El Gobierno de Ayuso se reafirma: no aprobará la ley de igualdad, por lo que Madrid seguirá siendo la única región sin la norma

Ocurre el viernes en la Asamblea de Madrid. Patricia Reyes, directora general de la Mujer en el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso (PP), es clarísima. “Me pregunta si el gobierno tiene previsto tramitar una ley de igualdad esta legislatura. Le diré que no”, dice en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Isabel Sofía Cadórniga. Es la constatación de una excepción. La Comunidad de Madrid es la única región sin ley de igualdad. Junto a Murcia, es la única autonomía que no elabora informes de impacto de género de su ley de Presupuestos, que es la que decide cómo se emplea el dinero, qué políticas se priorizan, y cuáles se dejan en segundo plano. Más único aún: Madrid hizo esos análisis hasta que Ayuso se consolidó en el poder. Y además es la única región sin una norma de rango legal que obligue a evaluar el impacto de género de todas las leyes y normas que tramita (obligación que sí explicita en un decreto). Una ristra de excepciones que aparece recogida en el informe con el que el Tribunal de Cuentas fiscalizó a finales de octubre el empleo de la perspectiva de género en la elaboración de los presupuestos autonómicos.

“Durante el curso de esta fiscalización la Comunidad de Madrid ha indicado a este Tribunal que no elabora un informe de impacto de género como consecuencia de que el artículo 49 de su ley de hacienda no incluye tal informe entre la documentación que ha de acompañar al proyecto de ley de presupuestos que es remitido a la Asamblea de Madrid”, se lee en el balance del órgano fiscalizador. “La comunidad señala que, aunque no se elabore expresamente el citado informe, las Instrucciones de la Dirección General de Presupuestos para la elaboración de los estados de gastos establecen que los indicadores serán desglosados en virtud del género (...)”, se añade. Y se remata: “Se recomienda a los órganos con competencias legislativas del Principado de Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Región de Murcia que incluyan en sus respectivas leyes de hacienda la obligación de acompañar sus proyectos de ley de presupuestos del correspondiente informe de impacto de género, lo que contribuiría a reforzar sus respectivos marcos legales en esta materia (...)”.

El informe del Tribunal de Cuentas recuerda que entre 2018 y 2022, un periodo que se corresponde con los gobiernos de Ángel Garrido (2018-2019) y la propia Ayuso (entre 2019 y 2021 junto a Ciudadanos; en solitario desde entonces) sí se elaboraron estos informes “como resultado de diversas iniciativas parlamentarias”. Y se añade: “Dicha práctica presupuestaria fue posteriormente interrumpida, por lo que la comunidad no ha elaborado un informe de impacto de género de los presupuestos de 2025, aunque sí ha efectuado un desglose de sus indicadores en virtud del género en aquellos casos en que el tipo de indicador lo permitía”.

Nada resume mejor los vaivenes del Ejecutivo de Ayuso en la materia. Reyes, que el viernes compareció como directora de la Mujer en la Asamblea, fue antes directora general de Igualdad. El cambio de denominación, anunciado por la propia presidenta durante el debate del estado de la región de 2024, no tuvo nada de inocente: fue un argumento más en la guerra cultural contra consensos sociales impulsados por la izquierda que protagoniza la baronesa para activar a su electorado y contener a Vox. Aquel día, por ejemplo, Ayuso anunció la creación de un centro de atención a hombres víctimas de violencia sexual y acusó a Más Madrid de crear “un ‘business” con el feminismo.

Para llegar a ese punto, Ayuso había transitado ya un camino de polémicas: en pleno 8M, por ejemplo, se había preguntado por cuándo se iba a celebrar el día del hombre. Y mucho antes había abortado dos intentos opuestos de que Madrid tuviera ley de igualdad de género, y abandonara el solitario lugar que ocupa como única región sin esta norma.

En 2021, Hana Jalloul, entonces portavoz del PSOE en la Asamblea, se lo propuso durante una entrevista cara a cara. “Pensamos sinceramente que con un plan, con estrategias como las que ya existen, a lo mejor esa ley no es necesaria”, la contestó el entonces portavoz gubernamental, Enrique Ossorio, que hoy es presidente de la Asamblea regional.

Ese mismo año, Vox lo intentó con una propuesta diametralmente opuesta: su texto ni siquiera incluía la palabra “mujer”. Pero el PP impidió que se admitiera a trámite. Lo mismo ocurrió con el intento de Más Madrid, entonces capitaneado por Mónica García, hoy ministra de Sanidad.

Desde entonces, la izquierda viene insistiendo en la necesidad de la regulación. Pero el gobierno no cede. Lo dijo el viernes Reyes: no habrá ley de igualdad esta legislatura.