrán un título de postgrado con carácter oficial.

Para Fedeca, este nuevo modelo será “más caro, más elitista y no garantizará los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad” que rigen las actuales oposiciones al Estado. Pero también critican la falta de diálogo y transparencia con la que el Ejecutivo está diseñando los cambios.

Para intentar acercar posturas, la Secretaría de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, convocó a los Fedeca a una reunión el pasado martes, 29 de julio. Pero lejos de encauzar una negociación, los representantes de este sindicato de altos funcionarios salieron con más quejas. “En ese encuentro constatamos la falta de voluntad de diálogo de la Secretaría de Estado de Función Pública”, indican fuentes de Fedeca.

Sin embargo, la propia Mapelli, destacó en dicha reunión que este proyecto es “una hoja de ruta (que no un proyecto normativo ya redactado) que se fabrica bajo el consenso” y “con la incorporación de más de 400 aportaciones de profesionales de las administraciones públicas, organizaciones sindicales, empresariales y de la sociedad civil”. Es más, detalló “una a una”, añaden en el Ministerio, las “casi treinta reuniones mantenidas desde febrero de 2024 con Fedeca y las asociaciones que forman parte de la misma”.

A pesar de esta argumentación de la Secretaria de Estado, la crítica de Fedeca a la falta de diálogo es compartida por fuentes del sindicato UGT, quienes aseguran que “el Gobierno no informó con antelación a los sindicatos sobre los cambios en los procesos de selección anunciados”, por lo que se encuentran estudiando la medida y se pronunciarán más adelante sobre su contenido concreto.

Las quejas

Al margen de las formas, estos representantes de los altos funcionarios aseguran que “no se oponen al cambio” en el funcionamiento de la Administración. De hecho, aseguran que “han comprado” 17 de los 18 proyectos que forman la propuesta global y solo rechazan el que remodela por completo el sistema de selección de personal y acceso a la plaza pública. Es más, explican que su principal queja es que el Gobierno no ha aportado en esta negociación “las evidencias que demuestren que el actual sistema de acceso por oposiciones no funciona bien y que el modelo que propone subsana las deficiencias actuales”.

Desde Función Pública aseguran que dichas evidencias no solo existen, sino que en la reunión del pasado martes, se comunicó a los responsables de Fedeca que “les harán llegar los datos en los que se han basado para hacer la propuesta”.

A falta de estos datos, en Fedeca insisten en que este nuevo sistema es menos igualitario, y da menos transparencia al proceso selectivo y menos garantías en la evaluación. “Con el actual modelo de oposiciones todos pasamos por la misma trilla, el hijo de un directivo y el de un portero, pero con el nuevo sistema habrá que costearse dos años de manutención para asistir a la futura escuela, que, por supuesto, no estará presente en toda España. No será más barato como dice el Ministerio, será más elitista”, indican fuentes de este sindicato.

Es más, ante los argumentos del Gobierno para defender el nuevo modelo ―sostiene que el actual sistema de oposiciones es muy individualista y los futuros funcionarios no aprenden a trabajar en equipo― Fedeca sentencia: “menos van a aprender en una escuela que va a ser como los juegos del hambre, porque estarás compitiendo con tu propio compañero de formación”. Además, cuestionan el modelo de tribunales que proponen al considerarlos menos garantistas y transparentes que los actuales.

Pero los responsables del Ejecutivo hacen hincapié, por su parte, en el acceso a los cuerpos superiores a través de formación gratuita estatal “garantizará el máximo rigor y la tensión competitiva, al tiempo que reforzará la igualdad de oportunidades”. En su opinión, estas escuelas (cuyos cursos también podrán seguirse online, previsiblemente), que irán acompañadas de un “potente” sistemas de becas, servirán para ordenar la maraña actual de academias preparatorias, entre otras cosas.

En la misma línea, en el sindicato de funcionarios Csif consideran la propuesta de cambio del modelo de oposiciones como una “improvisación” y un “despropósito” por parte del Ministerio. Es más, interpretan que el documento aportado por el Ejecutivo extiende a todos los cuerpos de la Administración del Estado el nuevo sistema de formación en escuela pública y no solo para los A1 y A2, sino también para los C1 y C2.

“Si hacen el cambio supondrá desincentivar el acceso a la administración pública, porque para entrar en la escuela ya habrá que prepararse como para una oposición y, aun así, no se garantizará el acceso a una plaza, ni siquiera tras los dos años de formación”, precisan fuentes de esta central.

Otras críticas

Dicho esto, el resto de críticas de otros sindicatos son más generalistas y abarcan a un mayor número de cuestiones. Por ejemplo, Csif hace una enmienda a la totalidad de todo el proyecto del Gobierno para modernizar la administración estatal: “Lo que tenemos claro es que esto no va a solucionar los graves problemas de nuestras administraciones y sus profesionales”, ha indicado el presidente de esta central, Miguel Borra.

Así, critican que no aborde el déficit de plantillas y la previsión de que el 60% de los funcionarios se vaya a jubilar en 10 años; ni que la temporalidad siga rozando el 30%; ni la lentitud de los procesos selectivos que provoca que cada año caduquen miles de plazas; ni las mejoras salariales o la desigualdad salarial entre administraciones.

Por su parte, UGT se queja de que el documento presentado el día 21 de este mes ha experimentado una “poda” de mejoras que sí aparecían en otras versiones iniciales conocidas con anterioridad. Entre ellas, el aumento del presupuesto para pagar salarios, la vuelta a la jornada de 35 horas, o la regulación del teletrabajo, entre otras cuestiones.