El enigma Mur: olvidado por Ayuso y en los tribunales por las residencias

El auge y caída de Carlos Mur puede resumirse en cinco momentos, cinco escenas que han supuesto un punto de quiebre en su vida profesional. Primero, en abril de 2018, cuando una conocida revista médica lo consideraba favorito para ser consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid y se le veía ataviado con bata blanca, recibiendo felicitaciones por su gestión del Hospital de Fuenlabrada, un feudo socialista en el sur de Madrid. Segundo, en marzo de 2020, cuando era el director general de la Comunidad que se desesperaba por conseguir médicos para las residencias madrileñas y pasaba las tardes como voluntario en alguna de ellas. Tercero, en mayo de ese año, saliendo por la puerta de la Consejería de Sanidad, en el complejo de oficinas de Azca, destituido por la presidenta Isabel Díaz Ayuso con un tuit en el que prometía contar con él. Cuarto, en octubre de 2023, recibido al grito de “¡asesino!“ en la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, donde declaró como testigo. Y quinto, ahora, en su consulta privada de psiquiatría en Andorra, con su melena repleta de canas y ocho jueces investigándole por una supuesta discriminación a las personas mayores que murieron sin auxilio médico.

El papel de Mur en el caso residencias se ha convertido en un enigma. Alejado de Ayuso, sin contacto con nadie de su antiguo Gobierno, ha confesado a la televisión andorrana que “muy probablemente” se cometieron negligencias. En Madrid, los familiares de fallecidos le piden que “tire de la manta”. A sus padres, muertos sin auxilio médico, les ha llamado “víctimas” y el lunes de la semana pasada, en su primera comparecencia como imputado, por videoconferencia desde Andorra, comenzó haciendo una declaración muy solemne en la que dio sus condolencias por los fallecimientos y dijo que los hijos merecen todo el respeto y todas las explicaciones del mundo.

Este psiquiatra aragonés de 49 años ha hablado como imputado solo en esa ocasión, en uno de los ocho juzgados que apuntan contra él. Ante la jueza, admitió que en ese caso, el de un hombre enfermo rechazado por el Gregorio Marañón, la residencia no estaba medicalizada, según relató a la prensa la abogada de las familias. Ha estado en el centro del huracán desde los días de crisis, cuando se filtraron algunos de los PDF con los protocolos de triaje en los que aparecía su firma digital. Esos documentos, tachados por las familias de “protocolos de la vergüenza”, se convirtieron en la principal prueba contra él y la gestión del Gobierno de Ayuso.

Eran directrices para que un grupo de médicos, rebautizados como geriatras de enlace, decidieran quién accedía a una cama de hospital. Se pedía priorizar a las personas de residencias sin dependencias físicas o cognitivas. Él aclaró más tarde que la idea de confeccionar esos documentos se debía a que esos médicos necesitaban orientación, y que ellos mismos, expertos en la atención a personas mayores, habían redactado esos documentos.

“El cataclismo al que hacían frente en primera línea todos los profesionales era enorme y no queríamos que no tuvieran ningún tipo de apoyo desde la Administración y que pesaran sobre sus hombros determinadas decisiones, como sucedió con los intensivistas en Milán, por ejemplo”, respondió a los diputados que le interrogaron en la Asamblea de Madrid, en 2021. Aludía a las noticias sobre la devastación que había causado el virus en el norte de Italia. Estampó su firma digital en cuatro versiones, con cambios pequeños en el lenguaje y los criterios de selección, el 18, 20, 24 y 25 de marzo. Los envió por correo a miembros de las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales.

Esos protocolos eran solo una cara de la moneda. La otra, la que había anunciado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, era el refuerzo sanitario de las residencias, lo que bautizaron como “medicalización”. Iba a consistir en el envío de fármacos intravenosos, bombonas de oxígeno, tests, mascarillas, médicos y enfermeras.

Según se desprende de un correo escrito por él el 20 de marzo y desvelado esta semana por EL PAÍS, Sanidad delegó esa misión en Políticas Sociales, un departamento gobernado por Ciudadanos. En ese e-mail, Mur reprendió a una compañera de esa consejería, la directora del Mayor, Begoña Cortés, por la falta de sanitarios en las residencias. “Si no avanzáis en la contratación de médicos no vamos a poder tratar allí según el modelo de residencia medicalizada”, le afeó. Sanidad les había pasado un listado con el teléfono de 151 médicos voluntarios, pero Cortés se quejó de que esos candidatos estaban enfermos o vivían en otras comunidades y no tenían interés en desplazarse a Madrid.

Políticas Sociales consideraba incomprensible ese encargo. Reyero escribió en sus memorias que “es como si le pides a la Consejería de Turismo que ponga medidas sanitarias en los hoteles”. Sanidad, el departamento que disponía de casi la mitad del presupuesto autonómico, tenía una plantilla de más de 62.000 sanitarios. Reyero pedía que algunos fueran a las residencias. Se lo pidió a Escudero dos días después del e-mail de Mur, en un correo que no fue respondido, según le contó a EL PAÍS. “Sería necesario un apoyo sanitario por parte de Sanidad que ahora es muy complicado de obtener”, escribió el consejero de Políticas Sociales.

En esa búsqueda de sanitarios colaboraba Mur de manera un tanto desesperada. Reclutó a Encarnación Burgueño, una mujer sin experiencia en gestión de crisis para que liderara un pequeño equipo de 11 sanitarios en una misión de asistencia a las residencias que ella bautizó como “Operación Bicho”. Era hija de Antonio Burgueño, un médico veterano conocido por sus planes privatizadores en la era de Esperanza Aguirre y alistado por Ayuso para asesorar durante la pandemia. Esta antigua jefa de ventas de Telepizza se mostró muy entusiasta en medio de aquella tragedia. “Flipo colorines”, le dijo a su equipo. “Nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid”.

Al mismo tiempo, Mur se peleaba con sus compañeros de Sanidad para conseguir más listados de médicos voluntarios. Uno era un documento enorme de Excel con 1.798 teléfonos, enviado por el Colegio de Médicos de Madrid. Desde el 18 de marzo estaba en manos de la directora general de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, Sermas, Raquel Sampedro. Mur se quejó a los médicos del colegio de que era “incomprensible” que sus compañeros del Gobierno le estuvieran ignorando. Habló dos veces sobre esto con el consejero Escudero. El 20 de abril, un mes y dos días después de que lo hubiera recibido Sampedro, el colegio le envió ese Excel.

Para esa fecha, Mur ya sabía que iban a levantarle la silla. El 6 de abril, EL PAÍS desveló que Encarnación Burgueño estaba trabajando en la crisis. Tras la publicación de la noticia, Mur desactivó a ese equipo. Se desconoce si cumplía órdenes de arriba, pero se sabe que los geriatras de enlace se habían quejado de que Burgueño iba por libre, sin coordinarse con ellos. “El fuego ha quemado pero no ha quemado tanto. Mur se está defendiendo”, le dijo Burgueño a sus sanitarios. “Él [Mur] después de esta crisis se va a ir, pero antes nos quiere pagar esto. Mi padre habla con él”.

No era el único problema de Mur. Había chocado con Javier Martínez Peromingo, el médico que lideraba al equipo de geriatras que elaboró los protocolos. Peromingo lo explicó cuando le tocó declarar en la Asamblea, al año siguiente: “[Mur] cometió muchos errores. Uno de ellos fue el envío de los borradores, no dejándose asesorar”. Explicó que los geriatras tenían un borrador técnico que no estaba listo, pero Mur envió una versión abreviada sin su consentimiento. Probablemente de ahí proviene la excusa que Ayuso ha dado respecto a los protocolos, sobre los que ha dicho una y otra vez que solo eran “borradores”.

Cuando pasó lo peor de la primera ola, el 13 de mayo, Ayuso anunció una reorganización en Sanidad. Un movimiento era la salida de Mur del puesto de director de coordinación sociosanitaria, relevado ni más ni menos que por Peromingo. Pero Ayuso dijo en Twitter que su cese no se debía a su trabajo: “Cuento con él”. Ayuso enlazaba a un artículo de El Mundo con un título poco decoroso para Mur: “Madrid destituye al alto cargo que frenó el traslado de los ancianos con coronavirus a los hospitales”.

Mur guardó silencio. A los pocos meses comenzó a trabajar en una clínica privada de Barcelona. Más tarde, cuando los juzgados comenzaron a llamarle como testigo, lideró los servicios de Salud Mental en la sanidad pública andorrana. En febrero, salió del puesto y en mayo se supo que había sido imputado. Sigue en el Principado pasando consulta privada. Nunca se supo qué pasó con esa promesa de Ayuso de llevarlo a su lado en algún momento.

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