La justicia tumba los argumentos del Gobierno de Ayuso para no entregar las actas de inspección de las residencias en lo peor de la pandemia

No hay excusa ninguna para que la Comunidad de Madrid incumpla una resolución de 2022 del extinto Consejo de Transparencia que le reclamaba entregar a un exdiputado del PSOE sin identificar las actas de las inspecciones realizadas por la Policía Municipal en las residencias de la región durante lo peor de la pandemia. Así se explicita en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al que acudió el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en 2023 para impedir que salieran a la luz los relatos de primera mano de unos días trágicos en los que miles de residentes murieron sin recibir atención hospitalaria. Antes de que la justicia obligara a Madrid con esta sentencia a entregar las actas firmadas entre el 1 de marzo y el 1 de agosto de 2020, y le impusiera el pago de las costas, la Cadena Ser y Más Madrid las hicieron públicas en 2024, tras haberlas obtenido a través de sus fuentes. Pese a haber intentado impedir la publicación de los documentos en los tribunales, el gobierno asegura que lleva permitiendo el acceso desde hace tiempo, aunque el litigo ahora resuelto haya continuado en los tribunales.

Los agentes de la Policía Municipal de Madrid, según adelantó en 2024 la cadena Ser, redactaron más de 200 informes sobre la situación de las residencias de la capital en los primeros meses de la pandemia. Las actas que recogen aquel drama reflejan que no se recogían los cadáveres por falta de medios y el agotamiento físico y emocional de los trabajadores ante la “falta de apoyo institucional” de la Comunidad de Madrid.

Una tragedia que sigue en el primer plano político y que los tribunales aún intentan esclarecer: decenas de juzgados investigan lo ocurrido. Ocho han imputado este año a ex responsables de la gestión de la crisis: el exdirector general de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, firmante de los protocolos de triaje que decidieron qué enfermos eran o no derivados a los hospitales; el geriatra que heredó ese cargo y que ayudó a Mur a redactar esos documentos, Javier Martínez Peromingo; Pablo Busca, el exgerente de las ambulancias del Summa 112; y Antonio Burgueño, exasesor de Ayuso.

“Nos acaba de llegar la sentencia y los servicios jurídicos la están estudiando”, dice un portavoz gubernamental. “La Comunidad de Madrid ha permitido consultar las actas a todo aquel que lo ha solicitado a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) una vez estuvieron anonimizadas protegiendo los datos personales que contenían”.

Una vez conocido el contenido de los documentos, la sentencia tiene una importancia capital para poner coto a los vetos del gobierno autonómico en la aplicación de la ley de transparencia y para explicar los cambios que ha hecho el Ejecutivo regional en su aplicación desde que Díaz Ayuso logró mayoría absoluta en 2023.

Así, la sala octava de la sección de lo contencioso-administrativo del TSJM rechaza de plano que la Administración, en este caso, se pueda escudar para no dar respuesta en que la documentación sea muy voluminosa, en la obligación de anonimizarla para que no se conozca la identidad de los trabajadores y residentes, o en la necesidad de reelaborar los datos. Lo mismo consideró también el Consejo de Transparencia y Participación regional, que estimó la reclamación de este ciudadano al que la consejería de Interior le había denegado en primera instancia el acceso a la información. En ese momento, la Comunidad tuvo dos opciones: o rectificar y proporcionar la información, o defender su postura ante los tribunales. Eligió lo segundo. Y perdió.

“Fallamos desestimar el recurso interpuesto por la representación de la Comunidad de Madrid”, se lee en la sentencia, a la que accedió EL PAÍS. “Todo ello con imposición de costas a la actora”.

En todo caso, la decisión del Consejo favorable al reclamante que dio lugar al proceso judicial, como otras anteriores en contra de los intereses del Gobierno de Díaz Ayuso, está previsiblemente en el origen de que el Ejecutivo autonómico decidiera cambiarlo para atarlo en corto.

Así, en Madrid se ha pasado de un Consejo de Transparencia plenamente independiente y adscrito a la Asamblea de Madrid (donde todos los partidos negociaban el nombre de sus tres integrantes), a otro vinculado al Ejecutivo (que nombra a su presidente y único miembro).

Los efectos de ese cambio son medibles estadísticamente. En enero de 2025, el nuevo Consejo de Transparencia y Protección de Datos arrancó con la herencia de dos reclamaciones sin resolver desde 2022, 153 desde 2023 y 180 registradas entre enero y mayo de 2024. Todos los cabos que había dejado sin atar el organismo predecesor, cuyos miembros siempre penaron por la falta de medios, retrataron el monumental atasco al que se enfrentan los ciudadanos de Madrid cuando están en desacuerdo con las respuestas que les da la Administración a sus peticiones de información amparadas por la ley, y acuden a esta institución para que decida quién tiene razón.

El PSOE llevó hasta el Tribunal Constitucional la ley que permitió al Gobierno regional “amordazar” la transparencia en la región, además de controlar también la Cámara de Cuentas, o Telemadrid, sin que el Alto Tribunal se haya pronunciado todavía al respecto.