Ayuso incluye concesiones a los rectores y rebaja un poco las multas a estudiantes en su futura ley universitaria, para apaciguar la crisis

Las universidades públicas madrileñas no estarán obligadas a lograr el 30% de sus fondos por sus medios y desaparecen las multas a los estudiantes por decoro institucional (hasta 15.000 euros) y impedimento del trabajo de la prensa (hasta 100.000) en el último borrador de la ley de educación superior (Lesuc), a la que ha accedido EL PAÍS. Con las concesiones ―hay más― el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso trata de taponar una crisis encubierta, apaciguando a los alumnos y los rectores, que desde 2024 critican el proyecto por invadir su autonomía. Pero mientras el presupuesto no suba ― se necesitan 310 millones de euros más en su partida para llegar a los niveles de 2009 (cuando Madrid era más pobre), una vez descontada la inflación― parece imposible contentarles a todos.

Ayuso convocó a su última reunión con los rectores, hace 15 días (antes de la huelga), a su número dos, Miguel Ángel García Martín, y a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez (MAR). Una muestra de la pérdida de poder del consejero de Educación, Emilio Viciana, administrador civil del Estado, que no tiene experiencia política ni educativa. Al frente las fuentes consultada ven a la diputada Mercedes Zarzalejo, premiada con el cargo de viceconsejera de Universidades este octubre, tras la comisión del ‘caso Begoña Gómez’.

La crisis no se acerca a la sanitaria de 2022, que sacó a cientos de miles de madrileños a las calles, pero no para de crecer y hay preocupación. Por eso la viceconsejera se reunió con los decanos de la Complutense después de su manifiesto; el primer día de huelga vendieron a los medios una “ayuda directa a las universidades” ―que en realidad era un pago pendiente de 22 millones― para diluir el impacto del enorme seguimiento, y el presidente de Nuevas Generaciones en Madrid, Ignacio Dancausa, intentó disuadir a los estudiantes del paro académico (recogido en la ley). Además, en la segunda jornada, Ayuso y su equipo expresaron en las redes su orgullo por haberse formado en la universidad públicas.

Viciana tiene prisa en ponerse la medalla de la ley, pero los rectores, ninguna. Y el escenario no es el más idóneo. La relación entre Viciana y Rocío Albert, la consejera de Hacienda, cuentan tres fuentes, se empañó porque él ordenó investigar la legalidad de unas obras en un centro de FP. Los hechos habían ocurrido en 2021, cuando ella era viceconsejera de Educación.

Hay conversaciones con los rectores tras un tirón de orejas en junio de Ayuso a Viciana por no reunirse. Pero en octubre se conocieron los Presupuestos de 2026 y el reparto muy desigual de los nuevos fondos para financiación básica (75 millones) ha abierto una grieta entre los rectores, que siguen trabajando juntos. Resulta difícil hacer un frente común cuando las diferencias en la subida de la financiación básica son abismales: la Politécnica de Madrid va a recibir un 2,94 % más; la Complutense, 4,27%; la Autónoma, 5,78%; Alcalá, 10,9%; la Rey Juan Carlos, 12,51%; y la Carlos III, 15,32%.

“El incremento se ha repartido con criterios objetivos ajustados a las necesidades, tamaño y gasto de cada uno de estos centros de educación superior. Todos ellos van a recibir más recursos que en 2025″, explica la consejería a EL PAÍS. Falta conocer el presupuesto por objetivos y el de necesidades especiales, pero Albert no afloja. El PP no ha anunciado ninguna autoenmienda para subir la partida, como hicieron en 2024.

Dos días después de los Presupuestos, Viciana quitó del orden del día de una comisión del Consejo de Universidades un punto para informar sobre la Lesuc ―un estadio anterior a aprobarse la norma―, porque los rectores se plantaron y anunciaron que no irían. Y pocos días después, recibieron un nuevo borrador, pero los rectores optaron por seguir en la batalla.

Tras analizar ese documento, los rectores mandaron una carta con diez líneas rojas y han conseguido algunas cosas en el borrador del 28 de noviembre. Viciana aspiraba a que las universidades lograsen por sus medios el 30% de la financiación y no va a ser así. En su defensa, los rectores argumentaban que Andalucía tiene ese modelo, pero con 500 millones más de presupuesto y allí la comunidad cubre el 100% de las nóminas (en Madrid en torno al 80%).

También se van a quedar supuestamente fuera del distrito compartido de prácticas las plazas de carreras sanitarias, o que no se instaurará una Oficina de Control Económico y Presupuestario dependiente del Consejo Social, que a su juicio “genera duplicidades”. Además, ya no será una obligación crear doctorados con los centros de enseñanzas artísticas, sino que se “incentivarán”. Y sus investigadores no tendrán que desvincularse dos años de la universidad madrileña para presentarse a la plaza de contratado doctor.

Los centros adscritos en Madrid (de facto una nueva universidad) no podrán ofertar más de 10 grados y másteres, lo que limita algo su crecimiento desbocado. Y las extranjeras o de otras provincias tendrán que demostrar solvencia financiera.

El régimen sancionador también pierde una mínima fuerza, aunque alcanzan los 300.000 euros si se “atenta contra la libertad de expresión”. Desaparece la pena para la falta de “decoro institucional” (hasta 15.000 euros) y el castigo por impedir trabajar a los medios de comunicación (100.000 euros). Y los consejos sociales no velarán por el sistema de quejas, que en opinión de los rectores era “un mecanismo de control político o ideológico”.

Pero sigue habiendo líneas rojas. Como el Consejo de Enseñanzas Superiores, en opinión de los rectores “inoperante”, en el que están también las privadas, FP superior y enseñanzas artísticas, otorgando a la universidad el mismo rango. No comparten tener que reconocer hasta 60 créditos (equivalente a un curso de carrera) de títulos de FP Superior y enseñanzas artísticas y deportivas. Este es un negocio perfecto para las universidades privadas con FP, porque en cinco años los matriculados salen con dos diplomas, en vez de en seis.

El gran perdedor con todos estos cambios en el proyecto es Antonio Castillo Algarra, el excéntrico dramaturgo que actúa como gurú de Ayuso y Viciana, que ha ninguneado a los técnicos. Aunque no asiste a ninguna reunión, es el autor en la sombra de la Lesuc. La oposición se ha hartado de preguntar quién ha redactado la norma y basándonos en qué diagnóstico. No han tenido respuesta.

Sin el papel de Castilla Algarra no se entiende la gran importancia que se da a las enseñanzas artísticas ―convirtiendo el borrador en un totum revolutum―, un durísimo e inédito régimen sancionador a los estudiantes ―ya hay una ley de ámbito nacional― o la enorme carga ideológica del texto, inundado de referencias a la libertad de cátedra o expresión. Castillo Algarra no oculta su hostilidad por los universitarios: “Para decir toda la verdad, hay que añadir que las supuestas organizaciones estudiantiles tampoco sirven para nada que no sea hacer daño y destruir lo poco que queda de la universidad”.