Una jueza federal de EE UU bloquea la orden de Trump que prohíbe a Harvard admitir estudiantes extranjeros

Una jueza federal de Boston bloqueó este viernes la orden de la Administración de Donald Trump que revoca la potestad de Harvard para admitir estudiantes extranjeros. La magistrada da así la razón a la prestigiosa universidad, a la que Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS son sus siglas en inglés), había comunicado por carta el jueves la rescisión de su programa de alumnos de intercambio. El centro educativo reaccionó a esa injerencia sin precedentes demandando al Gobierno. A las pocas horas llegó la confirmación de la suspensión cautelar de la medida.

El anuncio de la querella vino acompañado de otra carta, enviada por el presidente de la universidad, Alan Garber, a la comunidad académica. “Condenamos esta acción ilegal e injustificada”, escribe Garber en la misiva. “Pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos en Harvard y sirve de advertencia a innumerables personas en universidades de todo el país que han venido a Estados Unidos para continuar su educación y alcanzar sus sueños”, añade.

Más de una cuarta parte de los estudiantes matriculados actualmente en Harvard son extranjeros. Para ordenar el bloqueo de la orden de Trump, la jueza Allison D. Burrough argumentó que ponerla en práctica causaría “daño inmediato e irreparable” a la universidad.

El ataque del Gobierno supone una escalada en el acoso de la Casa Blanca a la institución de educación superior más antigua y pudiente de Estados Unidos, a la que acusa de incitar el “antisemitismo” y el “terrorismo” en su campus. Para doblegar a la universidad, los funcionarios de Washington ya habían congelado cerca de 2.700 millones de fondos federales y amenazan con rescindirle la exención fiscal de la que disfruta.

“Con efecto inmediato, Harvard ya no puede admitir a titulares de visados [para estudiantes] F-1 y J-1 para los próximos semestres de verano y otoño, a pesar de haber admitido a miles”, lamentan los abogados de Harvard en la exposición de motivos de la demanda presentada este viernes, que cita como acusados tanto a Noem como a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y a Marco Rubio, secretario de Estado.

“Con efecto inmediato, innumerables programas académicos, laboratorios de investigación, clínicas y cursos financiados por los estudiantes internacionales de Harvard se han visto desmontados. Las medidas anunciadas por el Gobierno se producen a pocos días de la graduación. Sin sus estudiantes internacionales, Harvard no es Harvard”, prosigue la denuncia.

En su carta, Noem decretaba la suspensión del programa de intercambio “con efecto inmediato”. “Esto significa que Harvard ya no puede inscribir a alumnos extranjeros y que los que estén ahora cursando sus estudios deberán cambiar de universidad o perderán su estatus legal”, aclaró después un comunicado de prensa del DHS.

Protestas propalestinas

La postura de la universidad más antigua (y también con mayores fondos) del país ha sido en estas semanas la de la resistencia ante los atropellos de la Administración de Trump. Garber se ha convertido, frente a la actitud sumisa de la Universidad de Columbia, en todo un símbolo de quienes defienden la libertad académica por encima de los intereses del Gobierno y sus presuntas acusaciones de antisemitismo.

En el origen de esta última pelea está la exigencia del DHS de que Harvard comparta la información confidencial de alumnos extranjeros sospechosos de haber participado en protestas propalestinas en el campus durante el curso pasado.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional dio 72 horas a la universidad para entregar esa información sobre los estudiantes extranjeros, también vídeos o audios que sirvan de pruebas de su participación en “actividades ilegales, actos de violencia, amenazas a miembros del personal o estudiantes, así como de su implicación en protestas en los últimos cinco años”.

“Esta Administración responsabiliza a Harvard de fomentar la violencia y el antisemitismo y de coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus”, escribió Noem. “Es un privilegio, no un derecho, que las universidades matriculen a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus matrículas más caras para contribuir a aumentar sus multimillonarios presupuestos”.

En su demanda, la segunda que presenta la universidad contra la Administración, los abogados afirman que la institución educativa cumplió con los requerimientos que el DHS les planteó el pasado 16 de abril, y que todo obedece a una inquina personal de Trump hacia la universidad (y a la educación superior estadounidense en general, que considera elitista y promotora de la “ideología woke”). Como prueba de esa animadversión, se citan los repetidos ataques lanzados por el presidente en su red social, Truth.

Una portavoz de la Casa Blanca reaccionó este viernes a la respuesta legal de Harvard con un comunicado reproducido por The New York Times: “Si [sus autoridades] se preocuparan tanto por acabar con la plaga de agitadores antiestadouidenses, antisemitas y proterroristas en su campus, [la universidad] no se encontraría en esta situación. Deberían dedicar su tiempo y recursos a crear un ambiente universitario seguro en lugar de presentar demandas frívolas”, defiende el comunicado.

Hay unos 6.800 estudiantes internacionales en Harvard que se arriesgan a perder su visado, en torno al 27% del alumnado total, según los registros de matriculación de la universidad. Es una cifra que ha crecido en los últimos años: los alumnos de intercambio han aumentado un 19,7% desde 2010. Tras conocerse la noticia de la suspensión del programa de intercambio, el estupor entre profesores, alumnos e investigadores de todo el mundo se extendió rápidamente.

Muchos no sabían qué sería de su futuro. Ahora tienen claro, al menos, que la universidad está dispuesta a plantar cara a Trump en los tribunales. A ellos se dirige Garber al final de su carta: “Para los estudiantes y académicos internacionales afectados por la acción de ayer [por el jueves], sepan que son miembros vitales de nuestra comunidad. Son nuestros compañeros y amigos, nuestros colegas y mentores, nuestros colaboradores en el trabajo de esta gran institución. Gracias a ustedes, sabemos y entendemos más, y nuestro país y nuestro mundo tienen más luz y una capacidad de resiliencia mayor. Los apoyaremos mientras hacemos todo lo posible para garantizar que Harvard permanezca abierta al mundo”, escribe el presidente de Harvard.

El primer encontronazo en los tribunales entre la universidad y el Gobierno está programado para julio. Entonces, tendrá lugar la vista oral de la primera demanda, presentada en respuesta a una carta enviada por un órgano creado por la Administración de Trump y llamado Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo. En esa misiva, exigían que Harvard cumpliera con una lista de exigencias que incluía la contratación de un agente externo para supervisar la ideología de profesores y estudiantes o la expulsión de alumnos internacionales “hostiles a los valores estadounidenses”.