Tras seis años de derrotas, una de las hijas de fallecidos en residencias gana una disputa contra el Gobierno de Ayuso

Hace casi seis años de los sucesos de la pandemia en las residencias de Madrid y desde entonces los hijos de los fallecidos han acumulado una derrota tras otra. Por eso, este viernes a las 11.09 María de Álvaro tenía poca fe cuando recibió un SMS alertándole de que tenía una notificación de la Consejería de Hacienda madrileña. Sabía que debía de ser la respuesta a una disputa pendiente por un asunto que le llena de rabia y pena. La Comunidad de Madrid le reclamaba la deuda por los últimos días que su padre vivió en la residencia pública del Ensanche de Vallecas, donde murió el 5 de abril de 2020 sin traslado hospitalario. Ella recurrió, perdió, volvió a recurrir y creía que este era otro portazo. La segunda negativa de la administración, previa a la vía judicial. Estaba equivocada. “¡Hemos ganado!“, gritó en su piso de Vallecas.

Un par de horas después, María estaba de subidón. Sonreía de oreja a oreja, lloraba de alegría y daba abrazos. “¡Hemos ganado todos. Ha ganado la justicia!”, decía sobre su victoria, más simbólica que material. María ha conseguido que la Comunidad se comprometa a devolverle los 674,28 euros del mes de marzo y los primeros cinco días de abril por la estancia en la residencia. La carta reclamando la deuda apareció de la nada un buen día de marzo de 2024, ―ella no se encargaba de pagar la residencia― y le pareció “repugnante”. Así lo explicó en su día a EL PAÍS: “Se pone en contacto conmigo el asesino de mi padre para reclamar el valor de la bala con la que le mató”.

María no era la única en esa situación. Al menos 187 personas habían recibido reclamaciones de pago por las mensualidades de sus padres fallecidos en marzo y abril de 2020. De ellas, 150 cartas fueron enviadas en 2024, justo antes de que expirara el plazo. Muchos prefirieron pagar. María decidió pelear. Ahora su alegría no es precisamente por el dinero, que piensa donar a Cáritas. “¡Después de tantas lágrimas y tantos disgustos pasados y presentes, por fin una alegría! ¡Les hemos ganado!"

Aunque considera a su padre víctima de una injusticia, ella no pertenece a las asociaciones de familiares que han protagonizado la lucha para conseguir una condena y a los que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha insultado repetidas veces, la última este miércoles cuando los llamó “plataformas de frustrados” que “llevan 143 procesos judiciales perdidos”. Como otros hijos, María optó por no denunciar y llevar el duelo en soledad.

El caso de las mensualidades impagadas suscitó en 2024 una polémica que llegó a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde Pilar Alegría, habló de “falta de humanidad” y dijo que Ayuso “extiende una factura” en lugar de la mano a los familiares.

En la Asamblea madrileña, la diputada socialista Lorena Morales presentó el 30 de abril de ese año una Proposición No de Ley para condonar las deudas. Morales recordó que las autoridades de Madrid habían perdonado otras deudas, como la del impuesto que pagan los bares con máquinas de azar. “Tragaperras, sí. Familiares de fallecidos en residencias, no”, reprochó Morales en el pleno. Vox, que votó a favor del perdón, argumentó lo siguiente por medio de su diputado José Ignacio Arias: “Es indigno y falto de humanidad que se cobre esta deuda”. La moción cayó con la mayoría absoluta del PP de Ayuso.

Para defenderse del aluvión de críticas, varios consejeros madrileños respondieron que la culpa era del Gobierno de Pedro Sánchez por no haber cambiado la ley para habilitarles a conceder un perdón. Sin embargo, esto resultó ser falso, según advirtieron juristas consultados por EL PAÍS que indicaron que la administración competente para eximir del pago de precios de servicios públicos (como las mensualidades de una residencia) es la misma que los crea y cobra.

La solidaridad con María fue tal que un catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Jaume I, Germán Orón, se ofreció para defenderla desinteresadamente. Orón se implicó porque pensó que lo sucedido era “una vergüenza” cuando oyó la noticia en la Cadena SER, cuenta por teléfono. Redactó el primer recurso, de reposición, que perdieron, y el segundo, la última bala antes de ir a un juzgado, la reclamación económica-administrativa. Es el escrito que les ha dado la victoria.

Para ganar un caso así hacía falta alguien como Orón que conociera los pormenores de algo tan técnico como la legislación tributaria. El profesor alegó que la ley no permite a la Comunidad exigir a un heredero la deuda por impago de un precio público (aunque sí puede reclamar la deuda por impago de un impuesto). Para ello debían haber acudido a un juzgado civil, explica Orón.

María y el catedrático, que reside en Castellón, nunca se han visto las caras, pero él fue la primera persona a la que llamó ella para comunicarle la victoria. Orón contesta luego a este periódico, tras haber leído el escrito de 19 páginas, que está contento a medias: “Me alegro por ella, pero la resolución me ha dejado mal sabor de boca porque no dice lo que debería decir”.

El órgano que ha resuelto el caso, la Junta Superior de Hacienda, se ha basado en un motivo distinto al que él esgrimió para darle la razón a María: los funcionarios madrileños dicen que la Comunidad debía haber demostrado que ella es la heredera, una prueba que omitieron.

Al final todo se ha reducido a ese formalismo. La Comunidad no ha reconocido que las reclamaciones fueran inmorales o ilegales, como consideraban los críticos, pero muchas veces los litigios se resuelven por estos detalles. Orón explica que el caso está cerrado y no cabe intervención de los jueces porque la administración “no puede recurrirse a sí misma”.

María se emociona al recordar a su padre. Quiere pensar que sus últimos momentos no fueron tan duros como los descritos por algunas trabajadoras de residencias que han hablado de mayores asfixiados, agarrándose a los barrotes de la cama. Piensa en que no hay nada que pueda aliviarle el dolor que siente, ni mucho menos esta victoria contra el Gobierno de Ayuso.

Iba a diario a ver a su padre, Ángel, de 94 años. Desayunaban juntos en una cafetería cercana a la residencia. Él la llamaba “solete” porque ella era su alegría, siempre radiante. Era su única hija. Ángel había entrado en el centro en octubre de 2019. Murió un Domingo de Ramos. María no es religiosa pero aquel día pensó que había debido llegar al cielo “como Jesucristo triunfante entrando en Jerusalén”.

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