La “competencia sana” del Colegio de Abogados de Madrid: recorta a la mitad las tarifas que cobran los campus privados

La irrupción del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en el mercado universitario madrileño, a partir de septiembre, con unas tarifas hasta cinco veces por debajo de otras matrículas, va sin duda a trastocar todos los planes de las universidades privadas de la región. Su intención es ofertar, como centro adscrito a la Universidad Complutense (CUICAM), 150 plazas del grado de Derecho que esperan llenar ―la mitad semipresenciales―, con un precio entre los 3.500 y los 5.000 euros por curso. Y cobrar entre 4.000 (los híbridos) y 5.800 euros por sus tres másteres: Acceso a las profesiones de la abogacía y la procura, Derecho de la construcción y Reestructuraciones e insolvencias. Según su previsión, comenzarán con 210 matrículas de posgrado, sin cubrir todas las plazas, pero llegarán a los 500 inscritos en cuatro años. Y, sumados a los de grado, alcanzarán los 1.100 estudiantes.

Este martes, en un encuentro de rectores, Ángel Arias, responsable de la Universidad Carlos III, anunció que recurrirá en los tribunales el centro adscrito de la ICAM. En su opinión, se trata de “una puerta falsa para formalizar universidades en ámbitos que no lo son”. “Es un error dar ese paso”, porque hay que ser “prudentes” y “coherentes” en una “cuestión compleja” en un momento en el que Madrid va a llegar a las 14 universidades (IE University Madrid se vota este jueves). A su lado le escuchaba atónito Joaquín Goyache, rector de la Complutense.

El director del CUICAM, Ricardo Alonso, que hasta hace unos meses era el decano de Derecho de la UCM, no disimuló en una entrevista cual es su propósito. “Nuestra competencia sana no son las públicas, sino las universidades privadas, por la naturaleza del proyecto: el ICAM es una corporación de derecho público y el centro estará gestionado con autonomía por el colegio, con control in vigilando de la UCM”, afirmó este octubre en la revista Iberian Lawyer.

“Se ha estimado un precio inferior al que establecen las universidades privadas, dada la función social que se cumple en este centro”, se detalla en el informe de viabilidad. Las privadas ya informan de los precios del curso que viene e irán desde los 6.750 euros del Cardenal Cisneros, a los 15.105 de la prestigiosa ICADE. Pero la media es de unos 10.000 euros el curso. En el caso de IE University, la tarifa sube hasta los 25.000 euros, pero su estudiantado es muy internacional.

El máster que habilita para ejercer de abogado o procurador cuesta 1.526 euros en las universidades públicas madrileñas. En una privada, la horquilla va de los 7.000 a los 20.800 por el año y medio de posgrado (seis meses de prácticas), frente a los 5.800 euros en el ICAM.

“Se están estudiando nuevas titulaciones propias orientadas a dar respuesta a las necesidades emergentes del sector jurídico”, reconoce a este diario el ICAM. Si finalmente se aprueba la ley de educación superior que prepara el Gobierno de Ayuso (Lesuc), el ICAM podrá ofertar hasta 10 grados y 10 másteres. Ahora no hay límite. Pero el cambio en sus estatutos, forzado por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, le permite solo impartir carreras de ciencias sociales y jurídicas.

Nunca antes un colegio profesional había fundado en España un centro universitario adscrito a un campus. Y podría abrir la puerta a que otros colegios cambiasen sus estatutos para explorar esa vía de negocio. Esta idea se planteó con inquietud en un consejo de gobierno de la Complutense: ¿Y si los dentistas quieren abrir su centro? ¿Y los farmacéuticos?

Hasta 17 de las 19 universidades en Madrid y siete centros adscritos ofertan ya el grado de Derecho. En las públicas el precio es asequible (1.015 euros), pero la oferta no es suficiente para cubrir la demanda ―en las cinco universidades la nota de acceso supera el 8 sobre 14―, pero debido a su infrafinanciación, afirman los rectores, tienen grandes problemas para abrir más grupos.

El ICAM cuenta con dos bazas a su favor. Un catálogo de prácticas muy extenso y la posibilidad de estudiar dentro del propio colegio. Y tiene en contra una plantilla sin mucha experiencia (la mitad habrá leído la tesis y un tercio estará acreditado) ni demasiado tiempo para investigar, a no ser que crezca, según el informe de calidad de la Fundación Madri+d.

La Complutense es la universidad madrileña que más solicitudes recibe para cursar el grado de Derecho. En el curso 2023/ 2024 ofertaron 659 plazas y 807 aspirantes marcaron su casilla como primera opción de carrera y 621 como segunda, según la memoria justificativa de la creación del centro adscrito. De manera que decenas de aspirantes se quedaron fuera, y muchos de esos jóvenes no pueden hacer frente ni a los 5.000 euros del ICAM, ni otros centros más caros.

La Complutense ha pasado de ofertar, en 2019, 590 plazas del grado de Derecho en seis centros adscritos a 240 en tres, a medida que estos se han ido independizando. CUNEF, de la Asociación Española de Banca, y Villanueva, de la órbita del Opus, se han convertido en universidades privadas, mientras que María Cristina, en El Escorial, ha pasado a manos del CEU San Pablo, de la Asociación Católica de Propagandistas.

Estas desascripciones han contribuido a la ruina de la universidad, infrafinanciada por el Gobierno regional. Porque ingresa de cada matrícula de los centros adscritos los precios públicos (la cuantía que pagan los alumnos de la pública de su bolsillo). En el primer año, la previsión es que el ICAM haga una “contribución” a la UCM de 408.000 euros y 940.000 a los cuatro años, según el estudio de viabilidad.