El Colegio de Abogados de Madrid impartirá titulaciones con la Complutense pese a serias objeciones de instituciones del Gobierno de Ayuso

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) va a impartir un grado y tres másteres como centro adscrito a la Universidad Complutense (UCM), que expedirá sus títulos, gracias a la bendición de su rector, Joaquín Goyache, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, ha ido encontrando serias objeciones de instituciones dependientes de la Comunidad de Madrid. La Fundación Madri+d, que analiza la calidad del sistema universitario regional, emitió un informe desfavorable, que no está fechado, al estimar que CUICAM (ICAM Centro Universitario) iba “en contra de sus propios estatutos” y apreciaba “un conflicto de intereses con las otras universidades”. Luego, Abogacía General forzó al colegio a cambiar sus estatutos y, por último, la Consejería de Educación planteó dudas de su viabilidad económica a los cuatro años. EL PAÍS ha accedido a los informes.

El consejero de Educación, Emilio Viciana, tendrá que dar explicaciones en la Asamblea sobre el centro del ICAM este jueves, a petición del grupo socialista. “[El centro] sería una prueba más de que [Isabel Díaz] Ayuso está haciendo de esta comunidad su casino particular”, dijo en rueda de prensa su portavoz, Mar Espinar. “Y donde siempre gana el mejor postor, que resulta que suele estar en el entorno de nuestra presidenta”.

Espinar incluye en la ecuación a Ayuso porque el ICAM se personó en marzo de 2024 como acusación popular en la causa contra ex el fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, en defensa de Alberto González Amador, su pareja. Y su Gobierno autorizó la adscripción del centro en pleno juicio, el 11 de noviembre. El colegio se indignó con la noticia avanzada por la Cadena Ser: “El ICAM rechaza tajantemente cualquier insinuación de trato de favor o de ‘pago de servicios’ en relación con la autorización de ICAM Centro Universitario”.

El cronograma de la creación del centro es paralelo a la historia de encuentros y desencuentros de Ayuso y el rector. En octubre de 2022, se anunció que el ICAM contaría con el primer centro adscrito de un colegio profesional en España y la maquinaria se puso en marcha. En marzo de 2023, Goyache, por sorpresa, fue reelegido rector con el apoyo del entonces poderoso decano de Derecho, Ricardo Alonso. A esta victoria contribuyó también Ayuso. Tanto, que el presidente de Nuevas Generaciones en Madrid, Ignacio Dancausa, y varios asesores del PP fueron identificados por hacer campaña electoral por Goyache el día de los comicios.

Goyache nombró a tres vicerrectores y la secretaria general de la facultad de Derecho, próximos a Alonso, y el ICAM siguió trabajando en el proyecto en terreno conocido. Cuando el rector negó en 2024 trato de favor a Begoña Gómez, la mujer del presidente y codirectora de una cátedra extraordinaria en la UCM, su relación con Ayuso se rompió. Y ahora, coincidiendo con que el rectorado se ha personado en el juicio contra Gómez y el Gobierno regional le ha concedido un crédito, las tiranteces han menguado. El centro se ha aprobado y Alonso ha pasado de decano de una facultad pública al director del centro privado, con una parada entre medias como director de la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM.

Aunque el consejero Viciana ha defendido públicamente el proyecto, los técnicos hacen su trabajo paralelo. Un informe de la Abogacía General, a petición de su consejería tras el primer análisis de Madri+d, concluyó en mayo de 2024: “Un colegio profesional puede ser titular de un centro adscrito (...) siempre que sus estatutos contemplen expresamente la actividad docente”. Nueve meses después, el cambio era un hecho. Abogacía forzó a este cambio solo para la impartición del grado. Según su interpretación, el colegio estaba ya habilitando para formar en posgrados.

En febrero de 2025, la consejería planteó que, si los gastos del centro se iban a cubrir con los ingresos a los cuatro años, no cuadraba que fuese a haber beneficios: “No se cuantifican las inversiones a realizar, ni su financiación. Tampoco se prevé el importe de la amortización de dicha inversión en cada ejercicio, que, por otra parte, incrementarían los gastos”. El ICAM contesta otra cosa cuando este diario le pregunta al departamento de prensa por cambios en el plan financiero: “Se trata de un modelo económicamente viable, que garantizará la rentabilidad del centro universitario, en el marco de una gestión eficiente y responsable”. En el primer año la previsión es de hacer una “contribución” a la UCM de 408.000 euros y 940.000 a los cuatro años.

Madri+d volvió a emitir otro informe este septiembre favorable al proyecto por el cambio en los estatutos, aunque los técnicos insistieron en el “conflicto de intereses con las otras universidades”. La fundación no ha colgado en su web el análisis, como hace siempre. Los informes de infraestructuras y digitalización, por su parte, no aprecian fallos.

Profesores con muchas horas de clase

Los técnicos de Madri+d han hecho cálculos: “Si un profesor impartiera unas 250 horas anuales, se requerirían 46 profesores, nueve más de los previstos. Si bien, se cumplen los requisitos legales referentes al profesorado, deberá ser mediante una menor dedicación media a la investigación”. Preguntado si contratará a más profesorado, vista la crítica a la faceta investigadora, el ICAM contesta a este medio sin aclarar nada: “La plantilla estará integrada por profesorado de la más alta excelencia, conforme a los estándares objetivos de calidad”.

“No sé cómo va a ser un centro de excelencia cuando el personal de las universidades públicas no puede ir a dar clase a un centro adscrito. Y desde luego un centro que no investigue no puede ser un centro universitario”, plantea Julio González, catedrático de Derecho administrativo de la UCM. Y añade el ex secretario general de la Complutense (2003-2011): “No es normal, ni creo que sea razonable, que un colegio profesional se dedique a la docencia. No es su función institucional. Y como colegiado, que no ejerciente, me molesta que haga una actividad que no es la propia. Una cosa es dar formación a abogados, y otra formación general”.