El constructor del ‘caso FP’ que salpica al Gobierno de Ayuso dice que Madrid le pagó decenas de obras con contratos fraccionados

El empresario Gabriel Navarro ha asegurado este miércoles que la Comunidad de Madrid le pagó decenas de obras en centros educativos a través del fraccionamiento irregular de contratos que se investiga en el caso FP. Así se lo explican a EL PAÍS fuentes jurídicas conocedoras de su declaración como investigado en el juzgado número 39 de plaza de Castilla, que intenta esclarecer la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa.

Tanto la Fiscalía como la Intervención autonómica coinciden en que en 2021, 2022 y 2023 se fraccionaron ficticiamente contratos y facturas para así otorgar a dedo ―a través de contratos menores― obras que deberían haber salido a concurso público ―lo que permite la competencia entre empresas, como manda la legislación―. Un sistema empleado con más compañías que la de Navarro (Virelec), y en más casos que la docena investigados, según su declaración de este miércoles.

“Navarro ha indicado que ha contratado con multitud de centros, ha relatado con soltura más de 20 en los últimos 15 años”, relata una fuente judicial conocedora del caso, en el que están personados el sindicato CC OO, el PSOE, Podemos, Más Madrid. “Y ha dicho que todos los centros operaban de forma exactamente igual”.

“Todo lo marcaban ellos [en referencia a la Administración]”, resume otra fuente jurídica la declaración del empresario investigado, que ha admitido tener contacto directo con los directores de los centros que se iban a reformar, y también que presentaba tres presupuestos para cada factura, lo que hacía a través de diferentes empresas suyas.

La jueza que intenta dilucidar si se ha cometido un delito de prevaricación administrativa llamó en marzo a declarar como investigados a dos directores de centros de FP y a un exalto cargo regional, el subdirector general de FP, Alfonso Mateos, que coincidieron en señalar la responsabilidad de la cadena de mando de la consejería en la realización de las obras.

De hecho, la instrucción judicial se centra en esclarecer si los directivos de los centros actuaron por iniciativa propia (lo que ellos niegan), o siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación (como se desprende de los informes de Inspección, y de la Intervención). Este miércoles, Navarro ha asegurado que los directores de los centros le contrataron directamente, gracias al boca oreja, y que el exsubdirector general de FP investigado no intervino en eso, pese a que se conocían de su etapa como estudiante.

No obstante, el constructor sí ha querido precisar que otros cargos de la Consejería de Educación, como dos directores de área territorial (DAT), conocían cómo se operaba, según su versión.

Uno sería Coral Báez, la directora de la DAT Madrid capital, que ordenó parar las obras en un momento dado, según consta en las declaraciones del caso. El otro, siempre según Navarro, sería Jorge Elías de la Peña y Montes de Oca, actual director general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, que antes dirigió la DAT Este, y habría desbloqueado una situación de impagos en el pasado.

“Siempre ejecuté todas las obras así, una decena, doce o quince, todas las empresas hemos trabajado de la misma manera”, ha dicho Navarro. El caso arrancó, precisamente, cuando Navarro denunció ante la Comunidad de Madrid impagos millonarios en una de las obras que había realizado, lo que llevó a la administración a trasladar el asunto a la Fiscalía.

En medio, Navarro se reunió con dos asesores de Ayuso, como avanzó este diario. Este miércoles, según una fuente jurídica, le han preguntado durante su declaración si uno de ellos fue el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez. El interpelado, sin embargo, no ha sido taxativo en su respuesta. El alto cargo, contactado por este diario, niega cualquier cita con el investigado.

Durante su investigación, desarrollada a lo largo de 2024, la Fiscalía ya vio “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento” aplicada por el Gobierno regional para reformar centros educativos en 2021, 2022 y 2023: obras de gran envergadura se pagaron a través de contratos menores ―que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA― y otorgados a dedo ―principalmente al grupo Virelec de Navarro― cuando deberían haber salido a concurso público para que compitieran distintas empresas.

La jueza, por su parte, ya advirtió en noviembre de “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]”.

Finalmente, las auditorías enviadas al juzgado por la propia administración, a petición de la Fiscalía, coinciden en señalar la responsabilidad de la Consejería de Educación. En la época investigada, Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea, era el consejero al mando de esta área, y Rocío Albert, la actual titular de Economía, Hacienda y Empleo, ejercía de viceconsejera.

“Se han detectado gastos tramitados como contratos menores que superan la cuantía del contrato menor”, se lee en las auditorías de la propia Comunidad de Madrid. “Asimismo, se ha observado fraccionamiento del objeto del contrato (...) a fin de no superar los límites establecidos para el contrato menor (...) y eludir el procedimiento de contratación con licitación aplicable”, se añade. “Teniendo en cuenta el objeto e importe de dichos gastos hubiera procedido la tramitación de expediente de contratación por órgano competente de la consejería”, se explicita.

Aunque el caso se centra por ahora a las obras de una docena de centros, fuentes conocedoras de las reformas acometidas en los últimos años en centros educativos aseguran que la práctica del fraccionamiento de contratos se usó en muchos más y desde hace mucho tiempo.

Próximamente, ya en julio, declarará como testigo José María Rodríguez, que fuera director general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial hasta el verano de 2023. La jueza, además, ha pedido que se averigüe el patrimonio de los investigados. Y así, poco a poco, se cimienta la causa que salpica al Gobierno de Ayuso.