Vecinos de Villa de Vallecas contra el fondo Azora: la jueza decreta que seis de las siete cláusulas de los contratos son abusivas

El objetivo era sentar jurisprudencia, para que otros puedan seguir el camino que ahora han logrado transitar con éxito los vecinos de la calle de Martín Muñoz de las Posadas 7, en Villa de Vallecas. Y lo han logrado. 28 afectados por las cláusulas abusivas de los contratos de alquiler que firmaron en distintos momentos con la empresa Néstar, que gestiona el patrimonio del fondo buitre Azora, demandaron a su casero en septiembre de 2024 con la ayuda del Sindicato de Inquilinas de Madrid y este 23 de junio han recibido la sentencia de los juzgados que les da la razón. Seis de las siete cláusulas reclamadas han sido declaradas como nulas, por lo que Néstar tendrá que retirarlas de los contratos y devolver más de 20.000 euros a los vecinos, aunque la empresa señala que va a recurrir. La sentencia es, además, pionera, porque según el Sindicato de Inquilinas abre la puerta a que bloques enteros de viviendas demanden a su casero.

La historia comienza con inquilinos que de nada se conocían, pero que en su búsqueda de vivienda más o menos digna terminaron firmando en distintos momentos contratos con Néstar. Una vez se convirtieron todos en vecinos del mismo edificio vallecano comenzaron a darse cuenta de que la realidad no era la que ellos habían imaginado: contratos que los obligaban a abonar seguros de impago, penalizaciones muy altas por demoras en caso de desalojo, o el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y los gastos de comunidad. La factura a final de mes podía pasar de 700 u 800 euros a más de 1.000.

“En febrero de 2023 llamó a mi puerta una vecina acompañada por un miembro del Sindicato de Inquilinas para decirme que se iban a organizar contra los fondos buitres, para que se respetaran nuestros derechos”, cuenta Sara Torrijos, una de las vecinas demandantes. “Creo que no estábamos pidiendo nada del otro mundo”, aclara. Cuando el sindicato tocó a su puerta, Sara ya llevaba cinco años viviendo en la calle de Martín Muñoz de las Posadas 7, los tres primeros con un contrato y luego con otro, que es el que tiene vigente. “Antes vivía con mi hijo y marido, que tiene una enfermedad pulmonar, en un bajo que tenía mucha humedad, así que necesitábamos irnos ya. Pensé que en esta octava planta se solucionarían nuestros problemas”, relata ella. Al principio pagaban 685 euros y ahora el precio mensual de su vivienda ronda los 1.200.

Un portavoz de Néstar señala a este diario su inconformidad con la sentencia, y argumenta que todas las cláusulas estaban “especificadas con claridad en los contratos y eran de pleno conocimiento de los inquilinos antes de la firma de los mismos”.

“Muchos de los inquilinos vienen pensando que estarán poco tiempo, que ya se comprarán una vivienda, pero como la situación empeora cada año es más difícil salir”, explica Blanca Martínez, portavoz del Sindicato de Inquilinas. Estos vecinos de Villa de Vallecas han sido los primeros en llegar tan lejos contra Azora de la mano del sindicato, pero no serán los únicos porque otros cinco bloques ya han presentado demandas por cláusulas similares y 10 están en proceso de organizarse. El objetivo es eliminar todo indicio de abuso en los contratos de las 42 promociones que tiene ese fondo buitre en la Comunidad de Madrid, la mayoría ubicados en distritos y municipios de la periferia, como Carabanchel y Villaverde o Parla, Móstoles y Pinto. Y si es posible, cargar luego contra otros fondos como Blackstone, o los que gestionan viviendas sociales en la región.

El abogado que ha llevado el caso, Víctor Palomo, confirma que esta sentencia es pionera porque nunca antes los vecinos unidos a un sindicato habían logrado que les dieran la razón en los juzgados contra un fondo inmobiliario. “Era importante que en la primera nos dieran la razón. Esta sentencia inaugura una nueva estrategia procesal para que podamos juzgar a las inmobiliarias que abusan de los inquilinos”, destaca. Sin embargo, Néstar asegura “que las cláusulas se ajustan a la normativa y legislación aplicable, por lo que será recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid” y advierte de que esta sentencia “no sienta jurisprudencia, por lo que no es extensible a otros casos que pudieran ser similares”.

El abogado explica que la sentencia deja de manera “clara y rotunda” que el seguro de impago que se reclama en los contratos no es una fianza, sino una imposición que solo beneficia a Néstar. Es por ello que la empresa deberá pagar las cuantías abonadas por los inquilinos por este concepto en 2021 y 2022, que son los años de los contratos que se pudieron llevar a juicio, que dan un monto de más de 20.000 euros entre todos los afectados. Palomo señala hasta qué punto Néstar ha llevado sus abusos, que a día de hoy, con la sentencia en la mano, sigue reclamando a los vecinos el seguro de impago que no han pagado últimamente. “Nos enteramos en el proceso que al abogado de Néstar le han pagado con el dinero de los propios seguros”, agrega.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la jueza ha anulado otras cláusulas como la de penalización por demora en el desalojo al triple de la renta diaria por día de retraso, la de renuncia a derechos en caso de la interrupción de suministro por causa ajena al arrendador, la de examen a la vivienda, la de resolución por incumplimientos no esenciales y la no devolución de cantidad, y la que afirmaba que las cláusulas fueron negociadas individualmente.

Tanto a Palomo como a los vecinos les ha quedado la espinita de la séptima cláusula, que no ha sido reconocida como abusiva, y es la del pago del IBI y la comunidad. Mientras Néstar se lo toma como una victoria, el letrado del sindicato subraya que es “difícil” explicarle a la jueza por qué pagar estas cuotas también es abusivo, pero que recurrirán ese punto de la sentencia y se concentrarán en detallar por qué lo es. “Estamos construyendo el derecho a la vivienda y lo estamos haciendo en los juzgados”, dice, esperanzado.