28 vecinos, contra el fondo Azora en el juzgado por las cláusulas abusivas en una promoción de Villa de Vallecas

A media mañana de este miércoles, los vecinos vestidos de naranja se han reunido frente a los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid. Es el uniforme que los asociados al Sindicato de Inquilinas utilizan para hacerse visibles. Y no solo lo han hecho con el color, sino también con sus reivindicaciones amplificadas por un altavoz. Este miércoles era un día que tenían marcado en el calendario desde hace mucho. “Estamos sentando en el banquillo a uno de los fondos más grandes de España y venimos a decirle que no van a poder con nosotros. Lo siento, pero lo tenéis perdido”, ha afirmado Sara Torrijos, una de las demandantes. El fondo al que se enfrentan es Azora, el tercero con más vivienda en España, y lo han demandado por lo que consideran cláusulas abusivas que han elevado notablemente sus alquileres.

El caso se refiere a la finca de la calle de Martín Muñoz de las Posadas, en Villa de Vallecas, una urbanización en la que hay 220 apartamentos. Hasta 28 de sus inquilinos se han ido encontrando con subidas del alquiler inesperadas. ¿El motivo? Unas cláusulas del contrato de arrendamiento que, según la demanda que presentaron en septiembre de 2024, son abusivas y que incluyen, por ejemplo, el pago del IBI, los gastos de comunidad, y también un seguro de impago que puede llegar a ser de 500 euros anuales, como mínimo. La empresa que gestiona el patrimonio de Azora es Nestar y sus representantes son los que están presentes en esta causa judicial.

Este es un seguro que pagan los inquilinos, pero que suscribe el fondo propietario con una empresa externa. El abogado del Sindicato de Inquilinas, que es el que ha llevado adelante este proceso judicial, asegura que de esos pagos está saliendo, por ejemplo, la defensa de la empresa en esta causa. “Es obsceno”, ha asegurado el letrado Víctor Palomo en la sala del juzgado número 4 de primera instancia.

Los contratos suscritos incluyen también una serie de bonificaciones para los alquilados que finalizan a los tres años, cuando el contrato se alarga durante siete. Pasado este plazo, es cuando los arrendadores encuentran la subida de su cuota, algo que, para el Sindicato de Inquilinas, es contrario a la ley. Los demandantes alegan falta de transparencia en la firma y piden que se anule el efecto de este incremento. El abogado de la empresa ha defendido en el juicio que las condiciones estaban claras en los contratos y que todo lo que contienen se ajusta a la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Todas estas condiciones han hecho que los vecinos pasen de pagar 700 a más de mil euros, en algunos casos. Por ejemplo, es el caso de Francia Elena Rebolledo, una empleada de limpieza de una residencia de ancianos de 51 años. “Solo con eso, te puedes imaginar cómo es mi sueldo. La situación cada vez está peor, llamas y nadie te dice nada y mientras se te va el sueldo en el alquiler”, se lamenta a las puertas del juzgado. Además, muchos se ven “atrapados” en esas viviendas, porque los documentos que firmaron también incluyen una penalización por marcharse antes de los siete años acordados.

Muchos de los inquilinos han dejado de pagar el alquiler desde que comenzó el proceso judicial porque ponen en entredicho la legalidad de sus contratos, como explica Palomo, el letrado del Sindicato de Inquilinas. Esto ha provocado que algunos de ellos estén comenzando a recibir amenazas de desahucio y requerimientos por parte del fondo propietario.

Una sentencia de hace solo una semana de un juzgado de Badalona (Barcelona) da esperanza a los demandantes. En ella, una jueza ha anulado seis de las cláusulas impuestas por Azora que reclaman los inquilinos de Villa de Vallecas, entre ellas, la más controvertida, la del seguro de impago. Hace dos años, una vecina de Granollers también ganó a Azora una demanda relativa al aumento tras el fin de la bonificación que ahora han denunciado los vecinos de Villa de Vallecas. “Ninguna es sentencia firme y ambas están recurridas. Tampoco sientan jurisprudencia ni pueden hacerse extensivas a otros casos”, expresa Nestar a este periódico.

“Yo venía de una vivienda que compró otro fondo buitre, Fidere, y en el que pasé de pagar 500 a 800 euros. Me metí en este piso porque no tenía muchas más opciones y ahora me encuentro con una subida parecida. Te hacen mandar 37 papeles distintos para firmar el contrato. Incluso con un buen trabajo te ves en dificultades. Mi suegra me dice que nos ayuda con el alquiler, pero, ¿por qué tengo que recibir ayuda si tengo trabajo?”, se cuestiona Verónica Arias, administrativa de 33 años. “Esto es un proceso duro y en el que temes represalias. Pero no lo hacemos solo por nosotros, sino porque la situación tiene que cambiar”.