La Administración de Trump prohíbe a Harvard la admisión de estudiantes extranjeros

La Administración de Donald Trump revocó este jueves la potestad de la Universidad de Harvard para admitir nuevos estudiantes extranjeros. La decisión, que también incorpora el riesgo de perder su estatus para quienes actualmente estudian allí con un visado especial, supone un agravamiento de los ataques del Gobierno estadounidense contra el prestigioso centro educativo, el más antiguo del país, al que ya había congelado grandes cantidades de fondos desde el regreso del republicano a la Casa Blanca por negarse a cumplir con sus exigencias ideológicas.

La noticia la avanzó The New York Times, y luego la confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS son sus siglas en inglés). Su secretaria, Kristi Noem, envió una carta, que compartió en X, en la que advierte a las autoridades académicas de la revocación, “con efecto inmediato”, del Programa de Intercambio de Estudiantes de la Universidad de Harvard. “Esto significa que Harvard ya no puede inscribir a alumnos extranjeros y que los que estén ahora cursando sus estudios deberán cambiar de centro o perderán su estatus legal”, aclaró después un comunicado de prensa del DHS.

Harvard, que ha plantado cara en los últimos meses a los ataques de Trump, reaccionó este jueves a la revocación anunciada por su Administración definiendo como “ilegal” la “represalia”. “Estamos plenamente comprometidos con mantener la capacidad de Harvard de acoger a nuestros estudiantes y académicos internacionales, que provienen de más de 140 países y enriquecen a la universidad —y a esta nación— enormemente”, dijo un portavoz en otro comunicado.

Es de esperar que sus autoridades impugnen la medida en los tribunales. La universidad ya lo hizo el mes pasado para oponerse a los intentos del Gobierno de cercenar su libertad académica.

La medida ―que afecta a unas 6.800 personas, en torno al 27% del alumnado― se enmarca en el tira y afloja de las últimas semanas entre Harvard y el DHS, que solicitó información confidencial a la universidad sobre sus estudiantes extranjeros. A “muchos de ellos”, el Gobierno los considera “agitadores”. No solo eso: también acusa a “la dirección de Harvard” de “facilitar y participar” en “actividades coordinadas con el Partido Comunista Chino, incluyendo el entrenamiento de miembros de un grupo paramilitar cómplice del genocidio uigur”.

“Esta Administración responsabiliza a Harvard de fomentar la violencia, el antisemitismo y por coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus”, escribe Noem. “Es un privilegio, no un derecho, que las universidades matriculen a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus matrículas más caras para contribuir a aumentar sus multimillonarios presupuestos”. La Casa Blanca tiende a identificar a esos alumnos extranjeros con agentes antiestadounidenses a los que urge expulsar del país.

El origen de este último conflicto se remonta a mediados de abril, cuando Noem amenazó a Harvard con la medida que acaba de tomar si la universidad no accedía a compartir “información relevante” sobre todos los alumnos que estén en Estados Unidos con visa de estudiante y que se hayan visto involucrados en actividades “peligrosas” o “ilegales”.

Un plazo de 72 horas

Este jueves, Noem avisó de que para recuperar la potestad de admitir estudiantes de intercambio, la universidad deberá presentar los datos exigidos por el DHS en un plazo de 72 horas; entre ellos, grabaciones de video o de audio que sirvan para identificar a quienes hayan participado en protestas en el recinto de la universidad en Cambridge, localidad contigua a Boston.

La Administración de Trump ha detenido, revocado su visado u ordenado la expulsión de varios alumnos no estadounidenses por su participación en protestas propalestinas en campus de todo el país durante el curso pasado.

Hace una semana, la Casa Blanca anunció que recortará 450 millones de dólares (unos 400 millones de euros) de subvenciones a Harvard provenientes de ocho agencias federales. La decisión llegó casi un mes después de la congelación de otros 2.200 millones de dólares de fondos adoptada por el Gobierno estadounidense.

Trump acompañó el recorte de los 2.200 millones anunciado el pasado 15 de abril con la amenaza de suspender la exención de impuestos en vista de que la institución ha venido rechazando, a diferencia de Columbia, las demandas de su Administración para combatir un supuesto antisemitismo en el campus. “¡Recuerden: el estatus libre de impuestos depende totalmente de que se actúe para el interés público!”, escribió el presidente estadounidense en un mensaje en Truth, su red social.

El presidente de Harvard, Alan Garber, argumentó entonces en un mensaje dirigido a los miembros de la comunidad universitaria que las exigencias de la Casa Blanca ponían en entredicho la libertad académica. “[La Administración] Deja claro que la intención no es trabajar con nosotros para abordar el antisemitismo de manera cooperativa y constructiva”, escribió Garber en la web de Harvard. “Aunque algunas de las demandas esbozadas por el Gobierno tienen como objetivo combatir el antisemitismo, la mayoría representan una regulación gubernamental directa de las condiciones intelectuales en Harvard”.

Además de a esos ataques a la financiación, Harvard se enfrenta a otras cruzadas de la Administración de Trump, que acusa a la universidad de posibles violaciones de los derechos civiles en su manejo de las protestas propalestinas y de presunta discriminación por parte de la prestigiosa revista Harvard Law Review. Según esa acusación, la publicación estudiantil escoge sus autores y sus contenidos atendiendo a motivaciones woke, auténtica obsesión del trumpismo.