El Gobierno de Ayuso demanda ante los tribunales al programa ‘Mañaneros’ de RTVE

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha encomendado a la abogacía general de la región que emprenda acciones ante la Jurisdicción Civil “contra la información emitida en el programa Mañaneros de Televisión Española el día 1 de diciembre de 2025″, según documentación vista por EL PAIS. El ejecutivo regional, ha confirmado posteriormente un portavoz gubernamental, reprocha la emisión ese día de un rótulo que vinculaba una subvención de 43 millones al Colegio de abogados de Madrid (ICAM) para financiar la asistencia jurídica gratuita, y la autorización para impartir un grado y tres másteres como centro adscrito a la Universidad Complutense (UCM), con el papel ejercido por esta institución como acusación en el juicio al entonces Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ese proceso se abrió tras una querella por la filtración de un email correspondiente al caso de presunto fraude fiscal supuestamente cometido por la pareja de la presidenta autonómica, Alberto González Amador.

La demanda se ha interpuesto este mismo miércoles, causando sorpresa en el programa. Primero, sostiene una fuente que conoce su funcionamiento, porque a las 12.58 de esta jornada se ha emitido la versión de la Comunidad de Madrid, y se ha detallado, literalmente, que el proceso que permite al ICAM dar títulos universitarios se inició en 2023 (antes de la polémica con García Ortiz) y ha observado “escrupulosamente” los cauces legales. Segundo, recalca este interlocutor, porque la carta de rectificación enviada por Madrid estaba dirigida a la persona equivocada: no es el director del programa. La Comunidad precisa que por si acaso puso en copia al presidente de RTVE Jose Pablo López, y que fue la propia productora de Mañaneros quien le indicó el nombre de la otra persona a la que debía enviarla.

“Ayuso premia a la acusación contra el fiscal”, se leía en el rótulo de la polémica. “Subvención de 43 millones para el ICAM a una semana de la denuncia al fiscal, y después, licencia para convertirse en universidad“, se añadía como ilustración a una entrevista al exjuez Baltasar Garzón.

En esa entrevista, dirigida por el periodista Javier Ruiz, Garzón dijo: “Esto en todo caso es una desfachatez y atenta de forma grosera a la apariencia de imparcialidad. Por una parte, la presidenta de al Comunidad de Madrid otorga subvenciones, apoyo económico financiero, apoyo para la creación de una universidad privada dentro de la universidad pública. El juego de fechas y de contenidos es altamente sospechoso para alguien que ha ejercido la acusación popular, que más bien parece que es acusación particular del señor González Amador. (...)”. En el breve tiempo que duró ese bloque, el rótulo cambió para poner en cursiva el “premia”.

Vista la emisión, el consejero de Presidencia de Madrid, y vicepresidente in pectore, Miguel Ángel García Martín, dirigió una carta solicitando una rectificación. Según la Comunidad de Madrid, esta solicitud no fue atendida, y por ello ahora da el paso de acudir a los tribunales.

“Cualquier intento de vincular el abono de los servicios de asistencia jurídica gratuita a los profesionales de la abogacía y la procura con otro tipo de circunstancia responde sólo, a nuestro juicio, a un deseo de desinformar y confundir a los ciudadanos, intentar desprestigiar a la Comunidad de Madrid y al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y tratar de justificar la actuación del fiscal general del Estado, condenado por saltarse la ley”, exponía en esa carta, a la que accedió este diario, García Martín. “En relación con el centro universitario del ICAM adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, su tramitación se inició en el año 2023 y ha cumplido escrupulosamente la normativa vigente“, continuó. Y remató: ”Por todo lo anterior, exigimos la inmediata rectificación de la información publicada por su medio de comunicación por tendenciosa y por no ajustarse a la verdad, reservándonos el derecho a emprender las acciones que pudieran correspondernos en defensa de la institución de la Comunidad de Madrid”.

“Buscan amedrentar”

Así, este miércoles, el consejo de gobierno regional, una vez que no ha considerado atendido su requerimiento, ha dado el paso de ordenarle a la Abogacía regional que emprenda esas acciones. Una decisión con la que no están de acuerdo en el programa.

“El derecho de réplica se les ha concedido, lo tienen y se les ha dado. No es una rectificación”, ilustra una fuente del formato que emite RTVE. “No es una información nuestra, no es una exclusiva nuestra, damos lo que ha publicado EL PAÍS, con los informes en contra. Y contamos la coincidencia en los tiempos, igual que ha hecho EL PAÍS y la Cadena Ser”, sigue. “Obviamente no les gusta. No nos piden una rectificación factual”, añaden. “Dicen que nuestra formulación es sectaria”, discrepa. Y remata: “Hemos recogido su versión en el programa de hoy. Si no se dan por satisfechos con esto, no sé ya qué mas hacer. No somos sectarios. Y lo que Garzón comente, es de Garzón. Y su versión se ha recogido en pantalla hoy, también con Garzón. Buscan amedrentar”.